La titular de la ANSeS estimó que la norma impulsada por el macrismo “no resolvió” lo que pretendía: reducir los índices de litigiosidad. Cuestionó el direccionamiento de los créditos otorgados por la gestión anterior. “Vamos a volver a orientar el crédito en la Argentina hacia el consumo”, afirmó.
En el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, se inició este viernes en el Senado el debate del proyecto de ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Y para informar sobre el mismo se hizo presente la directora Ejecutiva de la ANSeS, María Fernanda Raverta.
Al inicio de la presentación, Raverta habló de “cinco soluciones” que viene a traer la ley en consideración, a saber: el financiamiento de la Reparación Histórica; los préstamos que tienen las provincias con el FGS; las inversiones productivas del FGS; la regularización de los créditos ANSeS; y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS.
La funcionaria recordó que el programa de Reparación Histórica, sancionado durante la gestión anterior, “se iba a pagar con el dinero que se incorporara a partir del blanqueo de capitales”, mientras que “la segunda fuente de financiamiento iba a ser los activos del FGS”. Usar ese insumo, dijo Raverta, haría que con el tiempo “no haya más Fondo de Garantía para la totalidad de los jubilados”.
Lo que se busca, explicó Lisandro Cleri, director ejecutivo de FGS, es “cambiar el orden de estos pagos”, es decir, “poner a la Reparación Histórica en igualdad con el resto de los programas”, con una financiación a través de recursos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), o con las reasignaciones presupuestarias que determine el Ministerio de Economía. De lo contrario, entre 7 y 10 años desaparecería el FGS y todavía no habrían pagado la mitad de lo correspondiente.
Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000” jubilados que adhirieron a ese programa, y que ahora recibirán el beneficio “a partir del Ministerio de Economía, del Tesoro, para que podamos resolver esa obligación sin afectar una garantía para el 100% de los jubilados” como es el FGS.
En cuanto al préstamo de las provincias, Raverta dijo que se busca una manera de que la deuda pueda ser refinanciada, “poner otros parámetros para que esta deuda pueda ser cobrada”, en un marco de crisis como la que encontró este Gobierno, más el tema de la pandemia. En ese sentido, Cleri señaló que pospusieron los vencimientos de este año y el próximo, “para poder trabajar en un bono de mediano plazo con todas las provincias. Un bono de 7 años”, precisó.
La deuda tiene que ver con un vencimiento de 24.752 millones de pesos, precisó la titular de la ANSeS. Cleri agregó que “necesitamos de estos recursos para pagar la reparación histórica”. El total de la deuda son 101.000 millones de pesos, precisó Raverta, al justificar la necesidad de solucionar la deuda.
En cuanto a las inversiones productivas del FGS, Raverta destacó que “apuntar a fondos de inversión que tengan que ver con proyectos productivos estratégicos para la Argentina pone énfasis en la idea de que reconstruir la Argentina va a ser a partir del trabajo y la producción. Por eso invertir 100 mil millones de pesos en la creación de un fondo para reconstruir la Argentina pensando en esta idea de la economía virtuosa, a nosotros nos permite pensar que el país también se desarrollará”.
En cuanto a la regularización de los créditos de la ANSeS, para diciembre del año pasado había un 98% de las titulares de la AUH endeudada, comentó Fernanda Raverta. También el 31,6% de los jubilados estaban endeudados, y más del 50% de las pensiones no contributivas tienen deuda con la ANSeS, detalló, lo cual generó “una profunda, enorme crisis en la realización de cada familia”, expresó.
Por eso se buscó “frenar esa idea de endeudamiento”, no cobrando a partir de diciembre esas cuotas. “Creemos que las familias tienen que devolver esas obligaciones, pero durante los meses que no pagaron las cuotas fueron acumulando interés y eso generó que ahora estén con algún problema”, expresó la funcionaria, anticipando que se buscará con esta ley condonar ese interés acumulado y que solo se devuelva la deuda original. En cuanto a los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS, por un lado se igualarán las condiciones de los directores que representan al FGS al resto de los directores del Estado, y por el otro, aquellos que sean funcionarios públicos y también sean directores de una empresa, no perciban los honorarios como directores de las empresas, y se crea un fondo específico adonde se derivan esos ingresos.
