Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical se pronunciaron sobre la decisión del Gobierno de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para que la Provincia de Buenos Aires resuelva el conflicto policial.

“Es un precedente gravísimo e inconstitucional de un Gobierno nacional con visión centralista y unitaria”, dijo Gustavo Menna, integrante de la Comisión Bicameral de DNU, quien también afirmó que “el decreto nacional 735 modifica la distribución de la coparticipación, que debe ser fruto de un acuerdo entre las provincias y la Nación, aprobada por Ley Nacional y de cada Legislatura”.

“Es una decisión inconstitucional que además expone a las provincias a perder sus recursos por decreto. Evidencia una visión centralista. Si el punto adicional de CABA fuese incorrecto, esos recursos son de todas las provincias. ¿Por qué se le dan solo a PBA?”, dijo.

Por su parte, Facundo Suárez Lastra aseguró que “van por Larreta y se tiran un tiro en los pies que impacta a los más pobres del conurbano. Le sacan $35.000 millones. Los 33 hospitales de CABA cuestan $75.000 millones. El 50% de los pacientes son pobres del conurbano. En mitad de la pandemia le sacan lo que CABA gasta en atenderlos”.

Luis Petri, mientras tanto, se refirió a los dichos del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que Buenos Aires “es una provincia rica, con un Gobierno pobre”. Al respecto, Petri resaltó: “A confesión de parte…ya lo creo, pobre en ideas, en planificación, en programas, en diálogo”.

A su turno, Miguel Bazze sostuvo: “El presidente actuó de la peor manera, desfinanciando a CABA. La provincia sufre las consecuencias de las pésimas administraciones peronistas. La coparticipación se resuelve reduciendo la masa de recursos que retiene la Nación en lugar de enfrentar a las provincias entre sí”.

En tanto, Soledad Carrizo afirmó: “Hoy vemos desvanecerse las promesas y los principios de nuestra Constitución, dando la espalda al federalismo como base y fundamento de la unidad nacional. La ausencia de una ley de coparticipación con criterios de distribución para el desarrollo equilibrado de todas las provincias, solo alimenta la concentración de poder. Hay discrecionalidad del Ejecutivo, que con intenciones políticas lo que le quita a CABA se lo da GBA. Una vez más el interior del país queda postergado. 26 años de deuda Constitucional, casi 20 de ellos, dominados por mismo frente político, decantan en la arbitrariedad con que el Presidente reasigna los fondos de las provincias. La deuda a las fuerzas de seguridad no se paga con nuevas deudas para nuestro país”.

“Hablan de diálogo mientras le sacan de manera unilateral 1 punto de coparticipación a una jurisdicción autónoma, para dársela a otra. Esto profundiza el grado de conflicto. Mala decisión que demuestra la falta de capacidad de gestión de quien debería resolver el problema”, dijo por su parte Jorge Vara.