El Consejo de la Magistratura pidió a la Corte fallar contra los tres jueces

A través de una nota firmada por su presidente, el organismo solicitó la confirmación de lo decidido por el Senado e instrumentado por el Poder Ejecutivo a través de sendos decretos.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, ya había sido uno de los más críticos al conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitando el tratamiento del per saltum pedido por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ese día rechazó de plano la postura del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, al afirmar que no ve “la gravedad institucional de la que habla”, y luego advirtió que si la Corte termina convalidando los traslados de jueces, “los futuros presidentes de la Nación van a decir ‘para qué pasan por concurso si puedo poner a quien me cae bien’”.

Ahora oficializó su postura, al firmar una declaración del Consejo de la Magistratura solicitándole al Tribunal Supremo rechazar el per saltum y que confirme lo dispuesto por el Senado y convalidado por el Poder Ejecutivo a través de sendos decretos.

En el escrito, Lugones recordó que en el caso de una decena de jueces cuyos casos están en estudio en el Senado, entre ellos los jueces referidos sobre los que ya se ha expedido, “no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables, señaladas por V.E. (la Corte) en las acordadas N° 4/2018 y 7/2018””.

“Se extrae con claridad que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades constitucionales privativas del Poder Ejecutivo”, expresa la declaración, según detalló la agencia estatal Télam”.

Allí se agrega que “los recurrentes se han limitado a formular afirmaciones meramente dogmáticas sobre los agravios que, según su particular entender, podría ocasionarles la resolución 183/20, omitiendo indicar de modo preciso, en qué consistiría el supuesto gravamen al no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución Nacional”.

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