La Ley de Víctimas consiguió un amplio respaldo en el Senado

Los senadores de la provincia de Buenos Aires aprobaron, por unanimidad de los presentes, el proyecto “consensuado” de ley de víctimas de delitos penales.

Tal como se ha venido informando, luego de varios desencuentros, los senadores bonaerenses lograron aprobar un texto en común, y girar a la Cámara de Diputados para proseguir con el trámite legislativo, de la denominada Ley de víctimas bonaerense.

Así, la tan demorada reforma de los procedimientos penales para atender fehacientemente los derechos de las víctimas en la provincia dio el “primer paso firme” en alto Cuerpo legislativo, porque deberá ser abordada por los diputados, pero el acuerdo alcanzado vaticina destino de Ley.

La provincia, efectivamente, tiene cierto retraso respecto de las modificaciones operadas en la legislación nacional relacionada con los derechos de las víctimas en los procesos penales.

En ese sentido, desde hace tiempo existen proyectos que intentan legislar para así aggiornar las normativas provinciales, y así lo recordaron los senadores en el debate parlamentario.

“Después de escuchar a más de 30 agrupaciones de víctimas y sus familiares, especialistas, jueces y académicos, logramos consenso y grandes avances en el proyecto de Ley de Víctimas para nuestra provincia de Buenos Aires”, dijo el presidente de la Comisión de Legislación General, el senador del FdT Francisco Durañona.

Leandro Blanco, vicepresidente de la comisión de Legislación General remarcó que “este es un paso más en favor de la ampliación de los derechos, es una ley trascendente que garantizará que todas las voces de las víctimas sean oídas y tenidas en cuenta en el proceso penal” y dijo “esta es una ley que nos debíamos como sociedad; las víctimas no pueden seguir esperando, es momento que puedan alzar su voz”.

La normativa, que se aprobó por unanimidad de los presentes, entre sus objetivos cuenta con establecer y promover políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento integral y efectivo.

La iniciativa, entre otras cuestiones incluye no sólo la asistencia jurídica a las víctimas, sino tal como establece la Ley Nacional, busca garantizar todos los derechos de las víctimas en materia jurídica, económica y de acompañamiento.

Además, se destacó que se agregó el patrocinio jurídico gratuito para todas las víctimas que, por circunstancias de vulnerabilidad, no puedan afrontar estos gastos.

Otra de las inquietudes planteadas por las asociaciones que nuclean a familiares de víctimas de delitos es “el respeto por la vida privada y la intimidad de las víctimas en la máxima medida compatible con los fines del proceso”.

También, expresa que, durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad.

Asimismo, se incorporó que aquellas víctimas que deseen no ser informadas ni notificadas de tales cuestiones, podrán manifestarlo y este derecho deberá ser respetado.

Por otro lado, tras los aportes de las asociaciones de familiares de víctimas se llegó al consenso sobre la creación de un Observatorio de víctimas para el delito que estará integrado por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones registradas.

Este organismo se encargará de garantizar el monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas a las víctimas, sus familiares y entornos con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

En cuanto a la aplicación de las medidas de protección a las víctimas, se creará el Registro Provincial de Abogados y abogadas de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), organismo que arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios departamentales.

Así, entonces, la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión ante todo lo que estime conveniente ante el juez de Ejecución o juez competente, aun cuando no se haya constituido como particular damnificado.

Además, gozará del derecho a la información desde la denuncia desde el primer momento de su intervención en el proceso, lo que le permitirá conocer sus derechos, tomar decisiones en base a la información aportada y tener una visión global e integral de su participación durante la tramitación del procedimiento.

Por otra parte, el proyecto crea el Observatorio de Víctimas de Delitos, que ya existe a nivel nacional, “dentro del ámbito la legislatura de la provincia de Buenos Aires”.

Se trata de un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de víctimas del delito.

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