Se trata de una iniciativa de Laura Aprile que prevé garantizar que se comunique de manera clara y efectiva, con un vocabulario corriente.
El Senado bonaerense sancionó una ley que busca garantizar el derecho a la compresión en la información pública. Se trata de una iniciativa que pretende promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales.
El proyecto de ley presentado por la diputada Laura Aprile apunta a mejorar la comunicación entre el Estado y la ciudadanía.
“Garantizar la comprensión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, es uno de los deberes centrales que tiene el Estado. Para esto, este debe comunicar sus decisiones de forma clara y efectiva. Utilizar vocabulario corriente, con expresiones sencillas y párrafos breves; evitando tecnicismos innecesarios, evitar palabras en latín y frases excesivamente formales como: “Autos y vistos”, explicó la diputada de Tres Arroyos.
El movimiento del Lenguaje Claro se inicia en los años 60 en Suecia, para luego en las décadas siguientes, tomar un impulso definitivo. Después, se extendió su uso a otras regiones del mundo y empezó a ser reconocido fuertemente como una necesidad.
En Argentina, el movimiento está sumando adhesiones. La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el Poder Legislativo de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) han comenzado a revisar sus propias prácticas de lenguaje complejo y a desarrollar iniciativas para facilitar la información. En la Provincia de Buenos Aires se está trabajando en la misma línea, en el área de Legal y Técnica del Ejecutivo, así como en la Secretaría Legislativa de esta Cámara. Hay experiencias de adhesión en varias provincias, a lo largo del país. Se ha creado así una Red de Lenguaje Claro local. “Los organismos y funcionarios públicos tenemos la obligación de hacernos entender, mientras que los ciudadanos tienen el derecho de poder comprender para desenvolverse cotidianamente, sin confusiones ni incertidumbres, y sin necesidad de intermediarios que deban “traducir” o interpretar. También el uso de lenguaje claro promueve el derecho al acceso a la información pública, genera confianza en las instituciones públicas, así como previsibilidad y seguridad con responsabilidad.
