El tratado internacional cuenta con media sanción del Senado, pero no avanzó todavía en Diputados, donde las comisiones estaban desactivadas por el vencimiento del protocolo de trabajo remoto.
Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron formalmente a las autoridades de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano que propicien el “pronto tratamiento en una reunión conjunta” de los proyectos de ratificación del Acuerdo de Escazú.
Fue a través de dos notas elevadas a los presidentes de ambas comisiones, Eduardo Valdés y Leonardo Grosso, respectivamente, que llevaron las firmas de los diputados Brenda Austin, Maximiliano Ferraro, Federico Zamarbide, Mario Arce, Mariana Zuvic, Karina Banfi, Lucila Lehmann, Diego Mestre y Camila Crescimbeni.
El Acuerdo de Escazú es un tratado vinculante adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre. Allí se jerarquiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en los países de América Latina y el Caribe. Su vigencia depende de que al menos 11 países lo ratifiquen y, al momento, sólo hay 9 ratificaciones. Fue aprobado por unanimidad el 13 de agosto por el Senado, y para que la Argentina se convierta en el décimo país, ahora el proyecto debe ser aprobado en Diputados.
“Dada la reciente aprobación por parte del Senado y la convergencia de diversos proyectos en el mismo sentido, solicitamos tenga a bien arbitrar los medios necesarios para propiciar su pronto tratamiento en reunión conjunta. Todo ello a los fines de otorgar celeridad a la ratificación por parte de la Argentina de este trascendental tratado ambiental y de derechos humanos”, señalaron los legisladores en sendas notas.
Este tratado, el primero a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales, resulta especialmente relevante para la región puesto que busca garantizar los derechos de acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.
“Es absolutamente importante que nuestro país ratifique el Acuerdo de Escazú porque viene a poner sobre la mesa herramientas concretas para garantizar la protección del ambiente, y está a un paso de conseguir las ratificaciones necesarias para entrar en vigor. La premisa de este tratado es poner el foco en los sectores más vulnerables, su ratificación va a brindarle a nuestro país un mayor marco protectorio y garantizará efectivamente el acceso a la Justicia en materia ambiental”, expresó la radical Brenda Austin.
El Acuerdo de Escazú establece que su instrumentación persigue “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
