Por unanimidad, el oficialismo aprobó la iniciativa que es objetada por Juntos por el Cambio por la forma en que se votó en la Cámara de Diputados. Establece un nuevo mecanismo para medir los montos, a través de “Unidades Pesca”, que equivalen a un litro de gasoil.
El Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para aumentar las penas a la pesca ilegal. La iniciativa cosechó 41 votos a favor y ninguno en contra, en un debate breve que estuvo marcado por la ausencia del grueso de la oposición.
Desde Juntos por el Cambio cuestionan la validez del proyecto por la forma en que se votó en la Cámara de Diputados, donde el mismo espacio objetó la manera en que se renovó el protocolo para llevar adelante esa sesión del pasado 2 de septiembre.
Sobre ese tema, el puntano Adolfo Rodríguez Saá recordó que en el tratamiento en comisiones “los miembros de Juntos por el Cambio plantearon que este proyecto fue tratado en Diputados en aquella reunión que ellos califican de escandalosa” y “como estaba judicializado no lo podíamos tratar”. “Nada más alejado de la realidad”, remarcó.
El oficialista explicó que “el principio básico del derecho administrativo es la presunción de legitimidad de los actos administrativos”, los cuales “se presumen legítimos hasta que haya una sentencia que diga que no es legítima o un acto de la misma administración que los revoque”. “Entonces, los actos de la Cámara de Diputados se presumen legítimos”, agregó y criticó la actitud de Juntos por el Cambio “poco republicana y poco democrática; ellos deben participar, dar sus opiniones y actuar con lealtad”.
Sobre la iniciativa, el titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que la ley “tiene que ver con la soberanía, con la defensa de la producción, con la enorme trascendencia que tiene la pesca en el sistema productivo de la Argentina”.
También, precisó que la pesca ilegal tiene “una significación” de pérdida de “entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales”, además de producirse “un daño ambiental, porque no tienen límites, alterar el ecosistema y depredar nuestras especies”.
“Estamos defendiendo la soberanía argentina sobre nuestros mares y aguas jurisdiccionales, es una política de Estado”, sostuvo y homenajeó a los tripulantes del submarino ARA San Juan como “estos héroes que se encontraban justamente cumpliendo una misión: patrullando nuestro territorio y defendiendo nuestros intereses frente a las actividades ilegales desarrolladas por buques extranjeros”.
A su turno, la fueguina María Eugenia Duré recordó que “durante cuatro años el gobierno de Mauricio Macri eliminó de la agenda el tema de la soberanía y Malvinas”, mientras que con esta ley “estamos diciendo que no vamos a claudicar en nuestro reclamo”.
Muy crítica de la gestión anterior, la oficialista apuntó que “durante los cuatro de Cambiemos solamente fueron capturados dos buques” mientras que “en lo que lleva la gestión de nuestro presidente (Alberto Fernández) ya llevan tres buques”. “Si hubiésemos apresado a los buques que correspondían, hubiéramos tenido una recaudación de 430 millones de pesos”, aseguró.
Sobre la iniciativa, ponderó que “previamente fue trabajada entre diversos ministerios” y remarcó que “desde 1997, cuando el peso equivalía a un dólar, que no se hacían las modificaciones correspondientes” a la ley.
El otro orador del debate fue Jorge Taiana, quien sostuvo: “La pesca es un negocio extraordinario, Argentina exporta en los últimos años alrededor de 2.000 millones de dólares, exporta mucho langostino, exporta mucho calamar, y sobre todo tiene una situación de necesidad de preservar nuestro recurso que es depredado y los británicos en las islas no hacen más que depredar los recursos”.
“Esta ley es parte de una visión más amplia, que busca recuperar la mirada hacia el Atlántico Sur, las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes, y la proyección de la Atlántida argentina como un sector de desarrollo”, destacó.
La norma modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán.
La ley indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.
“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.
Asimismo, se establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.
En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la nueva norma incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
