Revés para el bloque Juntos por el Cambio en su rechazo a las sesiones remotas. Con numerosas referencias a la acción de declarativa de certeza solicitada oportunamente por la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema de Justicia, con relación a la posibilidad de funcionar de manera remota, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, rechazó este martes el amparo presentado oportunamente por la principal oposición, considerando válida la sesión del 1 de septiembre. Por el contrario, se validó también el derecho de la Cámara de Diputados a funcionar de manera remota y, de yapa, se condenó a los demandantes a pagar costas.

Por la tarde, el interbloque mantuvo una reunión y resolvieron apelar el fallo del juez Enrique Lavié Pico. Encargados de redactar la apelación son el diputado radical Gustavo Menna y el del Pro Pablo Tonelli.

La acción judicial fue presentada a la semana siguiente de la bochornosa sesión del 1 de septiembre, suscripta por los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Pablo Tonelli, Mariana Stilman y Gustavo Menna, y pedía declarar la “nulidad absoluta e insanable” de prorrogar el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto aprobado el 13 de mayo pasado, argumentando que tal decisión carecía del “consenso necesario para su validez”. Y como tal, pedían la nulidad de la sesión especial realizada por esa vía el 1 de septiembre. En dicha sesión se convirtió en ley el proyecto referido al sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística, y una modificación al Régimen Federal de Pesca.

En el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, se alude al contexto de crisis sanitaria y social, “con su consiguiente repercusión en la actividad de los poderes del Estado”, refiriendo el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo, dictado el 12 de marzo pasado, por el cual se amplió la emergencia pública sanitaria por espacio de un año, fijando una serie de medidas y recomendaciones dirigidas tanto a la ciudadanía, como así también a los distintos sectores del Gobierno, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.

Luego refiere al agravamiento de la situación epidemiológica y al decreto  297/20, que el 20 de marzo pasado dispuso el ASPO, y que entre otras cosas invitó a los restantes poderes del Estado a adherir a la norma. Decisión que, con sus pautas y restricciones, se extendió hasta la actualidad. En ese marco es que las dos cámaras del Congreso decidieron acompañar la medida del PEN, y en el caso de la HCDN ratificó a través de la Resolución 661/20 la continuidad de la modalidad de trabajo conectado remoto para aquellas tareas que puedan realizarse de forma domiciliaria.

Se rechaza el amparo y “las costas se imponen en el orden causado, en atención a las particularidades circunstancias de la cuestión debatida”.

El fallo se hace eco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, ante la acción declarativa de certeza solicitada oportunamente por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, donde se expresa que “la parálisis causada por la pandemia exige de las instituciones de la República el desarrollo de los mecanismos que sus autoridades consideren necesarios para asegurar la permanencia de sus tareas (…) La necesidad de seguir sesionando, por un lado, y de respetar las normas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud así como las aislamientos sociales dispuestos por los distintos gobiernos, por el otro, han conducido a otros congresos y parlamentos a adoptar diferentes formas para continuar con sus funciones y cumplir su rol constitucional. Así, en algunos casos se ha dispuesto la presencia restringida de legisladores con derecho a voto por bloque parlamentario (Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Suiza y Nueva Zelanda), otros se ha previsto sesionar con video conferencia y votar de manera electrónica remota (Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Rumania), y en otros se han implementado sistemas que combinan la presencia reducida de legisladores con votación electrónica remota (España, Holanda y Polonia). En nuestro país, algunas legislaturas provinciales ya vienen sesionando por sistemas remotos, virtuales y teleconferencias (Mendoza, Salta, Córdoba y Santa Fe)”.

A continuación el fallo recuerda que quienes plantean el amparo dicen actuar “en defensa de un interés proio, personal y difrenciado que da lugar a una colisión efectiva de derechos”, dado que se les “impidió ejercer el mandato que nos ha dado el pueblo de participar personal y efectivamente de las sesiones legislativas, expresar nuestro punto de vista mediante el voto y, en definitiva ser parte de la decisión necesariamente coelctiva de la Cámara de Diputados”. Para el juzgado, y de conformidad con el criterio que la Corte Suprema ha mantenido en sus precedentes- “el fin y las consecuencias del control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa, requieren que el requisito de la existencia de un ‘caso’ o ‘controversia judicial’ sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de los poderes”.

“En la cuestión bajo examen no aparecen verificados los recaudos indicados a los fines de habilitar la jurisdicción, en punto a la legitimación que proponen los actores a efectos de impugnar la actividad de la Cámara que integran, toda vez que no se advierte acreditada la existencia de un gravamen —apoyado, como se expuso, en las irregularidades y nulidades que denuncian— a un interés jurídico tutelable, al no haberse afectado ninguna de sus prerrogativas propias del cargo”. Esto es habida cuenta de que “los legisladores fueron convocados a deliberar en las sesiones observadas”, el 28 de agosto pasado.

