En un día inhabitual para sesionar, la Cámara alta se reunirá este viernes a partir de las 14 con un temario que incluye solo dos proyectos de ley que prometen un intenso debate. Por un lado, la reducción de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía durante la gestión anterior; y por el otro, el régimen de promoción de la economía del conocimiento.

Pero para el inicio se espera un renovado debate en torno al protocolo para sesionar de manera remota. Es que se someterá a consideración un decreto firmado el miércoles pasado por la vicepresidenta Cristina Kirchner (el 16/20) que modifica la prórroga de las sesiones remotas, habilitando la presencia de cuatro senadores más en el recinto, dos por el Frente de Todos y dos por Juntos por el Cambio. Estos senadores se sumarán a la presidenta provisional y los tres vicepresidentes, que ya estaban habilitados desde el inicio de esta modalidad.

Como sea, la discusión promete ser dura, ya que Juntos por el Cambio realizó una presentación ante la Justicia y, por ende, no avala el sistema en tanto no se apruebe con una mayoría especial.

En el arranque de la sesión se dará cuenta de los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo solicitando pedidos de acuerdos. Luego avanzarán con la aprobación del convenio de transferencia progresiva de facultades y funcionamiento de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre CABA y el Estado nacional el 5 de enero de 2016.

El dictamen del proyecto fue suscripto el jueves pasado y establece la aprobación del proyecto que fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad, en el marco del Convenio aprobado, en 24.500 millones de  pesos. Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente.

El Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos mencionados.

La suma establecida se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad, y su actualización se realizará en forma trimestral.

El Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la CABA informarán a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo 2° (salario promedio de la Policía Federal Argentina e índice de precios al consumidor), de acuerdo con sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración.

El INDEC, a solicitud de la Secretaría de Hacienda o del Ministerio de Economía, verificará la metodología empleada y realizará las recomendaciones u observaciones que resulten pertinentes para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta ley.

El jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto 2020 conforme a la prórroga de la ley 27.467 establecida por el decreto N° 4 del 2 de enero de 2020 y las modificaciones introducidas por la ley 27.561, a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la CABA por aplicación del artículo 8° de la ley 23.548 (Coparticipación federal) y sus modificaciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del decreto N° 735/20.

Se faculta al Ministerio de Economía a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias necesarias para dar cumplimiento a esta ley.

Economía del conocimiento

Luego será el turno de un tema largamente reclamado por la oposición, que ya cuenta con media sanción de Diputados, que recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo cual volvería a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

La iniciativa implica un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, con el objetivo de generar divisas y empleo de calidad.

Entre otras modificaciones, se definió con mayor precisión cuáles son los servicios profesionales alcanzados, y se estableció que el bono fiscal a otorgar para la cancelación de impuestos -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.

Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las pymes, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.

Por otro lado, se eliminó el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, según el proyecto aprobado en Diputados hace más de tres meses.