Vanesa Siley presentó un proyecto en ese sentido tres días después de que Carlos Rosenkrantz convocara a los integrantes del tribunal a analizar si correspondía tratar el per saltum pedido por tres jueces desplazados por el oficialismo.
El mismo día en que el presidente Alberto Fernández la emprendió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia por haber convocado a sus pares del Alto Tribunal para el tratamiento del per saltum pedido por los tres jueces desplazados por el Senado, una diputada nacional del Frente de Todos presentó un pedido de juicio político contra el propio Carlos Rosenkrantz.
En efecto, el viernes 25 de septiembre pasado, tres días después de que el presidente del Tribunal convocara a reunirse el martes siguiente para tratar el pedido de los jueces Leopoldo Bruglia, Eduardo Bertuzzi y Germán Castelli, la diputada Vanesa Siley presentó su pedido de juicio político ampliando los fundamentos de los pedidos del año 2017.
Así lo anunció la diputada, del gremio de los judiciales, que responsabiliza a Rosenkrantz de “cajonear la causa Blaquier para evitar que la corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió”, aseguró, agregando que “sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier”.
“La reciente convocatoria a la comisión Interpoderes, a la que se negó desde que es presidente (incluso ante 7 pedidos de los organismos de DDHH), es una victoria de la democracia y de nuestras Madres y Abuelas. No de la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado”, tuiteó este sábado Siley, al anunciar la presentación de su proyecto.
En el mismo promueve el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
En todas las causas que incluye en su pedido de juicio político, entre las que incluye la habilitación del 2x1 de 2017 para un caso de lesa humanidad, Siley sostiene que “no solo se evidencia una nula actuación jurisdiccional, sino que más bien se confirma una firme postura ideológica por parte del doctor Rosenkrantz que es contraria a las leyes, la Constitución Nacional y los pilares fundamentales del Estado de Derecho”.
Sostiene la diputada que desde que Rosenkrantz asumió la presidencia del cuerpo “gran parte de sus decisiones jurisdiccionales y administrativas estuvieron orientadas a cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos en nuestro país”.
Sobre el final de su presentación, Siley recuerda la doctrina sentada por el Congreso en el caso del juicio político realizado en 1991 al juez Alberto Oscar Nicosia, que estableció que “constituyen mal desempeño todos aquellos actos que violan la constitución y las leyes del país, o que sin violarlas puedan constituir un abuso, un exceso en las atribuciones para el logro de fines indebidos”.
“Finalmente, estimo cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara, razón por la que solicito que esta petición sea girada a la Comisión de Juicio Político a los fines de su pronta evaluación”, concluye.