El fiscal federal señaló por su parte, para propiciar el rechazo de la demanda, lo siguiente: “el diferendo gira en torno a la recta interpretación de un reglamento interno de carácter provisorio, y al desacuerdo en torno a la vigencia del Protocolo en cuestión, derivado de la concurrencia de unos de los recaudos establecidos allí mismo a los fines de su prórroga. Cuestión que, como observó la CSJN, corresponde a una materia que no está regulada directamente en la Constitución, y por lo tanto corresponde a la autonomía funcional del cuerpo legislativo, siendo luego de su exclusiva y privativa competencia” y añadió que “si bien el requisito y cómputo del quórum –cuestión planteada por los actores como una presunta irregularidad de la sesión es una de las cuestiones de procedimiento que sí regula expresamente la Constitución, el desacuerdo entre las partes se refiere específicamente a si debía considerarse presentes a los diputados que asistieron presencialmente al recinto, o quienes se registraron en el sistema de sesión telemática. Esa cuestión remite nuevamente al debate sobre la vigencia del Protocolo y a la validez de su prórroga, que según se indicó más arriba, corresponde a la autonomía funcional de la Cámara y es ajena a la intervención judicial”.

El fallo señala con respecto a la sesión especial del 1 de septiembre que los amparistas “fueron debidamente convocados”, y según se desprende de la versión taquigráfica “los legisladores hicieron uso de la palabra, expresaron sus opiniones y/o discurso”, aunque sin embargo “no se registraron en el sistema VPN, contenido en el Protocolo. Surge del documento que el presidente de la Cámara de Diputados requirió a los diputados de JxC en diversas oportunidades que “debían loguearse, sin embargo alguno/as decidieron no hacerlo”.

“Frente a tales circunstancias, acontecidas en un contexto de pandemia de alcance mundial, resulta —en forma clara— la carencia que detenta el planteo de los aquí actores, dado que no surge de la documental agregada ni tampoco aquéllos han logrado demostrar las irregularidades y las nulidades que denuncian en sus escritos, por las cuales -dicen- habrían resultado afectadas las funciones propias del cargo que detentan, de conformidad con el criterio seguido por la CSJN en muchos precedentes”.

Surge del documento que el presidente de la Cámara de Diputados requirió a los diputados de JxC en diversas oportunidades que “debían loguearse, sin embargo alguno/as decidieron no hacerlo”.

“En las condiciones señaladas, resulta claro que la impugnación que se pretende someter a examen de este Tribunal no puede ser asimilada al supuesto de ‘caso contencioso’, ya que las argumentaciones que se sostienen en la demanda planteada, referidas a la modalidad de funcionamiento propio y exclusivo del Poder Legislativo, permite concluir que no se verifica en el sub-lite la afectación de un interés jurídico inmediato o directo que dé lugar a una controversia actual o concreta y, sobre esa base insoslayable, que se presente un asunto apto de ser juzgado en el ámbito del Poder Judicial de la Nación”, grafica el fallo, que nuevamente refiere a la acción de certeza solicitada por Cristina Kirchner, ante la cual la Corte “explicó de manera clara y contundente que ‘como principio general… el ámbito de su control jurisdiccional no alcanza a las decisiones de otros poderes del Estado adopten dentro de la esfera de competencia que la Constitución Nacional les asigna como propia y exclusiva”.

En consecuencia, el fallo concluye advirtiendo que “decidir sobre la pretensión articulada en autos importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado; disponiendo no solo sobre el procedimiento materializado por los distintos bloques de la H. Cámara de Diputados de la Nación, sino también sobre el posterior modo de actuación de la HCDN con relacio´n al ejercicio de facultades que les son propias”.

“Ello implicaría un evidente exceso de la función jurisdiccional; o dicho en otros términos, no corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondientes; en el caso, lo dispuesto por la H. Cámara de Diputados de la Nación”, remarca la resolución. Y agrega: “en las causas que se impugnan actos cumplidos por otros poderes del Estado, en el ámbito de las facultades que les son privativas, la facultad de revisión judicial no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, puesto que si así fuera, se haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás autoridades de la Nación”.

“Máxime, cuando lo que se trae a consideración de un Tribunal de Justicia es –como en el caso– la reedición de una cuestión que se ha debatido y resuelto en el seno del Poder Legislativo de la Nación por el juego de las mayorías y minorías respectivas, propio del sistema republicando y democrático garantizado por la Carta Magna, lo que produciría una ‘invasión del Poder Judicial en el ámbito de las potestades propias de los otros poderes de la Nación, con grave detrimento de la misión más delicada de aquél: la de saber mantenerse dentro de su órbita de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial, evitando así enfrentamientos estériles con los restantes poderes’”, puntualiza la resolución.

Así las cosas es que se rechaza el amparo y “las costas se imponen en el orden causado, en atención a las particularidades circunstancias de la cuestión debatida”.

Negri-amparo