Por Brenda Austin. La diputada valora la incorporación del tratado a la legislación interna, como fruto de un trabajo transversal sin diferencias partidarias.
La ratificación del Acuerdo de Escazú constituye un verdadero hito para la Argentina. Es el primer tratado regional vinculante en materia ambiental que ofrece una plataforma única a los Estados para fortalecer la protección del derecho a vivir en un ambiente sano. Este marco normativo es una hoja de ruta y representa un desafío en torno a la tarea que debemos encarar para lograr políticas de Estado que nos conduzcan hacia una verdadera democracia ambiental.
Su incorporación a la legislación interna es fruto de un importante trabajo transversal sin diferencias partidarias. El texto del tratado fue suscripto por nuestro país durante el mandato del ex presidente Macri el 27 de septiembre de 2018, el mismso día en que se abrió a la firma. A su vez, el acuerdo fue reconducido por la actual gestión y logró un contundente apoyo en ambas cámaras legislativas, lo cual le otorga una importante base de consenso para garantizar el cumplimiento sus tres pilares: el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Escazú pone también el ojo en la defensa de líderes ambientales, frente al triste de récord de ser la región del mundo en donde se produjo el mayor número de asesinatos por estas causas.
La ratificación del Acuerdo significa asumir el compromiso de trabajar para nivelar el acceso a los derechos en materia ambiental. Para algunos Estados implica el rediseño institucional de sus leyes y para la Argentina la necesidad de reforzar todos sus marcos normativos. En este contexto se inscriben la Ley de Educación Ambiental y la Ley de Educación para el Desarrollo Sostenible, instrumentos indispensables para generar valores y comportamientos acordes con un ambiente equilibrado y que propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible. La educación es el mejor camino para producir cambios profundos en el modo que habitamos nuestro planeta.
También es una invitación a rediscutir y actualizar, bajo este nuevo paradigma, la ley de acceso a la información ambiental y garantizar la consulta previa e informada y la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Mas voces, mejores decisiones: esta es la columna vertebral del acuerdo y la enorme fuerza de las organizaciones de la sociedad civil que, de abajo hacia arriba, lo hicieron posible.
Por otro lado, el tratado insta a los Estados a capacitar a sus funcionarios/as. Ese es, de hecho, el sentido de la denominada “Ley Yolanda”: garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales, para las personas que se desempeñen en la función pública, entre ellos también los funcionarios judiciales. Es imperioso que quienes toman decisiones en el plano público lo hagan en consonancia con este enfoque.
Por último, Escazú es una invitación a trabajar sobre la Justicia. Con la última reforma constitucional, la Argentina consagró expresamente la protección del ambiente e institucionalizó herramientas como el amparo para la defensa de los derechos que protegen el ambiente. Debemos contar con una Justicia ambiental especializada y sumar un capítulo específico de delitos ambientales al Código Penal.
Es tiempo de hacer algo más que discursos. Es tiempo de que sancionemos leyes, de que revisemos nuestros marcos normativos y, sobre todo, que los hagamos cumplir.
La importancia del Acuerdo de Escazú, como hoja de ruta consensuada a nivel regional y su enorme nivel de consenso político, amerita que demos un paso más y dotemos al instrumento de jerarquía constitucional para consolidarlo como una verdadera política de Estado. Es el camino hacia una democracia ambiental dentro de un nuevo paradigma ecocéntrico, que considere a la naturaleza como un sistema complejo e interconectado con un valor inherente, del cual los seres humanos somos sólo una parte.
Ratificar Escazú es señalar el rumbo y, al mismo tiempo, asumir compromisos. Porque su premisa es abrir el juego y sumar voces en los asuntos que involucran al ambiente. Necesitamos encontrar un modo de legitimar la toma de decisiones y esto será escuchando a sus protagonistas, abriendo espacios de diálogo donde encontremos una voluntad recíproca de cooperación. No es unos contra otros, es entre todos entendiendo que el único modo de revertir el estado de crisis del planeta es con la articulación de los actores que componen nuestra sociedad. Escazú no es un punto de llegada, sino el punto de partida para empezar a actuar.
*Diputada Nacional de la UCR por Córdoba