En medio de una tensa discusión que había comenzado a raíz de un proyecto del Frente de Todos (FdT), el oficialismo porteño aprobó una tabla en la que expresó su rechazo de la reducción de la coparticipación y convalidó los reclamos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, aunque cuestionó los mecanismos que implementaron para llevarlos a cabo.

Así, tras varias horas de debate, expresaron su “categórico rechazo y profunda preocupación por el decreto 735/2020 del señor presidente de la Nación en tanto implica la decisión unilateral e inconstitucional de la reducción presupuestaria histórica de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de máxima vulnerabilidad sanitaria, social, económica, fiscal y de seguridad a partir de la pandemia”.

“En igual sentido expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos durante la manifestación de la policía bonaerense en las inmediaciones de la Quinta de Olivos, asimismo convoca a las partes involucradas a la pronta resolución de los legítimos reclamos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires”, sostuvieron los legisladores y concluyeron afirmando que “este cuerpo reafirma su compromiso inclaudicable en defensa de la democracia y el respeto de las instituciones”.

Sin embargo, al momento de la votación el FdT decidió abandonar el recinto de sesiones. Es que el debate había comenzado a raíz de un proyecto del diputado Juan Manuel Valdés (FdT) en el que se instaba a la Legislatura a expresar su “profunda preocupación por los hechos ocurridos en las inmediaciones de la Quinta de Olivos donde personal de la policía bonaerense se manifestó exhibiendo sus armas”; un texto con el que el oficialismo porteño no estaba de acuerdo.

Es por ello que Martín Ocampo (UCR-Ev) terminó proponiendo el texto que finalmente se votó, aunque en reiteradas oportunidades el FdT insistió en que se debería tratar la tabla que se había presentado en primera instancia e inclusive Valdés solicitó que se retirara su proyecto. No obstante, el oficialismo continúo adelante con el texto que propuso y el bloque conducido por Claudio Ferreño (FdT) terminó abandonando el recinto.

Cabe destacar que algunas horas antes de que la Casa aprobara esta tabla, el FdT había logrado bloquear el tratamiento de un proyecto de declaración de Vamos Juntos en el que buscaban rechazar la decisión presidencial sobre la coparticipación. No obstante, al final de la jornada, el oficialismo porteño logró su cometido y pudo llevar adelante el repudio que había buscado en primera instancia.

Al respecto de la iniciativa en cuestión, el trotskista Gabriel Solano (PO)  se preguntó: “¿qué sentido tiene venir a pedir un repudio al motín policial de ayer y ahora lo vimos al presidente entregar todos los reclamos?” y advirtió que lo de este miércoles “fue un motín policial y ustedes lo reconocieron, ustedes le entregaron a la policía lo que no le entregan a los docentes… la policía se llevó un 40%, ¿los docentes tienen un aumento de ese tipo? ¿lo tendrán los enfermeros? La respuesta es no”.

“Está claro que cuando otros trabajadores reclaman por sus salarios se los reprime, pero cuando la policía hace un motín los premian con un aumento del 40%”, concluyó Solano mientras que Myriam Bregman (PTS) consideró que se trató de “un chantaje armado por estos policías, rápidamente se les fue concedido”.

En tanto el radical Leandro Halperín (UCR-Ev) advirtió que “es un momento de suma preocupación para toda la sociedad, no es concebible que a tantos años de haber recuperado la democracia no nos hayamos puesto de acuerdo en que formas de seguridad son las que forjamos” y destacó que “a principios de la pandemia advertimos el peligro de empoderar a la Policía bonaerense para controlar a la población, pero en lo que va de la pandemia ya hay 30 personas que no tienen más la vida y es esta misma policía la que no puede garantizar la seguridad de los bonaerenses. Es cierto que son mal pagos y si bien compartimos sus reclamos, esta no era la forma”.

“Estuvimos junto al presidente trabajando en conjunto, lo apoyamos y cuando nos dimos vuelta nos clavaron el puñal. Ganaron los más violentos de la sociedad, los que extorsionan con violencia a la democracia. El presidente de la Nación se equivocó y cedió frente a la presión”, completó.

Por su parte la legisladora de Autodeterminación y Libertad (AyL) Marta Martínez repudió “que los gobiernos sigan destinando los recursos de los ciudadanos para fortalecer las fuerzas de seguridad, fortalecieron el aparato de represión interno” e insistió en que “este es un modelo de país que no da respuesta a las necesidades de la clase trabajadora”.

