Tiene dictamen el proyecto que establece reglas sobre la compra de las vacunas contra el Covid-19
Tras la incorporación de modificaciones, los diputados de la Comisión de Salud avalaron por unanimidad el despacho. Que prevé la iniciativa.
Por Melisa Jofré
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (Frente de Todos), firmó dictamen por unanimidad del proyecto de ley que establece reglas sobre la compra de las vacunas contra el Covid-19 y fue solicitado desde el Ministerio de Salud de la Nación.
En el comienzo, Yedlin agradeció a todos los miembros y a funcionarios del Ministerio de Salud, al tiempo que dijo que los cambios “han enriquecido la propuesta inicial y realmente se ha convertido en un proyecto muy superador”.
El tucumano leyó entonces el texto, remarcando las modificaciones recibidas. La iniciativa declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.
Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, “a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas” cláusulas que establezcan “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”.
Además, se incluyó, a instancias de la diputada Claudia Najul, que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas” quienes “se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.
La iniciativa prevé que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana” no implicará renuncia alguna “respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público, entre otros.
Asimismo, en los contratos se podrán incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
Las vacunas generadas a adquirir inmunidad contra el Covid-19 deberán ser previamente registradas por la ANMAT y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn), a propuesta de las diputadas Carmen Polledo y Graciela Ocaña.
También, el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Salud, podrá disponer “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Derechos del Paciente, según aportó la diputada Cecilia Moreau.
El proyecto exime “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.
En tanto, los contratos celebrados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos”. Su envío a las comisiones del Congreso fue una propuesta del diputado José Cano.
Luego que Yedlin leyera el proyecto con las modificaciones, la vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo (Pro), manifestó la conformidad con la nueva redacción y agradeció al presidente por “la predisposición para escuchar nuestras propuestas”. “Es un tema muy importante para nuestro país y nuestros ciudadanos”, sostuvo.
En el mismo sentido, la mendocina Claudia Najul (UCR) destacó la “agilidad” y “buena voluntad” para aceptar cambios en el texto. “Es un proyecto que viene nada más y nada menos con cláusulas donde cedemos en favor de tribunales arbitrales extranjeros, donde renunciamos a oponernos a la defensa de inmunidad soberana, no son temas habituales en la compra de insumos”, señaló.
La radical valoró haber buscado “la mejor redacción porque entendemos que en el mundo el mercado de las vacunas tiene estas condiciones”.
En tanto, la santacruceña Paola Vessvessian (Frente de Todos) rescató el “gran esfuerzo” del “Ministerio de Salud y cada uno de los gobiernos provinciales”. “La incertidumbre de la pandemia nos obliga a poder darle herramientas al Ministerio de Salud para poder conseguir algo que es fundamental, que es la reserva de todas aquellas vacunas que nos permitan dar respuesta a nuestro pueblo y a nuestra gente”, expresó.
Al igual que todos los diputados que intervinieron, la tucumana Beatriz Ávila (Unidad Federal para el Desarrollo) ponderó el acuerdo alcanzado entre todos los bloques y resaltó que la iniciativa “está poniendo sobre la agenda lo que la gente está pidiendo”.
Después de haber expresado el voto a viva voz de cada uno de los diputados, Yedlin aseguró que intentarán que el proyecto se trate en la próxima sesión y abogó por que “esa urgencia que nos puso el Ejecutivo la pongamos ahora nosotros en las autoridades de la Cámara”. Además, pidió a los diputados que informen a sus pares sobre el tema de modo que vayan “a la sesión con el conocimiento acabado de un tema tan complejo”.
Por último, los diputados de JxC Claudia Najul, Graciela Ocaña y Gonzalo Del Cerro reclamaron avanzar en la próxima reunión de la comisión con un proyecto de ley para establecer un protocolo de “último adiós”, de modo que personas con estado terminal puedan estar acompañadas por sus familiares. “Si bien algunas provincias han avanzado, es un derecho que debemos garantizar a todos en Argentina”, dijo Najul.
