El oficialismo en el Senado aprobó el proyecto que quita recursos a la Ciudad y lleva la coparticipación al 1,40%

La iniciativa impulsada por el Gobierno establece un nuevo mecanismo a través del cual el distrito porteño recibirá los fondos para los gastos en seguridad. La votación fue por unanimidad, ya que la oposición se retiró del recinto virtual. Ahora la discusión pasa a la Cámara de Diputados.

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Por Melisa Jofré

Tras más de cinco horas de debate, el oficialismo en el Senado aprobó este viernes el proyecto de ley que reduce los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y lleva a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso hace dos semanas, fue avalada por unanimidad, ya que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se desconectaron del recinto virtual. El Frente de Todos reunió 42 votos afirmativos con el apoyo de los monobloquistas Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.

A través del proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, se aprueba el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales, firmado en enero de 2016 por el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En el texto se fijan unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital. La cifra es, según se afirmó desde el Gobierno nacional, el total de dinero que representó atender la transferencia en 2020, pero el monto deberá ser actualizado cada año.

Para ello se establece una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.

De esta manera, el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos. En tanto, la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.

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Por su parte, el Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad tendrán que informar “a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores” establecidos en la fórmula, “de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”.

“El INDEC, a solicitud de la Secretaría de Hacienda o del Ministerio de Economía, verificará la metodología empleada y realizará las recomendaciones u observaciones que resulten pertinentes”, agrega la iniciativa.

Además, el proyecto habilita al jefe de Gabinete a adecuar las partidas presupuestarias de este año y prevé que el Poder Ejecutivo, a partir de la entrada en vigencia de la ley, podrá readecuar los recursos de coparticipación que le corresponden a la Ciudad, con lo cual, antes de fin de año el territorio porteño podría ver la merma en los fondos.

Esta iniciativa se suma a una medida anterior en la que, en el marco del conflicto policial bonaerense, el Gobierno nacional llevó al 2,32% el coeficiente de coparticipación para la CABA mediante un decreto. Por esa medida, la administración porteña recurrió a la Corte Suprema.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, lamentó que las discusiones terminen en la Justicia. “Es la misma lógica que conocimos en los últimos años. Cuando se quitan recursos de manera discrecional, cuando no se acuerda con la jurisdicción, cuando se deja de lado la concertación para confrontar, ¿cuál es el camino final? Una vez más, ante el fracaso de la política, será la Justicia. Y en este caso, la Corte”, señaló.

El radical insistió en que “no ha habido consenso; ha existido la quita de un punto de una jurisdicción para solucionar el problema de otra jurisdicción, que -dicho sea de paso- recibió el 51% del total de las transferencias a jurisdicciones subnacionales” previo al conflicto con la Policía bonaerense, lo que equivale a “más de 71.000 millones de pesos”.

Ante lo que llamó como “el problema de la sábana corta”, el formoseño se preguntó “cuál será la próxima provincia” en perder recursos “cuando no alcance por la impericia de la gestión”.

En tanto, el titular del bloque oficialista, José Mayans, sostuvo que se trata de “una distribución justa y equitativa de los recursos, dando más al que más lo necesita”, y apuntó al “relato salvaje de la oposición contra el Gobierno nacional”. “Aprovechan la pandemia para ver cómo hacen para dañar la imagen del Gobierno”, lanzó.

“Si analizamos el Presupuesto Nacional, ni se imaginan lo que recibe la Ciudad, ‘la gran ciudad que está siendo perjudicada’ según la oposición”, planteó Mayans, y sentenció: “Lo que es triste es ver a senadores que representan a provincias que tienen dificultades defender al centralismo”.

Además, el senador criticó la “incoherencia” de la oposición por haber participado de una sesión que “consideran inválida”.

Caluroso debate entre oficialistas y opositores

Abrió el debate -que se extendió por más de cinco horas- la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), quien aseguró que el proyecto “no se trata ni de odio, ni de revanchismo, sino de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias argentinas”.

“Este proyecto de ley no es en contra de los porteños”, remarcó la santafesina, que además criticó que durante la gestión anterior “(el expresidente Mauricio) Macri le dio el 3,75% discrecionalmente a Horacio Rodríguez Larreta”. Y agregó que el convenio de transferencia de la Policía Federal y los decretos posteriores carecieron de “fundamentos” e “informes técnicos”.

A continuación, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), afirmó que el coeficiente de coparticipación para la Ciudad “se modificó de un modo totalmente arbitrario” en “una cuestión de amiguismo”.

El cordobés precisó que los gastos netos por el traspaso en 2016 fueron de “6.826 millones de pesos, pero el incremento de coparticipación que recibió la Ciudad significó 16.386 millones de pesos”, con lo cual “solo en el primer año hay 10.560 millones de pesos que la Ciudad recibió de más en función de los servicios transferidos”.

Y si se suman los montos hasta 2019, los gastos representaron “39.525 millones de pesos y el incremento de la coparticipación fue de 125.794 millones. La Ciudad se quedó con 86.269 millones que no correspondían”, indicó y resaltó que “fue un abuso impresionante”. “Sería muy importante que la Ciudad de Buenos Aires devuelva ese excedente, porque son recursos de todos los argentinos”, lanzó.

