Con fuertes críticas de la oposición, el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia comenzó a ser debatido este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará firmar dictamen la semana próxima.

A lo largo de casi cuatro horas, Juntos por el Cambio -y con mayor énfasis, el radicalismo- criticó la iniciativa del Poder Ejecutivo, al sostener que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto” que, a juicio de los diputados de esa bancada, es inconstitucional y no servirá para reactivar la economía, sino para aumentar la presión tributaria.

A pesar de los cuestionamientos, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que el Frente de Todos buscará firmar dictamen el próximo lunes, en una nueva reunión convocada para las 16.30, a la que se citará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

“Estamos hablando de un aporte extraordinario en una situación extraordinaria. Estamos hablando de solidaridad frente a los sectores más afectados. Hemos buscado la mejor ecuación, que afecte a la menos cantidad de personas humanas posible, permitiendo la mayor cantidad de ingresos probables”, explicó Carlos Heller, presidente de la comisión.

Y agregó: “Sabíamos desde el principio que iban a estar los temas jurídicos. No hay ninguna ley que afecte intereses que no haya generado amparos o demandas. Habrá que ver si el Poder Judicial estará dispuesto a decir que no es constitucional una ley que tiene más del 70% de apoyo de la opinión pública, que afecta al 0,02% de las personas y que beneficia a muchos millones de personas”.

Debate picante

En el debate sobresalieron las críticas de Juntos por el Cambio, como así también el silencio de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo: ningún diputado de las bancadas presididas por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón hizo uso de la palabra.

“Anticipo nuestro rechazo a la creación de este impuesto, y uso la palabra ‘impuesto’ porque contiene todos los elementos que lo configuran: es una ley; es de carácter coactivo; está expresado en dinero; ayuda a solventar el gasto público; y no tiene una correlación directa con un beneficio para el contribuyente”, arrancó el radical Luis Pastori.

Además, Pastori aclaró que “los impuestos pueden ser ordinarios o extraordinarios, por un tiempo limitado, como en este caso, que es por única vez”, y remarcó que “al ser un impuesto” y no un aporte, “le caben todas las garantías constitucionales”.

El misionero sostuvo que el proyecto “lesiona” distintos principios, entre ellos el de legalidad, con el riesgo de caer en “una doble imposición, que pude devenir en confiscatoria cuando sustrae una parte importante de la renta”.

También advirtió que se “viola” el principio de igualdad, porque aquellas personas con bienes declarados en el exterior deberán pagar una alícuota un 50% más alta, más allá de que -a partir de un cambio introducido por el oficialismo-, quedarán exceptuadas de ese diferencial si aceptan repatriar el 30% de esos bienes.

“Este impuesto atenta contra el crecimiento económico, contra la inversión y el ahorro, empeora las expectativas empresariales y es un factor de beligerancia social”, resumió Pastori, y pronosticó que la ley tiene “serias posibilidades de ser declarada inconstitucional”, tras lo cual pidió “dar una batalla seria” contra la evasión en lugar de avanzar con un nuevo impuesto.

Otro radical, Ricardo Buryaile, pidió “poner sobre la mesa la oportunidad, la necesidad y la conveniencia de este impuesto”, y por otro lado apuntó que “lo que estamos viendo en Argentina es un enorme esfuerzo del sector privado, que la está pasando muy mal”.

Buryaile aclaró que en Europa solo “España, Dinamarca y Suiza” cobran un impuesto similar, pero el resto de los países desistieron, más allá de propuestas de “partidos minoritarios”.

Asimismo, el diputado recordó los impuestos que se crearon en nuestro país por única vez y siguieron vigentes hasta hoy, como el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios -más conocido como impuesto al Cheque- en 2001, y la suba del IVA.

El formoseño además alertó: “Estamos asemejando un tractor a una Ferrari. Estamos asemejando un campo a un piso en Puerto Madero. Estamos gravando activos productivos, cuando lo que tenemos que gravar son las exteriorizaciones de riqueza”.

Otro de los discursos más fuertes fue el de Javier Campos (Coalición Cívica), quien expresó: “Para un rico no solidario, que no quiere aportar, esto evidentemente sería malo, pero la pregunta es si esto que es malo para los ricos, es bueno para los pobres. Yo les digo con una mano en el corazón, y sin ponerme colorado, que esto es malo para los más necesitados”.

