Por Ximena García. Un análisis de la decisión del presidente Alberto Fernández de quitar un punto de participación a la Ciudad de Buenos Aires para asistir financieramente a la provincia de Buenos Aires.
En estos días, asistimos a una nueva degradación de nuestra calidad institucional, como ya nos tiene acostumbrados el gobierno de Alberto Fernández, quien durante sus escasos meses de mandato ha hecho uso y abuso de herramientas constitucionales de excepción, en pos de sus intereses político partidarios, y en detrimento de nuestro Estado de Derecho. El art. 99 de la CN determina que el PE no posee facultades legislativas, a menos que existan circunstancias excepcionales que así lo ameriten por su necesidad y urgencia. Bajo este pretexto, siempre al filo de la legalidad, hasta el momento se han dictado 60 DNU sobre las más diversas materias, demostrando que este gobierno nacional no confía en las instituciones legislativas, fuentes de debates y consensos.
Su última decisión consiste en transferir aprox. $40.000 millones, que hoy integran la coparticipación correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires a fin de atender a los reclamos salariales de las fuerzas de seguridad. Dicha norma avasalla nuestros principios constitucionales ya que, sin consenso alguno, y fortaleciendo al hiperpresidencialismo por sobre los principios republicanos y federales, se ha realizado una modificación arbitraria, aprovechando la desregulación existente sobre la coparticipación de la CABA, dado que el régimen vigente, es anterior a su reconocimiento.
Los problemas de la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicilof, obligan al resto de los argentinos a hacer grandes esfuerzos, ya que sus intereses priman por sobre los de las demás provincias que también se encuentran golpeadas por esta crisis sin precedentes. No estamos en contra del reclamo en particular que se busca atender, solo creemos que este privilegio fundado en el “amiguismo”, y en los intereses electoralistas, golpea con fuerza al Estado constitucional, dañando, aún más, a nuestro maltrecho sistema de coparticipación federal vigente desde 1988.
Entonces, si en verdad correspondiera redistribuir esos fondos, ¿por qué solo se beneficia a la provincia de Buenos Aires, en lugar de que lleguen proporcionalmente a todas las provincias? Según los datos del Informe de Estadísticas Criminales de la República Argentina de 2019, Santa Fe tiene la Tasa de Homicidios más alta de Argentina, siendo de 9.7 cada 100.000 habitantes, frente a los 5.29 de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué el Estado Nacional no apoya la seguridad de los santafesinos?
Cabe destacar que resulta malintencionado amparar la modificación en la manda constitucional que establece que debía reemplazarse el actual régimen de coparticipación por una Ley Convenio, ya que la misma se encuentra incumplida desde el año 1996. Si bien sus criterios debían fundarse en la solidaridad, y en la búsqueda del desarrollo equitativo de las regiones, también debían tener un fuerte basamento en datos objetivos, como las competencias y funciones que cada nivel de gobierno asume. Esta premisa, ha sido sistemáticamente incumplida, ya que el Estado Nacional ha transferido funciones primordiales a las provincias, como la coordinación de los sistemas de salud y educación, sin sus correspondientes partidas presupuestarias.
Por su parte, la CSJN en 2015, resolvió la inconstitucionalidad del art. 76 de la Ley 26.078, prohibiendo al Estado Nacional la reducción de fondos coparticipables a las provincias, ya que entendió que “por tratarse de una modificación unilateral del derecho intrafederal”, llevada a cabo sin el correspondiente acuerdo de las provincias, implicaría una falta inaceptable de diálogo institucional. Con estos mismos argumentos, y en uso de sus atribuciones establecidas en el art. 116 de la CN, el máximo tribunal debería declarar la nulidad de la norma que nos ocupa.
La solución no radica en parches autoritarios y por Decreto que alientan el odio y la separación, sino en el compromiso de fortalecer a nuestro federalismo a través de la tan necesaria Ley Convenio de Coparticipación, la cual redundará en importantes beneficios para todo el territorio nacional, aportando reglas claras, celeridad en la distribución, y terminando con el manoseo institucional que genera el sometimiento de los gobiernos provinciales a cambio de los fondos necesarios para solventar las necesidades básicas de sus provincias.
Por esto reclamamos MENOS atropellos institucionales, y MÁS federalismo.
* Ximena García es diputada nacional de la UCR de la provincia de Santa Fe
