Por Claudio Romero. El diputado por la CABA sostiene que en el país hay una mirada distorsionada respecto a la seguridad interior, que “ignora las víctimas y protege a victimarios”.
Juan Pablo Roldán entregó su vida por defender a la sociedad argentina. ¿Cuánto valía la retribución por entregar su vida? por mes unos 30 mil pesos. No pudo defenderse y apenas hizo unos disparos al piso para que el enfermo psiquiátrico que atacaba a los transeúntes saliera de un lugar poblado de gente con el cuchillo de carnicero en la mano hacia otro escenario más abierto.
Roldán no pudo esquivar el puntazo de un cuchillo de carnicero que entró por el costado izquierdo de su chaleco antibalas y le tocó el corazón. En menos de dos minutos de acción policial en plena avenida Figueroa Alcorta, a unos metros del Malba, el joven policía dejó de existir porque las leyes argentinas le prohibieron disparar contra el agresor, sea enfermo o delincuente, menor de edad o mayor. Su esposa reconoció horas después que Juan Pablo se quejaba siempre de que la policía no contaba con las leyes ni las herramientas necesarias para cumplir con su trabajo, en el que se arriesgaba todos los días.
El gobierno autollamado progresista, lejos de ser tal, acaba de prohibir la portación de las pistolas Taser que paralizan, pero no matan, reducen a los agresores y evitan los disparos de armas de fuego. Son una herramienta que contribuye en los países verdaderamente civilizados a resolver de forma incruenta las situaciones de violencia callejera.
Es lamentable, pero hay, lamentablemente, en nuestro país, una mirada distorsionada de la Seguridad interior, una subestimación hacia los hombres que cumplen funciones en cualquiera de las fuerzas de seguridad organizadas para defendernos. Esa distorsión maniquea es la que traza líneas erróneas en las políticas de Estado, la que ignora las víctimas y protege a victimarios. La cuestión se arrastra desde hace casi dos décadas por la teoría nefasta de un presunto “garantismo legal”.
En el caso que nos ocupa especialmente, las falencias legales no solo dejan huecos en la seguridad sino también en la salud porque el agresor, una persona de 51 años con serios y peligrosos antecedentes esquizofrénicos, debía estar obligadamente en un hospital psiquiátrico bajo tratamiento estricto. Pero para llegar a ese paso la justicia tampoco llega en tiempo y forma.
En ambos casos se trata de víctimas de la inacción gubernamental, de las fallas de sus funcionarios, de la ideologización espuria de cuanto comportamiento humano se libra en el seno de la sociedad. Este es el resultado de la política atada a una ideología que prometió demasiado y no pudo cumplir con el diez por ciento de las necesidades de la población argentina en doce años consecutivos de gobierno.
La muerte de Roldán es un ejemplo de lo que viene sucediendo en las 24 provincias argentinas, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la delincuencia -enferma de droga y de omnipotencia legada por sus liberadores durante la pandemia- están haciendo estragos con los habitantes de los distritos más poblados donde no importa quien ganó las elecciones sino solo preservar la vida, día a día. Junto con ellos los policías corren la misma suerte, pero denigrados, ninguneados por las autoridades y burlados por los mismos delincuentes.
En la ciudad de Buenos Aires, casi a la misma hora en que moría Roldán, dos policías retirados que llevaban dinero, fueron atacados en el barrio de Belgrano por cuatro delincuentes, de los cuales uno resultó muerto mientras los otros tres huían. Uno de los policías recibió un golpe en la cabeza.
Ya tuvimos el caso de Luis Chocobar, sujeto a un juzgamiento por defender la vida de un turista extranjero en el barrio de La Boca y matar al ladrón por la espalda. Los garantistas, con la excusa de no dilipendiar fondos, extienden el juicio para tratar en forma conjunta a Chocobar con el cómplice del atacante, después que cumpla los 18.
La cuarentena fallida, durante la pandemia provocada por el Covid 19, fue un caldo de cultivo para la delincuencia y el crimen organizado. Los más de cuatro mil delincuentes liberados en el mes de abril, como lo había anunciado apenas asumió el propio gobernador Axel Kiciloff (“por el hacinamiento carcelario”), hoy arrasan el territorio bonaerense y otros provinciales con un nivel de violencia a primera vista ingobernable.
La sociedad argentina está expuesta a esos vándalos, que ahora atacan en bandas no menores a cinco miembros, con armas largas, cortas, blancas y hasta ametralladoras, desplazándose en vehículos de alta gama y alentados por una fuerza descontrolada que desde el 10 de diciembre de 2019 se mueve a su antojo.
La Justicia argentina necesita una reforma para estos males y no puede restringirse a casos que atañen y definen la libertad de los más altos dignatarios políticos por presuntos hechos de corrupción. El desmadre crecerá si en el menor tiempo posible no se toman medidas pertinentes para reducir los niveles del delito y sus nuevas características.
De seguir como estamos no seremos solo Venezuela, seremos México, como lo muestra su historial de violencia por incidencia del narcotráfico.
