Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron formalmente a las autoridades de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano que propicien el “pronto tratamiento en una reunión conjunta” de los proyectos de ratificación del Acuerdo de Escazú.

Fue a través de dos notas elevadas a los presidentes de ambas comisiones, Eduardo Valdés y Leonardo Grosso, respectivamente, que llevaron las firmas de los diputados Brenda Austin, Maximiliano Ferraro, Federico Zamarbide, Mario Arce, Mariana Zuvic, Karina Banfi, Lucila Lehmann, Diego Mestre y Camila Crescimbeni.

El Acuerdo de Escazú es un tratado vinculante adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre. Allí se jerarquiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en los países de América Latina y el Caribe. Su vigencia depende de que al menos 11 países lo ratifiquen y, al momento, sólo hay 9 ratificaciones. Fue aprobado por unanimidad el 13 de agosto por el Senado, y para que la Argentina se convierta en el décimo país, ahora el proyecto debe ser aprobado en Diputados.

“Dada la reciente aprobación por parte del Senado y la convergencia de diversos proyectos en el mismo sentido, solicitamos tenga a bien arbitrar los medios necesarios para propiciar su pronto tratamiento en reunión conjunta. Todo ello a los fines de otorgar celeridad a la ratificación por parte de la Argentina de este trascendental tratado ambiental y de derechos humanos”, señalaron los legisladores en sendas notas.

Este tratado, el primero a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales, resulta especialmente relevante para la región puesto que busca garantizar los derechos de acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.

“Es absolutamente importante que nuestro país ratifique el Acuerdo de Escazú porque viene a poner sobre la mesa herramientas concretas para garantizar la protección del ambiente, y está a un paso de conseguir las ratificaciones necesarias para entrar en vigor. La premisa de este tratado es poner el foco en los sectores más vulnerables, su ratificación va a brindarle a nuestro país un mayor marco protectorio y garantizará efectivamente el acceso a la Justicia en materia ambiental”, expresó la radical Brenda Austin.

El Acuerdo de Escazú establece que su instrumentación persigue “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.