Por unanimidad, la Cámara alta aprobó la iniciativa que busca impulsar al sector con beneficios fiscales e impositivos. Juntos por el Cambio pidió no introducir modificaciones y a la hora de la votación se ausentó.
Pasada la medianoche, el Senado aprobó el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, que volverá a la Cámara de Diputados porque sufrió una serie de modificaciones, a pesar de que Juntos por el Cambio pidió avanzar sin cambios para no retrasar más la sanción.
El nuevo texto recibió 41 votos afirmativos, del Frente de Todos y los senadores Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se desconectaron del recinto virtual, como lo hicieron horas antes al votarse el proyecto sobre quita de fondos para la CABA.
La iniciativa establece un régimen de promoción desde el 1ro. de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas donde el 70% de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas.
Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, resaltó que los cambios formulados al texto tienen “una lógica equitativa, federal y solidaria”, y “tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”.
El senador del Frente de Todos señaló que la redacción final fue el fruto de dos meses de trabajo donde se consultó a los actores involucrados.
Explicó que los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.
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Al ir al detalle, el chubutense señaló que las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales abonadas. En el nuevo texto se aclaró que el bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”.
El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal es de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
El bono será del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.
Otro de los cambios, apuntó Luenzo, fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” a través de universidades y organismos nacionales respecto del cumplimiento del régimen.
El legislador precisó que el costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año. “Por cada dólar de costo fiscal se esperan exportar 33 dólares”, destacó.
En nombre de Juntos por el Cambio, Julio Martínez (UCR) lamentó que el Gobierno haya suspendido la ley a principios de año y pidió que el Senado apruebe el proyecto sin modificaciones, al considerar que en Diputados “no va a salir rápido”.
“Duele que esta ley se haya frenado por nueve meses innecesariamente. La falta de esta ley ha generado la pérdida de 11.000 puestos de trabajo y de 95.000 millones de dólares en exportación”, alertó el riojano, y advirtió que “el 98% de las empresas que más han perdido en estos nueve meses son las pymes, y muchas se han ido del país”.
Por el Pro, Esteban Bullrich señaló que “es bueno que haya una política de Estado” sobre el tema, pero coincidió con Martínez en que “los cambios limitan la ley”. En el mismo sentido, el radical Víctor Zimmermann sostuvo que “el proyecto proveniente de Diputados posee mayores incentivos fiscales que el modificado”.
Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sostuvo que “este proyecto es un instrumento clave en la planificación estratégica del país que hace nuestro Gobierno”, y que “nos permitirá aumentar la productividad de nuestra economía, generando trabajo digno y de calidad y proyectándolo también hacia todo el interior”.
“Esto va a permitir apuntalar la recuperación y el crecimiento económico con una perspectiva integrada, equitativa y federal”, señaló el oficialista, en coincidencia con Luenzo.
También por el Frente de Todos, Silvina García Larraburu dijo que “esta ley es muy esperada por el sector científico y tecnológico del país” y recordó que a partir de la Ley de Software, del año 2004, “se desplegaron un conjunto de políticas que posibilitaron a estas industrias a ocupar el tercer lugar en la economía del país”.
Al cierre del debate, Anabel Fernández Sagasti manifestó: “Hemos logrado un mejor proyecto que el que vino de Diputados porque hemos tenido diálogo con el Ejecutivo Nacional, con diputados y miembros del sector, incluso el sector gremial”.
Fernández Sagasti elogió que el Senado decidiera “parar la pelota y pensar cómo hacer crecer a este sector”, y a su vez “no diezmar al Estado y no seguir haciéndolo un socio bobo de aquellos que ya no necesitan su apoyo, sino que ya pueden caminar solos”.
La vicejefa del bloque oficialista ponderó que el estado invertirá con esta ley “18.000 millones de pesos anuales para que eso se multiplique en divisas, empleo y crecimiento”.
