Con la intención de avanzar con la implementación de una Ley que rige a nivel nacional, las diputadas de la UCR-Evolución María Inés Gorbea y Manuela Thourte (UCR-Ev) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto que tiene por objeto regular los mecanismos y las condiciones necesarias para asegurar el parto respetado con el fin de garantizar los derechos de las personas gestantes, antes, durante y después del parto al igual que un nacimiento digno.

De esta manera el texto establece que el parto respetado es “aquel que garantiza el respeto de las decisiones de las personas gestantes en relación a cómo, con quién y en donde parir, y el acompañamiento necesario para la toma de decisiones autónomas, seguras e informadas antes, durante y después del parto, incluso en el periodo de puerperio; así como también el respeto del cuerpo y del transcurrir fisiológico del parto, expresado en un trato digno, en atención adecuada en tiempo y forma, sin intervenciones y/o medicalización innecesarias, a no ser por pedido expreso de la persona gestante, y sin patologización del proceso reproductivo”.

Es así que el texto establece que las personas gestantes puedan desarrollar su propio “plan de parto”, el cual prevé cómo será el trabajo colaborativo entre el médico, el obstetra, la embarazada y su familia.

Mientras que para los recién nacidos el texto plantea que tienen derecho a ser tratados “en forma respetuosa y digna” y a “no ser sometida a ningún examen o intervención médica cuyo propósito sea de investigación o docencia salvo consentimiento manifestado por escrito otorgado por la persona gestante y luego de que se hayan explicado las implicancias de dichos procedimientos a la persona que otorga el consentimiento”. Además de acceder a una correcta e inequívoca identificación y filiación.

Por otro lado, la iniciativa prevé que todo hospital o sanatorio que preste servicios de maternidad deberá garantizar la presencia de puericultoras para acompañar en el proceso de lactancia materna del recién nacido durante las 24 horas todos los días del año.

Asimismo establece que cuando no fuera posible que la persona gestante lacte de forma directa al recién nacido, sea por razones personales, físicas o psíquicas de la misma o por cuestiones relativas a la persona recién nacida, “se debe posibilitar la lactancia mediante biberón y, de no ser ello posible, la alimentación mixta o con formula, previo consentimiento expreso de la gestante”. No obstante, también prevé un protocolo para cuando la parturienta haya fallecido o se encuentre sin acompañante.

En los fundamentos de la medida, las radicales explicaron que la misma responde “a la necesidad de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales de las personas gestantes -antes, durante y después del parto- y de las personas nacientes y sus familias; así como también, para promover la transparencia y la seguridad en todo el proceso de parto/nacimiento” y remarcaron que el mismo establece que “la persona gestante sea trata con respeto, de modo individual y personalizado garantizando el derecho a la intimida durante todo el proceso, respeto por sus pautas culturales y recibir toda la información necesaria a fin de tomar sus propias decisiones de forma autónoma”.

A su vez esta Ley nacional incorpora el concepto de “violencia obstétrica” como la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales. “Esta es una forma de maltrato todavía naturalizada, invisibilizada y constituye uno de los problemas de salud pública menos difundido y atendido en el mundo actual”, advirtieron Gorbea y Thourte.

“La lucha por el ‘Parto Respetado’ se ha convertido en las últimas décadas en un movimiento mundial que poco a poco va creciendo, obteniendo el reconocimiento de cada vez más personas y ganando espacio entre los organismos internacionales de derechos humanos y los organismos estatales relacionados con la salud”, señalaron y sentenciaron: “su reclamo es claro: buscan un cambio de paradigma en el modelo de atención del proceso perinatal, que respete los derechos humanos de las personas y que garantice un parto y una bienvenida amorosa a las nuevas personas que llegan al mundo”.