En el marco del “Día de la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América latina y el Caribe”, las diputadas Alejandrina Barry (FIT) y Myriam Bregman (PTS) impulsaron un proyecto de declaración en la Legislatura porteña a través del cual buscarán celebrar esa fecha y expresar su solidaridad con el movimiento de mujeres y diversidades; además de acompañar las distintas actividades a realizarse con motivo de esa fecha.

A través de esa misma iniciativa, las legisladoras buscarán insistir con el tratamiento y aprobación en el Congreso Nacional, del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por octava vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En los fundamentos de la misma, Barry y Bregman recordaron que “el  28 de septiembre de 1871, Brasil sancionaba la ley de Libertad de Vientres, que consideraba personas libres a los hijos e hijas de las esclavas” y que “en 1990, el V Encuentro Feminista Latinoamericano eligió esa fecha como el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América latina y el Caribe, también conocido como Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro”.

“Este reclamo que atraviesa los distintos continentes los últimos años, en América Latina tiene diferentes consecuencias. Los únicos países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada son Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay; está prohibido en todas las situaciones en República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, El Salvador y Nicaragua”, señalaron y subrayaron que “en el resto del continente, el aborto está criminalizado con algunas excepciones. Este mapa resulta en una virtual ciudadanía de segunda categoría para la mitad de la población y, sobre todo, en riesgos para la salud y la vida de la mayoría de las mujeres”.

Sobre esa misma línea, explicaron que “en América latina y el Caribe se realizan 6,5 millones de abortos al año, la criminalización se traduce en que 760.000 mujeres sufran complicaciones por abortos inseguros cada año” y advirtieron que “la pandemia empeoró el escenario: el menor acceso a la salud encendió todas las alarmas sobre el aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros”.

Además precisaron que “en Argentina, el aborto legal, seguro y gratuito fue la demanda que instaló la marea verde en las calles durante el 2018 llegando a marchar por miles mujeres y jóvenes para conquistarla” e insistieron en que “la movilización fue fundamental no solo para instalar el debate en la sociedad, sino también para lograr que se apruebe el proyecto en la Cámara de Diputados. Luego del rechazo en el Senado, el aborto se mantuvo en clandestinidad con todas las consecuencias que eso conlleva para la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

“El Gobierno nacional durante lo que va de la cuarentena, se ha referido a la postergación de este debate y su tratamiento en el Congreso Nacional, en palabras del presidente de la Nación, porque ‘urgen otros temas’”, aseguraron y concluyeron señalando que “como la pandemia expuso de manera más cruda las consecuencias de la clandestinidad del aborto, así como la violencia machista, la sobrecarga de tareas de cuidado en las mujeres, este reclamo se mantiene como unos de los principales del enorme movimiento de mujeres en Argentina”.