Tras un debate de más de tres horas, el Frente de Todos se alzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto de ley que busca prohibir que el Estado Nacional asista económicamente a empresas que tengan activos en guaridas fiscales.

La iniciativa, que reunió 25 firmas, fue acompañada por los representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, el cordobés Paulo Cassinerio y el misionero Diego Sartori, respectivamente.

En tanto, el dictamen de minoría alcanzó las 20 firmas de los miembros del interbloque Juntos por el Cambio, quienes insistieron con la versión original del texto, es decir, con el proyecto que había obtenido unanimidad previo a su vuelta a comisión en la sesión del pasado 24 de septiembre.

Al comienzo, el presidente de la comisión, el oficialista Carlos Heller, destacó que los tres diputados impulsores de la iniciativa hayan llegado a un texto común, luego que el tema haya sido revisado.

El cordobés Pablo Carro aseguró que “no es diferente en lo sustancial y en el objetivo que se propone”, y el nuevo análisis “nos ha permitido enriquecer y afinar el proyecto de muchas maneras”. “Hoy es es mucho más claro acerca de lo que queremos lograr”, añadió el oficialista.

En tanto, la diputada Fernanda Vallejos habló de un “buen dictamen” que contempla “la multiplicidad de situaciones, maniobras, prácticas que caracterizan a quienes buscar eludir y evadir los controles de los Estados” y “se quedan con recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía”.

Lo que se busca es que “quienes no se consideran argentinos a la hora de pagar impuestos, quienes no aportan lo que les corresponde, no deben capturar esos recursos públicos”, señaló la legisladora del Frente de Todos, y remarcó que esos recursos deben, en cambio, “ser destinados a aquellos y aquellas que verdaderamente los necesitan”.

La economista manifestó que se establecen “criterios exigentes en la procura de contemplar a la diversidad de sujetos, entes e instrumentos jurídicos”. “Creemos que es fundamental que todos los vivos que utilizan estos instrumentos dejen de ver al Estado Nacional como un Estado bobo al que no aportan nada, pero que le sacan todo lo que pueden cada vez que pueden”, completó.

Desde Consenso Federal, Graciela Camaño, quien no forma parte de la comisión pero trabajó en el proyecto, dijo estar “convencida” de que a este tipo de empresas “no les tenemos que dar ventajas y menos en épocas de escasez”. “Tenemos que premiar a aquellos empresarios, emprendedores y personas que toleran una carga impositiva muy importante en Argentina”, apuntó.

En contra de la iniciativa, el radical Luis Pastori anunció que el interbloque Juntos por el Cambio presentaría “un dictamen de minoría, de rechazo al proyecto”. El misionero recordó que la intención de su espacio era la de acompañar “el proyecto original”.

Sin embargo, el legislador indicó que el nuevo texto “tiene muy poco que ver” con la redacción inicial. “Ha mejorado notablemente la pluma del proyecto, por un lado, pero por el otro ha empeorado el prejuicio ideológico y el sesgo antiempresa“, afirmó y consideró que “es todo lo que no se debe hacer para atraer inversiones”.

El secretario de la comisión advirtió que la ley podría alcanzar a empresas bajo régimen de promoción especial, como “todas las de Tierra del Fuego”, y sostuvo que “esto es un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga un enorme listado de a qué empresas van a asistir y a cuáles no”.

“Va a ser difícil encontrar alguna empresa que no quede incluida”, agregó y continuó: “Acá le estamos diciendo a todas las empresas en el exterior que ni se les ocurra venir a Argentina, porque no le vamos a dar ni un vaso de agua”. Tras una extensa argumentación, Pastori ratificó que la ley “resulta de imposible acompañamiento”, que será de “difícil aplicación” y dará “una discrecionalidad muy grande al Ejecutivo”.

A continuación, el macrista Luciano Laspina enfatizó que “es evidente que hay un cambio notable” entre el proyecto original y el nuevo. “No solo se refiere a la asistencia financiera, sino que altera el principio de igualdad”, alertó y se preguntó si esta iniciativa “no viola algún principio de la Organización Mundial de Comercio en materia de igualdad en la competencia”.

El santafesino pronosticó que la norma traerá “un montón de litigios y reclamos internacionales”, al tiempo que resaltó que “no está claro si las excluye o no” a las sociedades constituidas en el extranjero. “Esto no tiene nada que ver con los paraísos fiscales, es mucho más amplio”, expresó y opinó que “en una primera lectura” lo que se ve es la intención de “no le queremos dar más ayuda de ningún tipo a los inversores extranjeros directos”.

