En vísperas a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia sobre el rechazo por parte del Senado, ratificado por decreto por el presidente Alberto Fernández, sobre los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, la Cámara de Diputados aprobó una moción para tratar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El tema fue traído este miércoles por la oficialista Vanesa Siley, quien planteó una cuestión de privilegio contra los magistrados y fustigó que “se intenta confundir en varios medios de comunicación”.

La legisladora recordó que los jueces “no han acudido a la audiencia pública del Senado” y “han agraviado no solamente al Congreso de la Nación, sino al procedimiento constitucional claramente establecido en el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo”.

“La Corte Suprema de Justicia ya ha clarificado cuál es el procedimiento adecuado para que un magistrado de la Nación sea correctamente designado, el cual es un acto federal complejo que involucra a tres poderes del Estado con el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”, explicó.

En ese sentido, la consejera señaló que “los jueces y juezas son funcionarios de alto rango” y “son los únicos que no son electos de manera directa”, en tanto “esa función se ejerce a través del involucramiento de los tres poderes del Estado, por eso es un acto complejo”.

“Por eso nos agravia a nosotros el hecho de que en esos pasos, el paso donde participa el pueblo, que es la audiencia pública del Senado, estos tres magistrados no hayan concurrido”, continuó, para decir luego que el tema “se comenzó a discutir en marzo” en el Consejo “y se hizo un análisis importante de todos los traslados que se habían realizado a lo largo de la historia”.

Siley indicó que sobre los “10 traslados mal realizados” se envió una comunicación al Poder Ejecutivo, que fue el que luego envió a la Cámara alta los pliegos de diez magistrados, de los cuales “siete concurren a la audiencia, dan explicaciones, se ponen a conocimiento de la gente, se someten a la interpelación de los senadores” pero “tres no fueron”. “Tres jueces que conocen y deben aplicar la Constitución incumplieron la Constitución”, enfatizó.

La diputada del Frente de Todos resaltó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “habían sido trasladados en 2018 a dedo, por decreto, sin pasar por el Senado”. Ahora, ante el rechazo “estos tres jueces deben volver a sus tribunales de origen, siguen siendo jueces, no dejar de serlo”. Y destacó que la decisión haya sido ratificada por la Cámara Federal y la Cámara de Apelaciones.

En contra de la oposición, la oficialista reclamó que “se escuchó decir ‘que la república, que se cargan a tres jueces, que estamos violando la Constitución’ y lo que está pasando es todo lo contrario, se está cumpliendo la Constitución, salvo que pretendamos que el presidente continúe con esta práctica y designe jueces a dedo, por decreto. Creo que eso no lo debe querer nadie”.

“La república no se la puede enarbolar en las palabras y después pisotearla en los hechos”, lanzó y abogó por “la igualdad ante la ley necesaria para que el Estado democrático y el Estado de Derecho estén plenamente vigentes y vivos en nuestro país”.

Aunque no estaba anotado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López salió a contestar. Planteó entonces otra cuestión de privilegio, contra el presidente Alberto Fernández “por haberse arrogado facultades judiciales y haber violado la inamovilidad de los magistrados”.

El legislador defendió que en los traslados de 2018 “se cumplió con lo previsto por el reglamento de traslados que estaba vigente en ese momento y con la acordada 4 de la Corte Suprema y una acordada posterior” sobre casos análogos.

“Anularon (los traslados) arrogándose facultades jurisdiccionales, cosa que les prohíbe el artículo 109 de la Constitución Nacional”, insistió y remarcó que los decretos del presidente Mauricio Macri -derogados la semana pasada- habían “generado derechos subjetivos” con lo cual “solo pueden ser revisados en sede judicial y nunca por el Poder Ejecutivo y el Senado”.

Y sobre el Consejo de la Magistratura, López manifestó que “es un órgano contramayoritario y tenemos que cuidarlo”. “Ojalá siga funcionando a lo largo de los años y no se termine de tergiversar o violar por el poder de turno político, que creo que de alguna manera intenta subvertir ese régimen y orden de ideas y cosas que prevé nuestra Constitución”.

Seguidamente, el radical Gustavo Menna sostuvo que “estamos en presencia de una situación inédita” que solo tiene “precedentes en golpes de Estado”. Para el chubutense, este hecho “es un absurdo que nos pone al margen del ordenamiento constitucional” y rechazó que “por un decreto del Poder Ejecutivo se produzca ese desplazamiento”.

“Estamos ante un hecho de una gravedad institucional sin precedentes que obliga a que sin más se pronuncie el máximo tribunal”, reiteró y dijo que “trasciende el derecho de los afectos” y “afecta a toda la sociedad porque esto implica terminar con un Poder Judicial independiente”.

Finalmente, tomó la palabra la diputada Graciela Camaño, titular de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura, donde se avanzó con la revisión. “Lamento muchísimo que quienes se expresan hoy defendiendo la república no hayan advertido las irregularidades que se cometían en el Consejo de la Magistratura en el mientras tanto”, cargó contra Juntos por el Cambio.

Y habló de una “necesidad imperiosa de que la cuestión de privilegio planteada correctamente por la diputada Siley sea puesta en consideración en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, algo que “no ocurre en el Parlamento”.

“Hemos tenido durante el pasado, durante los últimos cuatro años concretamente, algunas cuestiones muy interesantes como pedidos de juicios políticos”, recordó y mencionó que para la misma fecha del traslado de los magistrados se había pedido el juicio político contra el exministro de Justicia, Germán Garavano, “donde claramente se hablaba de concursos que están mal hechos”.