El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, y especialistas en el tema expusieron ante la Comisión de Legislación General sobre el proyecto que busca suspender por seis meses la inscripción online de empresas.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, recibió este lunes al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, especialistas y representantes del sector para debatir en torno al proyecto de ley que propone suspender por seis meses la constitución e inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas.
La iniciativa, de autoría del senador Oscar Parrilli, cuenta con media sanción de la Cámara alta y apunta a suspender el sistema de control electrónico, creado por ley durante la gestión de Cambiemos.
En primer término, Alejandro Ramírez, profesor de derecho societario de la Universidad Austral, cuestionó que la iniciativa establezca que para poder constituir una SAS se tenga que “estar en un registro de emprendedores, algo que no existe en ningún lugar del mundo. Esto incorpora una burocracia que es inaceptable”.
“Este proyecto promueve la informalidad”, afirmó y criticó que “Argentina sería el único lugar del mundo que vuelve de lo digital al papel”. Además, Ramírez resaltó que las modificaciones sobre la presentación de los estados contables ponen a las SAS “en peor lugar que a las SRL” y con “una sanción 20 veces más grande que a las SA”. “Esta ley quita seguridad jurídica y aniquila a las PyMEs”, completó.
También en contra de la iniciativa, Francisco Reyes Villamizar, doctor en Derecho de la Universidad de Tilburg, Holanda, destacó el “éxito de estas sociedades en América Latina” y expresó que “no es verdad que son para el delito”. “Las SAS no son propicias para el fraude ni han servido para el lavado de activos”, sostuvo, sino que, todo lo contrario, son “un instrumento maravilloso para la formalización laboral”.
“Sería muy lamentable que un instrumento que tiene semejante importancia terminara teniendo una partida de defunción, sería muy triste para los emprendedores de Argentina”, agregó.
En tanto, Alejandro David, especialista en prevención de lavado de activos, señaló que “la forma de prevenir el lavado de activos no está en intervenir el momento constitutivo de las sociedades”, sino en “la fuente de circulación en mercado”. “No son los registros públicos los organismos destinados a cumplir este rol”, explicó, e indicó que para ello están “la AFIP, los registros inmobiliarios, la supervisión del sistema financiero, donde tienen que estar las alertas de actividades sospechosas”.
Por su parte, el abogado Fernando Pérez Hualde subrayó que “el régimen de la ley invade el régimen federal” y “es de una gran dificultad, no tiene ningún sentido la creación de este registro (de emprendedores)”. “Las SAS no son lo mismo que las SA y las SRL”, enfatizó, al tiempo que dijo que las SAS no son “un invento argentino” y que hace tiempo “cambió la modalidad de hacer negocios en el mundo”.
A favor de la iniciativa, Leopoldo Burghini, abogado especialista en derecho societario, recordó que “se buscó potenciar a los emprendedores pero la Ley no estableció requisitos para constituir una SAS”, con lo cual “quedó abierta la puerta” a que alguien pueda “constituirse con 1.500 millones de pesos de capital y pueda colarse por la ventana de las SAS y no tenga ningún tipo de control interno o externo por parte del Estado porque no tiene responsabilidad de presentar su contabilidad”. Asimismo, aseguró que con este proyecto “no van a verse perjudicadas todas las SAS que ya están constituidas”.
Titular de la SAS Sierra Tech Solutions, César Guereta, consideró que “si queremos que sea un instrumento para el desarrollo de Argentina se utilice para tal fin y no para fines espurios, como hemos visto que se ha utilizado” por parte de personas que “además de cometer delitos desprestigian nuestra actividad empresarial, actividad central para el progreso de nuestro país”. “Apoyamos que las SAS vuelvan al ámbito de control de la IGJ y de las jurisdicciones que le correspondan”, sumó.
Otra invitada que se manifestó a favor del proyecto fue María Eugenia Marano, abogada diplomada en Criminalidad Económica, que apuntó que los requisitos de las SAS “las hacen muy permeables” y es necesario “tomar todos los recaudos posibles para que estas figuras no sean mal utilizadas para la realización del delito de lavado de activos”.
“Que el Estado conozca quienes son las SAS y conozca sus movimientos le permite también proteger a todos los terceros que van a operar con esas SAS, y a los emprendedores de buena fe, porque es una gran herramienta para ellos”, añadió.
Finalmente, el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, aclaró que “no estamos discutiendo eliminar a las SAS”, sino que “las SAS sean exclusivamente para aquellas personas para las que está destinada la ley”, en referencia a los emprendedores. Sobre ello, opinó que “no debería discutirse el registro”.
“Es inverosímil que personas que no son emprendedores se hayan adherido a este sistema”, dijo y afirmó “un gran número de SAS se constituyeron para un negocio determinado” pero “a los pocos días se dieron importantísimas operaciones inmobiliarias con cientos de miles de dólares”, y mencionó algunas de ellas.
El funcionario precisó que “se constituyen con un capital absolutamente irrisorio y a los cinco días, diez días, veinte días, están invirtiendo millones de dólares con la posibilidad de contar con una suma de dinero que no lo pudieron aportar al momento de constituir la SAS”.
“Esto, señores, es simple y llanamente fraude, es utilización espuria y fraude a la ley y no lo podemos consentir”, enfatizó Nissen, al tiempo que negó que sea un fenómeno único de la Ciudad de Buenos Aires y lanzó que “las SAS aparecen después de los Panamá Papers y los Paradise Papers”.