En ese sentido la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), manifestó que “es legítimo el reclamo salarial de los y las policías bonaerenses, pero no es la manera ni el lugar. Rodear la residencia presidencial con patrulleros y efectivos armados es intimidatorio” y se refirió a la reducción en la coparticipación de la Ciudad: “ha quedado demostrado que el Gobierno nacional tiene muy presente a la Ciudad, la última medida de inversión fuerte que tomó fue el empoderamiento del Ministerio de Educación y está financiando a 6.500 chicos para que puedan continuar sus estudios. Quiero llevar tranquilidad, el Gobierno nacional se va a seguir ocupando del distrito pero hay una banda presidencial que exige solidaridad con los distritos que no tienen las mismas posibilidades”.

A su vez el oficialista Guillermo González Heredia (VJ) indicó que “el presidente decidió sacarnos 1,20% de la coparticipación, esto no es sorpresa para nadie porque estuvo delicadamente planificado; hace algunos meses la escuchamos a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, al respecto de esto y al propio Alberto Fernández sobre lo opulento e “injusto” de la Ciudad”.

“Algunos gobernantes administraron mal los recursos y otros, como los nuestros, pudieron hacerlo bien”, manifestó y consideró que “este modus operandi es claramente kirchnerista, todos sabemos que el kirchnerismo ha dividido todo lo que ha tocado y lo hacen para reinar. Hay que tener mucho cuidado porque la grieta, de una manera inédita, pasó a lo territorial”.

Sobre esa misma línea, el socialista Hernán Reyes (PS) señaló que “desde el bloque Partido Socialista manifestamos nuestra preocupación por lo sucedido en la Quinta de Olivos, es una imagen que no queremos ver en nuestra democracia y no debe ser tolerable” y remarcó que “para resolver ese conflicto, el cual no pudo resolver el gobernador Axel Kicillof, el presidente nos redujo la coparticipación; la intención de recortar esos fondos no es nueva, ya en marzo el presidente lo tenía decidido pero la medida se postergó por la pandemia del coronavirus”.

Además Claudia Neira (FdT) consideró que “hay momentos en el que no son válidos los peros, hubo efectivos policiales que fueron a manifestarse armados frente a la Quinta de Olivos… no lo hicieron en la Casa Rosada, fueron a donde vive el presidente junto a su familia” y advirtió que “el presidente tomó esta decisión como todas las que viene tomando desde el principio de la pandemia: pensando en todos los argentinos”.

“No se le está quitando un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, se está corrigiendo algo que en el momento de la transferencia de la PFA al distrito se había calculado mal”, sentenció la peronista.

Asimismo Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) explicó que “es una decisión unilateral y arbitraria la que ha tomado el Presidente, el diálogo tiene que ser sincero, sin medias tintas ni medias verdades, como el ocultamiento al jefe de Gobierno y a los intendentes de la oposición de la reducción en la coparticipación de CABA hasta último momento” y alertó acerca de que “no  se puede subsanar las impericias de otras gestiones quitando los recursos a los distritos de distinto color político; una vez más se castiga a los porteños”.

En contraposición el radical Juan Francisco Nosiglia (UCR-Ev) destacó que “es mentira que esta decisión del presidente fortalece el federalismo” y recordó que “el principio ordenador del federalismo es la autonomía de las provincias, y esta decisión violenta la autonomía de la Ciudad, fortalece la concentración de poder y la discrecionalidad con que se administran otros programas de transferencias que dispone el Ejecutivo Nacional y que ya vienen beneficiando a la Provincia de Buenos Aires por sobre otras”.

“Si realmente hubiera una decisión de federalizar recursos y de hacer una distribución más equitativa ¿Por qué no se distribuyen esos recursos en las 22 provincias restantes?”, añadió y concluyó: “la Ley de Coparticipación es uno de los pilares del federalismo y uno de los acuerdos más importantes de nuestra democracia. Modificarlo en perjuicio de un distrito, de esta manera, es una decisión inconstitucional, inoportuna en contexto de pandemia, insostenible políticamente, injusta en términos tributarios, e insolidaria con la Ciudad, que recibe mucho menos de lo que aporta al producto nacional”.