El Senado sesiona para aprobar la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires

El Frente de Todos cuenta con los números para avanzar con el proyecto que lleva el coeficiente a 1,4% y establece una fórmula para calcular los gastos en seguridad. Además, la iniciativa de economía del conocimiento recibirá modificaciones y volverá a Diputados.

En un día inhabitual, el Senado comenzó este viernes su sesión especial a las 14.22, durante la que el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional que establece una baja al 1,4% de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, al reducir los recursos que son girados al distrito porteño por los gastos de la Policía Federal traspasada durante la gestión anterior.

Además, se tratará la iniciativa de economía del conocimiento, que recibirá cambios y volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

En el comienzo, el pleno tratará el decreto 16/20 firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el cual se habilitó que cuatro senadores más puedan estar presentes en el recinto durante las sesiones remotas -dos por el Frente de Todos y dos por Juntos por el Cambio-.

Dicho decreto modifica el 14/20, ratificado hace dos semanas atrás por el voto de la mayoría, pero con el rechazo de la oposición -salvo Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana-, que planteó que la prórroga del funcionamiento remoto se trata de un cambio de reglamento y, por ende, requiere de los dos tercios de los votos -es decir, mayoría especial-. Por este tema, Juntos por el Cambio realizó una presentación ante la Justicia.

El temario continuará con el ingreso de un paquete de pliegos enviados por Poder Ejecutivo para cubrir cargos en el Poder Judicial. Entre ellos se encuentra el de Raúl Daniel Bejas, juez federal de Tucumán, candidato a ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral.

Convenio de transferencia de la competencia de seguridad a la Ciudad

La primera iniciativa del temario propone la aprobación del convenio de traspaso de la Policía Federal desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires, firmado en enero de 2016 por el gobierno anterior.

El proyecto trata de fijar unos 24.500 millones de pesos para atender los gastos -de acuerdo a los recursos que significó este año-, y establece que ese monto se actualizará anualmente por una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.

También establece que la suma “se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su actualización se realizará en forma trimestral”.

“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad informarán a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo 2°, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega. Y finalmente indica que los gastos presupuestarios se readecuarán una vez que esté en vigencia la ley.

Economía del conocimiento

Luego será el turno de un tema largamente reclamado por la oposición, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y que recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo cual volvería a la Cámara baja para su sanción definitiva.

La iniciativa implica un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, con el objetivo de generar divisas y empleo de calidad.

Entre otras modificaciones, se definió con mayor precisión cuáles son los servicios profesionales alcanzados, y se estableció que el bono fiscal a otorgar para la cancelación de impuestos -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.

Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las PyMEs, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.

Por otro lado, se eliminó el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, según el proyecto aprobado en Diputados hace más de tres meses.

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