En un plenario de comisiones, el oficialismo y aliados firmaron dictamen para ratificar las modificaciones que el Senado realizó al proyecto. Sería convertido en ley este miércoles.
Con el acompañamiento parcial de bloques provinciales y el rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo firmó dictamen favorable sobre el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, ratificando los cambios que le introdujo el Senado el último viernes.
El proyecto avanzó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática, y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la sesión virtual convocada para este miércoles a las 15.
El oficialismo destacó que la nueva redacción establece, entre otras cosas, una diferenciación en la reducción del impuesto a las Ganancias, que ya no será del 60% para todas las empresas, sino del 60% para las micro y pequeñas empresas, del 40% para las medianas y del 20% para las grandes.
Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, confesó que originalmente “no lo convencía” la ley “porque no diferenciaba a las pequeñas y medianas empresas de las grandes, unificaba demasiado los beneficios, que tenían que tener un escalonamiento”.
“Los cambios que incorporó el Senado vienen en la dirección de lo que a mi me dejaba insatisfecho en el planteamiento original”, expresó, y celebró que ahora “los recursos estén orientados a las empresas que más lo necesitan”.
Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.
Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
Otro punto destacado de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto aprobado en Diputados establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.
Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.
Por el oficialismo, Claudia Bernazza destacó la “sensatez” de los cambios, en cuanto a la “federalización de los beneficios” y el apoyo a las pequeñas empresas, y a pesar de que pasaron más de tres meses desde la aprobación en Diputados, elogió “la celeridad con la que los senadores trataron el caso y perfeccionaron la letra de la ley con el mismo espíritu”.
Por el contrario, la radical Karina Banfi advirtió que mientras los legisladores “van y vienen” con esta ley, ahora en tratamiento por tercera vez, “el sector sigue desamparado”. “Ojalá hubiesen manifestado sus observaciones a la ley mientras llevábamos adelante los acuerdos, que además lograron unanimidad hace tres o cuatro meses”, recordó.
Al referirse a los cambios, advirtió que “para tener una autoridad de aplicación con la discrecionalidad que le dan, no tiene sentido hacer una ley”, y por otra parte señaló que “no tiene mayor sentido” que el bono de crédito fiscal sea intransferible. “No se está entendiendo cómo funciona y lo que necesita este sector”, cuestionó.
En tanto, criticó la “incoherencia en la cual se apoya toda la política productiva de este gobierno”, y se preguntó “qué seguridad jurídica le estamos dando a los inversores” con la revisión de la ley.
Banfi advirtió que la redacción del Senado “no beneficia al mercado exportador” y “los que van a crecer van a tener menos beneficios”. “Queremos apostar a que haya muchos microemprendedores que puedan usar esta ley sin tener que acarrear todos los costos que eso significa, pero no paramos de ponerle palos en la rueda a todo el sector productivo”, remató.
Luis Pastori, también del radicalismo, habló de una “grosera mora en el tratamiento hasta que los senadores finalmente se dignaron a tratar la ley, introduciendo una serie de modificaciones con las cuales, en su mayoría, no estamos de acuerdo”.
Al igual que Banfi, opinó que “no hay justificativo” para que el bono de crédito fiscal sea intransferible, algo que “le daba mayor poder de movilidad al bono”. También dijo que ahora se podrá convertir en ese bono “hasta el 70%” de las contribuciones patronales pagadas, lo que tiene “olor a discrecionalidad en el manejo por parte de la autoridad de aplicación” en la reglamentación.
Pastori criticó, a su vez, que las empresas no puedan cancelar el pago de Ganancias con el bono, lo cual “le quita un gran atractivo” a la ley.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, celebró “este tercer round donde el Senado paró la pelota y logró corregir una inequidad muy grande en el anterior proyecto”, relacionada a la rebaja del 60% de Ganancias para todas las empresas por igual.
“Los que más ganan tienen que pagar más impuestos; a los que están en el medio hay que ayudarlos para que crezcan; y a los que recién arrancan hay que potenciarlos. Eso se llama escalonamiento”, sostuvo el mendocino, y agregó: “No se puede garantizar a todos el mismo beneficio, porque sino va a seguir ocurriendo que cada vez son menos los que se apoderan de determinadas actividades económicas”.
Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) consideró que “por una cuestión de soberanía del conocimiento y de entender por dónde va la economía capitalista, nos guste o nos guste, Argentina tiene que convencerse de que a las empresas chicas hay que hacerlas grandes, y a las grandes hay que convertirlas en multinacionales”.
El santafesino opinó que algunos cambios son positivos y otros negativos, y anunció que el Interbloque Federal, al cual pertenece, decidirá su postura final en las próximas horas.
Por su parte, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó que el Senado “pulió” el proyecto “haciendo un equilibrio en la inversión que va a hacer el Estado nacional para promover un sector de la actividad económica” con beneficios impositivos.
Casaretto aclaró que el régimen tendrá vigencia desde el 1ro. de enero de este año, por lo cual “la demora de un mes más o un mes menos” en la sanción de la ley no influirá en “las 469 empresas que estaban inscriptas hasta este momento”, mientras que “para las nuevas que quieran adherir, los beneficios van a ser desde la publicación de la ley”.
“No venimos al Congreso como lobbystas de un sector o de una empresa. Venimos a disponer de los recursos de todos los argentinos”, enfatizó el entrerriano.
