Tal y como lo viene haciendo desde hace varios años, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano volvió a presentar en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual exigió la separación del Estado y la Iglesia, por lo cual pidió eliminar los beneficios económicos que perciben estas instituciones.

En ese sentido, el proyecto plantea dejar sin efecto las exenciones impositivas comprendidas en el Código Fiscal otorgadas a entidades religiosas estén registradas o no y cualquiera sea su conformación jurídica (lugares de culto, congregaciones, viviendas particulares o colectivas, fundaciones y ONG’s incluídas las que se presentan como “de bien público”, empresas y entidades educativas).

La iniciativa también estable que, en caso de que sea sancionada, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) tendrá un plazo de 30 días para hacer público el listado de propiedades pertenecientes a entidades religiosas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallando los beneficios impositivos establecidos con anterioridad.

A su vez busca derogar todas las cesiones de inmuebles a título de uso precario y gratuito a favor de entidades religiosas, así como también solicita que la AGIP publique el listado de propiedades de dominio del Estado para proceder a su tasación y estipulación de un alquiler, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida Solano indicó que “de este modo se pretende avanzar en la separación de la Iglesia del Estado, en este caso el de la Ciudad, golpeando su capacidad de injerencia, denunciando su función social, cultural, educativa, su accionar político y terminando con el sostén del Estado a la misma” y remarcó que “este objetivo democrático básico se ha vuelto un problema de primer orden a la luz de la lucha del movimiento de mujeres por el aborto legal, seguro y gratuito”.

Asimismo recordó que “luego de la media sanción en diputados, la Iglesia Católica (también la Evangélica y otros credos) desplegó todos sus recursos económicos, organizativos y políticos para desarrollar una campaña oscurantista, anti científica, basada en engaños y prejuicios inaceptables contra un derecho elemental de la mujer como el aborto legal”.

Sobre esa misma línea, el trotskista advirtió que “en  la Ciudad de Buenos Aires la Iglesia Católica y el resto de las religiones tienen enormes beneficios que representan un sostén del Estado a una usina reaccionaria, oscurantista, antiderechos que brinda como contrapartida una contención social frente al saqueo de las condiciones de vida de las masas y un adormecimiento y resignación frente a la necesidad del pueblo de desarrollar toda su capacidad de lucha para derrotar el ajuste”.

“La eliminación de este sostenimiento tiene un sentido claramente democrático que la burguesía y sus partidos no están dispuestos a llevar adelante porque entrañaría liberar al pueblo de una opresión ‘espiritual’ totalmente funcional a los intereses de la explotación del hombre por el hombre”, aseveró y concluyó manifestando que “los derechos democráticos elementales como la libertad de la mujer para decidir qué hacer con su cuerpo y su vida, la del hombre para asociarse a la mujer en una lucha común, la del conjunto para vivir en libertad la sexualidad son incompatibles con el dominio religioso impuesto a creyentes y no creyentes por la acción de fuerza del Estado”.