Cuestionan que habiliten las escuelas para votar y no para enseñar

Legisladores porteños contrastan la habilitación brindada para las elecciones bolivianas contra el rechazo expresado por el Ministerio de Educación a habilitar el reinicio de clases.

“Prácticamente desde el inicio del ASPO estamos observando los impactos negativos que la pandemia ha tenido en los niños, niñas y adolescentes”, observaron legisladores porteños  de Evolución, que advirtieron que “la educación remota, especialmente para los alumnos y alumnas más vulnerables, no es capaz de resolver estos problemas”.

A través de un comunicado, señalaron que “desde hace algunos meses se viene discutiendo en la sociedad qué formas de presencialidad son viables en el marco de la evolución de la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires. La discusión se centra en encontrar el equilibrio entre brindar una respuesta educativa más efectiva a los estudiantes más vulnerables y cuidar la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa”.

En ese marco es que los diputados consideran “llamativa” la postura del Gobierno nacional de autorizar la realización de un proceso electoral de un país extranjero en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, mientras su ministro de Educación afirma que las escuelas todavía no son lugares seguros para recibir a una cantidad considerablemente menor de estudiantes que la que se acercará a las escuelas a votar”.

“Esta contradicción implica que no es necesario proteger a los ciudadanos de este país extranjero de potenciales contagios o que la negativa a autorizar el funcionamiento de las escuelas bajo los protocolos propuestos responde a criterios que no son epidemiólogos”, agrega el comunicado suscripto por Ariel Alvarez Palma, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Juan Francisco Nosiglia, Martín Ocampo, Manuela Thourte, María Patricia Vischi y Diego Weck.

UCR Evolución considera “prioritario” atender la crisis educativa y alienta “la apertura a un diálogo abierto y plural con todos los sectores políticos, especialistas y otros actores relevantes del sector, con el fin de establecer criterios, acordar acciones y resolver los problemas consecuentes de la pandemia, con el fin de garantizar alternativas para un regreso a las aulas en el corto plazo”.

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