A la hora de las preguntas, la senadora Laura Rodríguez Machado salió al cruce de una crítica que Raverta había deslizado contra la gestión anterior al hablar de la “enorme crisis” generada en cada familia por el endeudamiento contraído ante los créditos otorgados en ese tiempo. “Además de endeudar a la Argentina, endeudaron a las familias de una manera sistemática”, señaló. La senadora cordobesa defendió los objetivos de la tarjeta Argenta, ante lo cual la titular de la ANSeS replicó que durante la anterior gestión kirchnerista esos créditos procuraban que los abuelos pudieran llevar a sus nietos a conocer las cataratas, comprar una computadora, o arreglar la casa. “Esa idea del crédito asociada al consumo para mejorar la calidad de vida es a lo que vamos a apostar siempre”, garantizó Raverta, anticipando que “vamos a relanzar esa tarjeta Argenta después de resolver los créditos anteriores”. E insistió en que “en el gobierno anterior el crédito estuvo orientado hacia otro lugar, a sostener la vida diaria: la comida, los medicamentos, los servicios, y esto lo que generó fue que no hubiera más consumo ni se generaran puestos de trabajo”.
“Nosotros somos un organismo de seguridad social, que necesitamos que la Argentina tenga una política de crecimiento económico con inclusión social, porque nuestros ingresos dependen de lo que ocurra en la economía argentina”, agregó la funcionaria, que insistió: “Antes los créditos se usaban para comer y comprar medicamentos, y por lo tanto no generaban, a partir del consumo, nuevos puestos de trabajo que nos permitieran tener más ingresos”, dijo, reiterando que en la gestión anterior se registró una “política de endeudamiento de las familias, y lo que terminó sucediendo es que el 30% de las asignaciones universales no se cobraban y cada vez les alcanzaba para menos”, y concluyó: “Nosotros vamos a volver a orientar el crédito en la Argentina hacia el consumo, hacia la mejora en la calidad de vida, pero por supuesto un crédito que además permita sostener esta idea del crecimiento económico a partir de la producción y en la producción a partir de la generación de puestos de trabajo, que además hacen más sustentable nuestro sistema previsional”.
“Yo le voy a alcanzar un cuadro que prueba que comprar comida y medicamentos también genera consumo, y que no había antes ninguna prohibición para que se pudiera destinar para otro bien”, repuso Rodríguez Machado, que dejó ese debate para cuando el tema se discuta en comisión.
Ante una consulta del senador Julio Cobos relacionada con la reparación histórica, Fernanda Raverta señaló que esa norma “no solo agravó la situación del sistema previsional argentino, poniendo en riesgo la garantía de los más de 7 millones de jubilados, sino que además generó una cosa absolutamente incorrecta, en términos del objetivo, que era bajar la litigiosidad para con el Estado nacional”. En ese sentido señaló que solamente 48.000 jubilados habían ido al Poder Judicial a reclamar un reajuste de haberes, y 839.571 no habían ido. Ante ello, la funcionaria concluyó que “Reparación Histórica construyó un enorme problema para los argentinos en general, no resolvió lo que la ley decía expresamente, que era reducir los índices de litigiosidad, y de hecho, la cantidad de presentaciones de juicios entre 2014 y 2016 no ha tenido ninguna alteración, y de 2016 en adelante creció un montón. 29.000 liquidaciones de sentencia teníamos en stock antes de junio de 2016, hoy cuando llegamos al organismo después el 10 de diciembre tenemos 86.000 expedientes”.
“Esto no resolvió el problema de litigiosidad que teníamos en el organismo”, insistió.
“¿Usted cree que las personas que se presentaron a la Reparación Histórica están peor que antes?”, le preguntó más adelante el senador riojano Julio Martínez, que consideró que con la norma en debate se estaba siendo “injustos”. Raverta señaló que el 30% del haber promedio del haber promedio de un jubilado en la Argentina “en el Gobierno anterior fue utilizado para pagar medicamentos, cosa que resolvimos a partir de nuestro Gobierno nuevamente con una política de medicamentos gratuitos para casi 5 millones de jubilados que son afiliados del PAMI”. Sumó el congelamiento de tarifas, más los tres bonos otorgados que a su juicio “hicieron que la calidad de vida de los jubilados y las jubiladas sea mejor”. Puntualmente en términos de reparación histórica, señaló que “hay más de 27 mil jubilados que accedieron a la reparación histórica que cobraron menos de 50 pesos en esa reparación histórica; así que generar una afirmación en relación a la calidad de vida de la generalidad que son los 900 mil jubilados, sería incorrecto si no supiéramos cómo se modificó ese haber en función de ese reajuste del haber a partir de la liquidación de la reparación histórica”.
