Masin promueve crear un instituto de lenguas y culturas indígenas

La iniciativa de la diputada chaqueña busca fijar una prioridad y una reparación desde el Estado nacional.

La diputada nacional por la provincia del Chaco Lucila Masin presentó un proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de las Lenguas y las Culturas Indígenas Argentinas (INLCIA).

La iniciativa busca fijar una prioridad y una reparación desde el Estado nacional. Y tanto el articulado como su puesta en práctica resultan de consensos con las comunidades indígenas en respuesta a demandas específicas de docentes interculturales bilingües.

El Instituto dependerá del Ministerio de Educación de la nación y se abocará a “revitalizar, preservar y fortalecer lenguas y culturas de los pueblos preexistentes”. Para que en escuelas y ámbitos de formación se aliente la práctica en comunidades hablantes, un derecho que garantizan la Constitución Nacional, convenios internacionales y el capítulo XI de la ley de Educación Nacional (26.206).

“En provincias como Chaco y Corrientes se evidencia la relevancia del tema en decisiones de política lingüística fundamentales”, remarca Masin.

Desde 2004 en Corrientes el guaraní es el idioma oficial alternativo. Mucho antes, en 1987 Chaco aprobaba su ley de Comunidades Indígenas (562-W, antes 3.258) que entre otros aspectos reconocía a las culturas y lenguas toba, wichí y mocoví́ como valores constitutivos de la identidad provincial. La normativa estableció el derecho de esas comunidades a estudiar su propia lengua en la escuela primaria y secundaria. Hasta que en 2010 se declaró al qom, moqoit y wichí lenguas oficiales por Ley 6.604.

La legisladora nacional del Frente de Todos agregó: “Sostenemos que hoy más que nunca, este tipo de políticas está acorde con los objetivos del gobierno nacional y del INAI, que en un contexto de pandemia dio muestras de preocupación y presencia junto a las comunidades indígenas”. Masin se refiere a un relevamiento integral que se organizó durante la emergencia para asegurar el acceso a derechos y a apoyos económicos como el ingreso familiar de emergencia (IFE).

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