Por Eduardo Solari. El diputado provincial radical sostiene que “el peronismo pretende instalar la impunida a Entre Ríos”.
Como ya lo hemos señalado en innumerables oportunidades, y lo seguiremos haciendo, el peronismo pretende instalar la impunidad en Entre Ríos ante notorios hechos de corrupción ocurridos en la provincia en los últimos años.
El mentor de Bordet, el exgobernador Urribarri, es embajador y todavía sin fecha de inicio de juicio de ninguno de sus procesos abiertos por delitos contra el Estado. Una vergüenza internacional.
La audiencia para decidir si se acepta o no el juicio abreviado pactado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del ladrón confeso José Allende fue suspendida y tampoco tiene fecha de concreción.
La comedia dramática de los contratos truchos -que involucra miles de millones de pesos en la Legislatura en el período 2008-2018- sigue en la nebulosa, y los principales responsables (entre ellos el ex vicegobernador y actual intendente de Paraná, Adán Bahl) ni siquiera han sido convocados una sola vez por el Ministerio Público Fiscal a dar alguna explicación.
Las maniobras para dilatar esta causa entre el Poder Ejecutivo y el Procurador General, Jorge García, son evidentes en los pasillos de Tribunales.
La injusticia e impunidad solo generan el descrédito de nuestra democracia y sus instituciones, y esto no lo vamos a permitir.
Entre Ríos necesita inversiones, empleos genuinos y crecimiento, y para ello es elemental la seguridad jurídica y terminar con la corrupción que solo alientan el atraso y la pobreza.
En este sentido, estoy insistiendo a la mayoría que representa al PJ en la Cámara, para que se traten dos proyectos de leyes de mi autoría: el de Ética Pública, presentado en febrero, para que todos los interesados tengan acceso a la información acerca del patrimonio de los funcionarios públicos cuando llegan al gobierno y durante su desempeño, entre otras cuestiones; y la reforma del Código Procesal Penal, que presenté hace un par de meses, para eliminar la posibilidad que los procesos por corrupción puedan “arreglarse” en juicio abreviado.
Estoy seguro que ambas leyes traerán transparencia y adecuado acceso a la información pública a la provincia, derechos que los entrerrianos se merecen.
