La ley impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue sancionada con 37 votos positivos y 23 negativos, y permitirá la construcción de inmuebles de hasta 10 pisos.
A pedido del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura porteña aprobó –en primera lectura- con 37 votos a favor y 23 en contra una ley que busca modificar las definiciones paisajísticas y urbanísticas del Complejo Costa Salguero – Punta Carrasco (también conocido como Distrito Joven – Costanera Norte), que surgieron de un concurso de ideas.
Según informaron las autoridades, la norma “tiene el propósito de embellecer, parquizar y revalorizar ese sector ribereño para solaz y esparcimiento público junto a desarrollos privados”.
La medida contó con el aval de Vamos Juntos, Partido Socialista y UCR-Ev; mientras que GEN, Frente de Todos, FIT, PTS, Consenso Federal, AyL y Partido Obrero lo rechazaron.
De esta manera, la Casa reformuló la actual zonificación de esos terrenos que abarcan unas 17 héctareas, al que también se le suma un predio lindante de otras 14 hectáreas.
Además se sancionó –este mismo jueves- otros convenios con los desarrolladores inmobiliarios:, Koolhaas S.A, y las firmas Arkinver S.A. y kilómetros S.A. A través de estos acuerdos, la Ciudad prevé un ingreso de 6 millones de dólares que se destinarán a los gastos ocasionados por la pandemia del Covid 19.
La intención del Gobierno porteño es avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.
Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.
El debate en el recinto
En el marco de una tensa sesión, la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez (VJ), explicó que “los convenios urbanísticos son acuerdos que se establecen entre el GCBA con otros municipios u organismos, así como también con particulares en el marco de una articulación pública – privada en los que existe una contraprestación entre las partes” e insistió en que “es clave para entender: en todo convenio se fijan beneficios mutuos entre los firmantes y se persiguen los objetivos específicos o generales prescritos en el artículo 10.9 del Código Urbanístico, que promueve una Ciudad integrada, policéntrica, plural, saludable y diversa”.
Asimismo indicó que “la zona se presenta como una barrera urbana, debido a sus grandes predios. Si bien Palermo es una zona de muchos espacios verdes, a raíz de una encuesta realizada a vecinos, coincidieron en que son necesarios más espacios de ese estilo” e insistió en que “es momento de revalorizar al Río de la Plata, esto va a favorecer los espacios verdes costeros y la mixtura de usos”.
Por su parte la diputada de AyL Marta Martínez remarcó que “los proyectos que están en tratamiento visibilizan un nivel más de la impunidad del oficialismo en torno a creación de negocios inmobiliarios a espaldas de la población” e insistió en que “esto es una estafa completa a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, están convalidando un fraude y extorsionándolos diciéndoles que si no se aprueban estos convenios no habrá fondos para combatir la pandemia”.
A su vez Sergio Abrevaya (GEN) aseguró que “necesitamos un debate de dónde una Ciudad como Buenos Aires concentra este tipo de construcciones, no podemos seguir dando permisos individuales sólo por interés” y aseveró que “la posibilidad de construir propiedades de lujo pegadas a la ribera del río va en contra de todo lo que la Ciudad necesita. Primero, la CABA requiere viviendas para los que no acceden, para empezar, de las tres millones de personas que viven en la Ciudad, el 35% alquila”.
“Esto no solo no les resuelve el problema, sino que las torres empujan el valor de la tierra, encareciéndola. Por otro lado, estas edificaciones que bloquearán la vista, son un obstáculo para que la Ciudad mire hacia el río”, completó.
En tanto Alejandrina Barry (FIT) señaló que “la pandemia sacó a la luz problemas que ya existían y los amplificó: el hacinamiento, la falta de vivienda, la falta servicios básicos como el agua y el tema de los espacios verdes” y destacó que “si como si esto no existiera y no fuera un problema urgente a resolver, hoy discutimos convenios que son puro negocio, en los que se instaura un mecanismo en el que una constructora paga y las leyes se modifican a su favor”.
Además aseguró que “esta Legislatura antes era una escribanía, ahora es un kiosco que vende cosas a las empresas. Están creando un Puerto Madero 2, en donde va a haber torres de lujo y que tiene un único objetivo y es la especulación inmobiliaria”.
A su vez Matías Barroetaveña (FdT) alertó que “detrás de la denominación amigable de ‘Distrito Joven’, se esconde el verdadero propósito que es construir torres de 30 metros frente a aeroparque cuyo destino final será seguramente la explotación de alquileres temporarios” y aseveró que “desde la llegada del gobierno del Pro, la Ciudad ha vendido alrededor de 150 hectáreas, lo que equivale a la superficie de un barrio como San Telmo. A esto hay que sumarle la 70 hectáreas de tierra nacionales en las ciudad que vendió Macri cuando fue presidente”.
“Las necesidades de los porteños y las porteñas no aparecen nunca en la ecuación del Gobierno de Larreta, este proyecto supone la pérdida de un acceso a la costa, repitiendo el viejo paradigma de la ciudad de espaldas al río”, expresó y añadió que “en una Ciudad con un profundo déficit habitacional, la prioridad de Vamos Juntos es hacer torres para negocios de alquiler temporario”.
En contraposición el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) subrayó que como bancada “creemos que la discusión de fondo es la discusión acerca de la realización del interés público, es decir, como un Gobierno mira esa realización” y resaltó que “tenemos una mirada armónica, en la que el Estado y los privados pueden trabajar en conjunto y diseñar espacios que sirvan para el bien común… tenemos que hacer conjugar el interés público y privado de forma tal que vayan en conjunto”.