Desde la oposición, el porteño Martín Lousteau (UCR) expresó que la primera rebaja de coparticipación, con el objetivo de asistir a la provincia de Buenos Aires en el conflicto policial, tuvo “intencionalidad política” y fue “inoportuna, súbita, improvisada y burda la manera en cómo se hizo”.

El opositor aseveró que “el presidente decidió sacarle la plata a la Ciudad” mientras que a la provincia de Buenos Aires “ya le dieron mucho más que a otras”. “Le dieron casi lo mismo que al resto de las 23 provincias en lo que va del año, pero si la gestión no es buena, el dinero se escurre por todos lados”, disparó.

También advirtió que al estar contemplados los recursos en el Presupuesto, “con el Presupuesto le pueden bajar más todavía el dinero a la Ciudad”. “¿Cuántas jurisdicciones van a buscar lo que tienen en el Presupuesto tantos años y no está? Por todos estos motivos y otros es que la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación judicial, entonces esta materia se va a tener que definir en otro lugar, porque es claramente inconstitucional lo que estamos tratando”, añadió.

Por su parte, el rionegrino Martín Doñate (Frente de Todos) se quejó que “con Mauricio Macri en el Gobierno nacional se le dio casi el triple, miles de millones de pesos más de lo que la Capital Federal necesitaba para los servicios transferidos”. “Qué caro que nos salió a todos los argentinos y argentinas la administración de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri como presidente de la Nación”, exclamó.

Otra de las voces en contra fue la de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), quien alertó que “lo que le hacen hoy a la Ciudad se lo van a hacer después al resto de las provincias”. “Mal hace una autoridad nacional cuando cree que graciosamente distribuye los recursos que le pertenecen a las provincias en perjuicio de otra”, opinó.

La macrista recordó: “No es la primera vez que el kirchnerismo hace abuso del poder central y no entienden que los recursos son de las provincias. A los cordobeses nos sacaron el 15% de la coparticipación de un plumazo, quien preside hoy el Senado (en referencia a Cristina Kirchner)”.

Avanzado el debate, el bonaerense Jorge Taiana (Frente de Todos) manifestó que enviar el Convenio para su aprobación es “un acto de reparación ante una maniobra arbitraria, escandalosa, vergonzosa e inmoral que llevó adelante el presidente Macri”.

Al momento de su intervención, el neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) realizó un repaso histórico del nacimiento de la Ciudad de Buenos Aires como capital y señaló: “Todos los argentinos invertimos plata en la Ciudad. Es la que más recauda porque es en la que más gastan todos los argentinos”.

El oficialista observó que, según el Presupuesto porteño de 2019, hubo gastos en “publicidad, consultorías, catering”, entre otros aspectos, por un total de “6 mil millones de pesos”, lo cual representa “el doble del presupuesto total de Concordia (Entre Ríos)”. También lo comparó con el del partido de La Matanza, que es de “12 mil millones de pesos”, es decir, “los gastos superfluos de la Ciudad son la mitad del total de La Matanza”, dijo.

Luego fue el turno de dos bonaerenses. La opositora Gladys González (Pro) cuestionó: “Me da tristeza y me parece increíble que mis compañeros senadores oficialistas se lamenten por lo bueno que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿De qué se lamentan? ¿Se lamentan del Metrobus, que lo que significó fue que los trabajadores viajen mejor y más rápido? ¿Se lamentan del SAME, de la excelencia del SAME? ¿Se lamentan de un sistema de salud que recibe 50% de pacientes que no son porteños?”.

En tanto, su par Esteban Bullrich (Pro) sostuvo que la gestión anterior dejó “a mi provincia con 4,5% más de coparticipación, eso es federalismo, hablemos claro, hablemos con números. El discurso barato no sirve”. “Esto es un parche y un parche no resuelve el problema”, subrayó.

En el último tramo, la porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri vinculó la iniciativa con “un ataque directo y decidido por estrategias electorales y revanchismo político”. “La Ciudad les esquiva electoralmente, esa es la razón para quitarle el presupuesto”, le reprochó al oficialismo.

Cerca del final del debate, Mariano Recalde (Frente de Todos) calificó de “ilegal” el decreto de Macri que le otorgó más fondos a la Ciudad, y consideró que “lo que necesita la ciudad más rica de la Argentina no es de tantos recursos, sino una gestión que piense en los que más necesitan”.

El porteño le reprochó al Gobierno de Cambiemos no haber seguido “los pasos constitucionales correspondientes” al momento del traspaso de la Policía, por lo que habló de “una transferencia de recursos que estuvo mal hecha”, no solo por considerar que fue inconstitucional, sino también con “una intencionalidad política”.

Recalde insistió en que la medida fue “inconstitucional porque no pasó por el Congreso; infundada y excesiva, porque ni siquiera exhibieron los números que fundamenten esa enorme transferencia de recursos a la Ciudad, e incluso cuando empezaron a discutir los números en este Congreso, se demostró que era excesiva, cosa que no solo reconoció el propio ministro Rogelio Frigerio en 2016 ante gobernadores, sino que se comprometió a corregirlo y no lo  hizo”.

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