Respecto de las medidas de asistencia por la pandemia, el diputado se diferenció: “Yo no veo ningún esfuerzo del Estado: lo único que está haciendo es apretar un botón e imprimir dinero. Para mi, el esfuerzo es la gente que está manteniendo a sus empleados y sigue pagando impuestos con las puertas cerradas”.

Campos reveló que según encuestas -de las que no dio detalles-, “el 50% de la gente no apoya este impuesto”, aunque Heller lo interrumpió para responderle que otros sondeos hablan de una aprobación del 70%.

Por el Pro el único en hablar fue David Schlereth, quien advirtió que “pareciera que estamos hablando de megamillonarios, y no es así. Estamos hablando de gente que trabajó muchos años, que pudo crecer, que apostó al país, a sus empleados, a la inversión local, y le fue bien. Y tenemos que seguir trabajando para que le vaya mejor. Gente que hoy está utilizando sus ahorros para sostener el trabajo de sus empleados, y que de pagar este tributo, los pondría en serio riesgo”.

Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto observó: “A nadie le va a interesar aportar más recursos al Estado, pero tampoco le preguntan a un trabajador o a un jubilado cuando tiene que pagar el IVA, o le descuentan el impuesto a las Ganancias. Tenemos un esquema donde la carga cae sobre el consumo y no sobre los patrimonios, y eso lo tenemos que cambiar”.

Casaretto subrayó que quienes pagarán el aporte “son los que están en la pirámide de la sociedad”. “Es de estricta justicia este aporte solidario y obligatorio por única vez. Es legal, es constitucional, no hay doble imposición, no va a llevar a ninguna empresa a la quiebra ni atenta contra la inversión. No sé si es un buen o mal momento, pero es necesario”, enfatizó.

A su vez, Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó que “con esta contribución estamos fortaleciendo las respuestas del Estado ante la emergencia y la posterior reconstrucción de la economía”.

“El 80% de la riqueza declarada por el universo de contribuyentes abarcados por el aporte extraordinario está en el exterior. Significa que los 12.000 más ricos de Argentina mantienen el 80% de la fortuna que declaran fuera del país”, informó la titular de la Comisión de Finanzas, y reforzó: “Nadie de esas 12.000 personas va a ver afectado su standard de vida”.

También intervino Itai Hagman, quien confesó estar “sorprendido” porque creía que “este proyecto, que es de sentido común, iba a contar con el acompañamiento de la gran mayoría de esta Cámara”.

Hagman aclaró que “este aporte es sobre la riqueza personal” y que no quedarán alcanzados “los activos productivos o los pequeños productores, como se dijo en varios ejemplos”. “Si esto fuera así, esta contribución alcanzaría a 500.000 o un millón de personas”, retrucó.

“Me llama la atención que se critique este impuesto pero no se presente ninguna propuesta alternativa de cómo hacemos para recaudar. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para seguir asistiendo a la población? ¿De la clase media? ¿De los trabajadores? ¿De los sectores populares? Es obvio que lo tenemos que hacer sobre los sectores de mayor riqueza acumulada”, analizó el economista.

Nicolás Del Caño (PTS) cuestionó que “este debate llega casi seis meses después de las medidas de aislamiento, que agravaron la crisis económica que dejó el gobierno de Macri, y quienes más soportan esta carga son los trabajadores”.

“Este proyecto llega tarde y además es muy pobre. Plantea recaudar 3.000 millones de dólares con un impuesto que afecta solo el patrimonio y deja afuera las ganancias de los bancos, de las grandes empresas, de los grandes terratenientes”, planteó, y agregó que “el monto de lo recaudado es inferior a lo que se pagó este año en concepto de deuda a los acreedores extranjeros y a los organismos de crédito internacional como el FMI”.

Su colega Romina Del Plá (Partido Obrero) defendió el proyecto del Frente de Izquierda, que también plantea un aporte extraordinario por única vez, pero gravando las ganancias extraordinarias de empresas y bancos, propiedades terratenientes de más de 5.000 hectáreas y viviendas ociosas de más de 30 millones de pesos, con una recaudación estimada de “entre 15.000 y 20.000 millones de dólares”.