En el marco de un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, se debatió este miércoles sobre el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica. Al cabo de la reunión, se emitió dictamen de manera unánime.

Al inicio del encuentro, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, señaló que “es un orgullo, porque la Argentina al aprobar este dictamen está recogiendo la bandera levantada hoy por miles de jóvenes que a lo largo y a lo ancho del país han recogido una demanda histórica de nuestras comunidades y grupos sociales vinculados al trabajo del suelo. Reclaman mayores niveles de compromiso de los gobiernos con la transparencia y la información ambiental y más y mejores mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones con impacto sobre nuestras tierras.

“El Acuerdo de Escazú es un alarma y una advertencia al abuso humano y una invitación  a dialogar con responsabilidad y solidaridad sobre el futuro del planeta”, enfatizó Valdés.

A su turno, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, alertó que la pandemia de coronavirus que estamos sufriendo “es producto de un virus de origen zoonótico, y estos virus son el resultado de la depredación que venimos haciendo nosotros, nosotras, la humanidad, de nuestro planeta. Entonces me parece que es un buen momento para analizar en qué contexto estamos llevando adelante el tramo final del Acuerdo de Escazú”.

“Me parece que tenemos que pensar la nueva normalidad con una perspectiva ambiental”, agregó el legislador.

Cabe destacar, que es el primer acuerdo regional que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y tiene como principales pilares al acceso a la información pública, participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección de defensores ambientales

A su turno, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que con el ingreso al Acuerdo de Escazú Argentina da “un paso estratégico”, por cuanto “a partir de que nuestro país ingrese al Acuerdo de Escazú, se va a producir una cascada de ingresos de otros países de América Latina, en algunos de los cuales hoy existen situaciones críticas, respecto inclusive del debate del acuerdo. Por eso Argentina tiene un rol fundamental y tenemos la idea de que este acuerdo va a ayudarnos mucho en mejor todo lo que tiene que ver con los derechos de la población  y los temas ambientales”.

Nicole Becker, cofundadora Jóvenes por el Clima, fue la otra invitada a la reunión, que ponderó el Acuerdo de Escazú, que “surge de una necesidad y es una deuda que todos los gobiernos tienen con la juventud y todos los sectores históricamente más vulnerados”.

Empero, aclaró que “un papel no va a cambiar la realidad. El Acuerdo de Escazú no será “una solución mágica”, reconoció, pero “sí creo que si nos lo apropiamos y lo usamos como una herramienta para exigir por nuestros derechos puede ser un gran paso para crear un paradigma de democracia ambiental más inclusivo y más justo”.

La diputada de la UCR Brenda Austin, autora de un proyecto y vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano,  afirmó que “el Acuerdo de Escazú brinda herramientas concretas para garantizar la protección del Ambiente, como son el acceso a la información pública, a la justicia y la participación  ciudadana. Argentina fue protagonista en las negociaciones para su creación y ahora está a un paso de conseguir la ratificación. Por eso, solicitamos que la Cámara de Diputados lo trate cuanto antes. Escazú significa un gran avance en nuestra región, generando un marco eficaz para la defensa del ambiente”.

La diputada Karina Banfi señaló que “es el primer tratado regional vinculante, que solo no va a salvar al planeta sino que todos generaremos consenso para salvarlo, no podemos  hacer una defensa ambientalista naif, no va a ser suficiente con el tratado sino ampliar con otras normativas, para que el Estado entienda que tiene que hacer partícipes a los ciudadanos: Hablar de derecho ambiental es hablar de Derechos Humanos”.

El Acuerdo de Escazú obtuvo texto definitivo el 4 de marzo de 2018. Ha sido suscripto por 17 Estados, incluyendo nuestro país. Debe contar con el número de ratificaciones exigidas para entrar en vigencia y espera que los Países Firmantes avancen en ello. El proyecto de ley se enmarca en este sentido. Al aprobarlo, Argentina sería el décimo en ratificar y con 11 países entraría en vigencia.

En el plano nacional, se prevé que toda persona tendrá acceso adecuado a la información sobre medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluido lo que atiende a materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, y la oportunidad de participar en la adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

El acuerdo se aprobó por unanimidad en el Senado de la Nación, el pasado 14 de agosto. De convertirse en ley, Argentina sería la décima nación de las once necesarias en ratificarlo. De esta manera, sólo restaría un país para que entre en vigencia. Hasta ahora, los nueve países que adhirieron son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.