La jueza María Romilda Servini desestimó la denuncia impulsada contra un abogado contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por la escandalosa sesión del pasado 1 de septiembre.

Se trata de la sesión virtual que Juntos por el Cambio impugnó en rechazo al procedimiento por el cual se renovó, “sin consenso”, el Protocolo de Funcionamiento Remoto.

En aquella jornada, que terminó de madrugada, la Cámara baja aprobó un proyecto contra la pesca ilegal y sancionó la ley de asistencia al turismo por la pandemia del Covid-19.

La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, quien advirtió que Massa “hizo sesionar a la Cámara de Diputados como presidente fuera de las normas vigentes en nuestra Constitución, ya que el protocolo de sesiones que se había adoptado por la pandemia estaba vencido”.

“No solo eso, sino que estando diputados del bloque de Juntos por el Cambio presentes en el recinto, (Massa) los hizo pasar como ausentes, violando toda norma constitucional además de incumplir con sus deberes”, planteó el denunciante.

Sin embargo, la jueza, tal cual le había sugerido el fiscal Eduardo Taiano el miércoles pasado, resolvió desestimar la causa sobre “abuso de autoridad” por “inexistencia de delito”.

En su dictamen, la jueza federal recordó que Taiano “postuló su desestimación por inexistencia de delito”, por cuanto “de la lectura de los sucesos no surgía alguna actividad ilícita que pudiera ser alcanzada por el derecho penal, que la denuncia efectuaba una somera descripción, que mencionaba de forma genérica sesiones, normas vigentes, vencimientos de plazos y normas constitucionales, sin aportar una fecha o al menos un elemento  probatorio”.

Asimismo el representante del Ministerio Público sostuvo que “se advertía que la cuestión traída a estudio resultaba ajena al derecho penal, pues no habría afección de algún bien jurídico protegido, y eventualmente debería canalizarse por intermedio de la misma Honorable Cámara de Diputados de la Nación, o en su caso en el fuero contencioso administrativo federal”.

Servini precisó que el artículo 5 del Código Procesal Penal de la Nación asigna la titularidad de la acción pública al Ministerio Público Fiscal, por ende, el poder jurisdiccional se habilita en esos casos ante el impulso de la instrucción, y frente a un dictamen desestimatorio únicamente procede el control sobre el cumplimiento de los requisitos de motivación, legalidad, coherencia y logicidad”.

“Nos encontramos frente a un caso en el cual la denuncia ha sido desestimada por el fiscal sin intervención de particular alguno, por lo cual, más allá del acierto o error, al juez a quo no se encontraba legitimado por su cuenta”, precisa el fallo.