Recogió el guante el porteño Itaí Hagman, que cuestionó a la oposición por haber hecho “un planteo parecido” con el proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. El oficialista subrayó que no se está “discutiendo qué empresas tienen derecho a existir o no existir, sino cuáles tienen derecho a recibir beneficios”.

“No estamos hablando de sanciones o castigos, sino de quitar la posibilidad de un beneficio, un privilegio”, añadió el legislador y calificó al proyecto de “razonable”, además de afirmar que “no es un ataque a las empresas ni al sector privado”.

También desde el Frente de Todos, el santacruceño Pablo González negó que se esté “legislando retroactivamente” -como planteó Pastori-. “De acá para adelante no van a poder acceder (a un beneficio), nadie dice que se les va a sacar lo que hayan recibido”, aclaró y enfatizó que “es un disparate” decir que “las empresas no puedan venir a invertir” con esta ley.

Avanzado el largo debate, Camaño llamó a “mirar bien el proyecto” y mencionó que la regulación de la Unión Europea dijo que “los países, de manera individual, pueden bloquear sus paquetes de ayuda para empresas que estén radicadas en paraísos fiscales. Y de hecho, Dinamarca, Francia, Polonia, Italia, así lo hicieron”.

Según la Red Tax Justice Network, “se pierden 500 mil millones de dólares en impuestos de corporaciones multinacionales que abusan de la ley”, informó la diputada y comparó que esa cifra “es 250 veces más que los 2 mil millones de dólares que se calcula y que ha pedido la ONU para hacer frente a la pandemia en los países más pobres”.

La legisladora pidió dejar “los discursos cargados de sectarismo, de ventajismo”. “Yo no soy oficialista y soy muy crítica”, resaltó, pero aseveró que “una cosa es la crítica y otro es que nada les venga bien”.

Molestos porque no se avanzó con el proyecto original, en el cual había unanimidad, varios legisladores de Juntos por el Cambio plantearon su disconformidad. Uno de ellos fue Javier Campos, de la Coalición Cívica, quien se quejó: “¿Por qué no volvemos al texto acordado y lo votamos todos como estábamos predispuestos a hacerlo? No entiendo porque nos hacen cargo ahora a nosotros, que ustedes parece que son Robin Hood, y nosotros somos los que estamos mal, los que estamos out side. No se le puede atribuir a Juntos por el Cambio ser unos obstruccionistas de este tema”.

Nuevamente tomó la palabra Laspina, vicepresidente de la comisión, para insistir con que se vuelva “al espíritu original” del proyecto, que “era muy específico de acotar la ayuda” a las empresas “efectivamente evasoras”. “Este es un error que va a tener que ser revisado por el Poder Ejecutivo“, advirtió y habló de un “gran riesgo en los alcances de este dictamen”.

Finalmente, y antes de pasar a un breve cuarto intermedio para afinar la redacción, Heller leyó una incorporación propuesta por Camaño respecto a que “las prohibiciones y exclusiones establecidas por la ley no regirán en aquellos casos en que sea la propia ley del Congreso la que haya establecido o establezca y disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos atendiendo a las circunstancias del caso”.

“Me parece que cubre todas las dudas que se están planteando y pone en nuestra responsabilidad el análisis de las situaciones a excepción”, cerró Heller.

Qué dice el proyecto

El proyecto establece “la prohibición y exclusión de la asistencia económica y/o financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado Nacional” a una serie de sujetos, detallados en un largo artículo 2, lo que provocó el rechazo de la principal bancada opositora.

Además, un tema no mencionado durante la reunión, es que la nueva iniciativa no contempla que la prohibición será “en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”, como establecía la versión original. De hecho, esas palabras no figuran en el nuevo texto.

La propuesta alcanza a las “sociedades constituidas en el extranjero” que “no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina”; a las personas humanas o jurídicas, establecimiento permanente u otra entidad, fideicomiso o figura equivalente, domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones.

También incluye a personas humanas, jurídicas o sociedades que “tengan participación” en empresas con activos en guaridas fiscales; o aquellas que “durante los últimos tres ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior que se encuentre radicada” en paraísos fiscales.

Entre otros, incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas “con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena” por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero; y a aquellos que tengan deudas con el fisco o con el sistema de seguridad social por montos “iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada”.

El proyecto indica que la ley deberá ser reglamentada dentro de los 30 días corridos desde su promulgación; y que el Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación, la cual “implementará las acciones conducentes a efectos de la elaboración, actualización y publicación anual de la Lista Única de Jurisdicciones de Baja o Nula Tributación”.