Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, resaltó este viernes que los cambios a la ley de economía del conocimiento introducidos en el Senado tienen “una lógica equitativa, federal y solidaria”, y “tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”.

El senador del Frente de Todos señaló que la redacción final fue el fruto de dos meses de trabajo donde se consultó a los actores involucrados.

Explicó que los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.

Al ir al detalle, el chubutense señaló que las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado.

En el nuevo texto se aclaró que ese bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”, especificó Luenzo.

El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal será de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias.

Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”, según se estableció.

El bono ascenderá al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.

Otro de los cambios, apuntó Luenzo, fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” respecto del cumplimiento del régimen, a través de universidades y organismos nacionales.

El legislador precisó que el costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año. “Por cada dólar de costo fiscal se esperan exportar 33 dólares”, destacó, y por otra parte ejemplificó: “En un sueldo de 80.000 pesos, el beneficio sería de 10.424 pesos en reducción de aportes patronales, mientras que el retorno al Estado a través de gravámenes sería de 39.600 pesos”.