Funcionarios expusieron sobre las personas presas por tenencia y tráfico de estupefacientes

La secretaria de Justicia y DDHH y el procurador penitenciario interino participaron de un plenario de comisiones del Senado.

Foto: Comunicación Senado

Con la participación de funcionarios, las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado realizaron este lunes una reunión informativa a 30 años de la sanción de la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

Del encuentro virtual, encabezado por Dalmacio Mera (Frente de Todos), participaron la secretaria de Justicia y Derechos Humanos del ministerio homónimo, Laura Marrazzo, y el procurador penitenciario interino, Ariel Cejas Meliare.

Marrazzo informó que el 36,77% de la población total del Servicio Penitenciario Federal “se encuentra cumpliendo condena por infracciones a esta ley”, y de ese universo “solo el 38,66% tiene condena firme”. Además, la funcionaria advirtió que el 60% de las mujeres privadas de su libertad está cumpliendo pena por infracción a esta norma.

“Claramente se trata de un delito con mucho impacto en los sectores de mayor vulnerabilidad social. En el caso de las mujeres, en su mayoría son madres de muchos hijos, o mujeres solas en situación de pobreza. Son las llamadas ‘mulas’, por un tráfico menor de orden fronterizo”, precisó la secretaria.

También señaló que “el 85% de los presos no posee terminalidad educativa”, y “el 45% ni siquiera terminó los estudios primarios”.

Por otra parte, Marrazzo mencionó que la Ley 23.737 “tiene una dicotomía con el fallo Arriola” de la Corte Suprema de Justicia, que en 2009 declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, referido a la pena por consumo personal de estupefacientes.

“La tenencia para consumo personal tiene que ver con el principio constitucional de reserva, y como tal debe estar ajena a la represión del Estado”, consideró Marrazzo.

Aseguró en ese sentido que “no todo consumo de sustancias es problemático”, y en caso de serlo, “el abordaje no debe ser desde el punto de vista punitivo, sino desde un enfoque de salud pública”.

“Este antagonismo entre el criterio del máximo tribunal en el fallo Arriola y la ley debe ser subsanado por el legislador, porque esto genera una inseguridad jurídica”, insistió la funcionaria.

Por su parte, Meliare advirtió que “las políticas de droga producen más criminalización, más encarcelamiento y mayor superpoblación” en estas instituciones.

Entre 2017 y 2019, informó el procurador penitenciario, “el 67% del universo de causas que se denuncian en Argentina fueron por delitos menores: el 54% de ellos por tenencia para uso personal, el 12% por tenencia simple y el 1,3% para tenencia o entrega atenuada de estupefacientes”.

También advirtió sobre el “impacto negativo y desproporcionado” de las políticas de droga sobre las mujeres, como así también del incremento de la persecución penal sobre las personas trans/travestis.

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