El Frente de Todos pospuso para este viernes la firma del despacho y evalúa, entre otras cosas, gravar a los no residentes por sus tenencias en el país. La AFIP envió un informe y estimó que 9.298 personas quedarán alcanzadas por el tributo.
Por Carolina Ramos
El dictamen sobre el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas se hace esperar. El oficialismo postergó para este viernes la firma del despacho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados mientras analiza nuevas modificaciones, entre ellas la posibilidad de gravar a los no residentes por sus tenencias en el país.
Carlos Heller, titular de la comisión, anunció al inicio de la reunión de este lunes la decisión de posponer el dictamen y enumeró los cambios que tendría el texto del Poder Ejecutivo, después de leer un detallado informe enviado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar en el encuentro virtual.
Juntos por el Cambio volvió a rechazar el proyecto. Los diputados del principal bloque de la oposición no solo reiteraron que la medida es inconstitucional y que desalentará inversiones, sino que también cuestionaron el destino que se le dará a lo recaudado -se prevé, entre otros fines, la financiación de proyectos de gas natural-.
Heller confirmó que, para alejar dudas acerca de la voluntariedad del aporte, se incluirá en el artículo primero del proyecto la palabra “obligatorio”. Pero además, se establecerá que el aporte regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.
“Para evitar un eventual desapoderamiento”, se aclarará que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.
El radical Luis Pastori celebró este cambio “porque la retroactividad era claramente inconstitucional”, aunque advirtió que “más que una presunción (de la AFIP), sería una ficción legal”.
El aporte solidario tampoco gozará de las exenciones previstas en el impuesto a los Bienes Personales, que es el que se toma como base de cálculo. Es otro de los cambios que anunció Heller.
Pero lo que despertó más polémica es la posibilidad de captar a las personas no residentes que posean bienes en el país y que ejerzan su propiedad a partir de una persona jurídica. “Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las acciones o participaciones en el capital de sociedades (…) pertenecen de manera indirecta a personas humanas residentes en el exterior”, dice la propuesta de redacción.
Para esos casos, “ese sujeto deberá designar ante la AFIP un responsable por el ingreso del aporte”, y en caso de no hacerlo, “el encargado de la determinación e ingreso del aporte será la sociedad emisora de esas acciones o participaciones”.
Luciano Laspina (Pro) reprobó la propuesta. “En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país”, se quejó.
Por último, Heller confirmó que las personas con bienes declarados en el exterior que acepten repatriar el 30% quedarán exentas del diferencial del 50% que deberían pagar por esos bienes. Los fondos deberán permanecer “hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular o afectados a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo”.
Una vez más, la discusión cayó en la grieta: ningún representante de los bloques minoritarios -a excepción de Romina Del Plá, del FIT- habló en la reunión. De cara al viernes, el oficialismo espera contar con las firmas de Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) y Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero), integrantes de la comisión.
Juntos por el Cambio repitió que no se trata de un “aporte” sino de un “impuesto”, y consideró que esa discusión semántica es en realidad “un tema de fondo” que no quedó resuelto con las modificaciones anunciadas por Heller.
“Por más que busquen llamarlo aporte, se trata de un impuesto porque es obligatorio pagarlo, aunque sea por única vez, cuando ya tenemos un impuesto que afecta el patrimonio, que es Bienes Personales”, explicó el puntano Alejandro Cacace (UCR).
El diputado sostuvo además, con argumentos jurídicos, que debería ser un impuesto coparticipable y que “la mayoría de los gastos en salud” en el contexto de la pandemia “los llevan adelante las provincias”.
Por el Pro, Carmen Polledo se ofuscó: “Nosotros no somos los que defendemos a los ricos ni somos los malos del cuento. Todos estamos preocupados por lo que pasa en Argentina con los pobres”.
La legisladora habló de un “desbalance en términos de lo que hace el Estado y lo que se le pide a los privados”, tras lo cual pidió que en los tres poderes del Estado se rebajen los sueldos. “Nosotros también tenemos que ser ejemplares”, dijo.
La oficialista Fernanda Vallejos salió al cruce de Polledo. “Es muy difícil de sostener lo que plantea”, dijo, y tras recordar que “este aporte recae sobre menos del 0,02% de nuestra población”, se preguntó “cuáles son los intereses que se están defendiendo”.
“Es indudable que se trata de un universo de personas privilegiadas en una Argentina donde más del 40% de la población habita por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas, y añadió que este aporte “no le va a hacer ni una cosquilla” a las personas comprendidas.
Desde la Coalición Cívica, Javier Campos volvió a fustigar el proyecto y, en particular, la estimación de la AFIP acerca del universo alcanzado. “Que digamos que son 9.000 personas, a los fines técnicos, no cambia nada. La cantidad de gente alcanzada por este impuesto no tiene ningún interés en este tema. Imaginemos que una panadería tiene 100 clientes y uno de ellos es McDonald’s, que se va, y la empresa quiebra. Pueden ser muy pocos, pero pueden tener un efecto devastador sobre la economía argentina”, ejemplificó.
A continuación, Laspina sintetizó la posición de Juntos por el Cambio. “Vamos a votar en contra de este impuesto, aun cuando nos cueste votos en el corto plazo. No nos importan las encuestas, porque nosotros le tenemos que dar una alternativa de gobierno a la gente cuando este modelo fracase”, aseguró.
El santafesino enfatizó que “este impuesto, en este momento de la Argentina, es una pésima idea, sobre todo para el Gobierno, que se pega un tiro en el pie del cual va a ser muy difícil recuperarse”.
“El argumento no puede ser ‘mato a pocas personas en lugar de muchas’. Esa es una falacia muy peligrosa que nos deposita a milímetros del autoritarismo y de romper el Estado de Derecho. Esto no es ‘ricos versus pobres’: es ‘el Estado de Derecho y la Constitución versus la imposición caprichosa de una mayoría violentando los principios constitucionales’”, sentenció.
El diputado del Pro calificó al proyecto como “una señal terrorífica para los inversores” y, tras recordar que se sancionaron nueve emergencias al inicio de la gestión de Alberto Fernández, advirtió que “ninguna emergencia habilita violar la Constitución”.
Heller le respondió y se generó un momento de tensión, con varios diputados hablando a la vez. “Nosotros no creamos las emergencias, las crearon ustedes. Ustedes con sus cuatro años de neoliberalismos generaron esas nueve emergencias que tuvimos que poner en una ley para salir adelante”, retrucó el diputado, mientras el radical Facundo Suárez Lastra despotricaba frente a la pantalla, con su micrófono silenciado.
Además, el presidente de la comisión informó que impuestos como Ganancias y Bienes Personales “generan menos ingresos que el IVA”, que recae sobre el consumo, y por eso concluyó que “la carga impositiva la tiene la gente de a pie, no las grandes empresas”.
