Al igual que lo hizo algunos años atrás, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto volvió a presentar en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual busca crear una “Oficina Anticorrupción” en el distrito capitalino, a fin de garantizar una mayor transparencia en la gestión.

Dicha oficina funcionará como un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera encargado de promover la ética y la transparencia en la gestión de lo público, velando por la aplicación de la Ley N° 4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Además, deberá prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

De esta manera el organismo podrá recibir denuncias que hicieran particulares, funcionarios y empleados públicos; investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación; entre otras cuestiones.

A su vez, la medida dispone que la oficina este cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta de la primera minoría opositora. Podrá ejercer el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser electo por una única vez.

La Oficina Anticorrupción estará compuesta por: la Subsecretaría de Investigaciones -cuya función principal es llevar adelante las investigaciones de posibles irregularidades o hechos ilícito y colaborar en la recuperación de activos de la corrupción- y la Subsecretaría de Planificación de Políticas de Transparencia -responsable de identificar, analizar e investigar las causas que dan lugar a hechos de corrupción-.

Al respecto de ese proyecto, Roberto remarcó que “la Ciudad necesita de mecanismos institucionales y normas que regulen el comportamiento de las y los funcionarios y las y los empleados de la administración pública con el objetivo de garantizar transparencia y cuidar los intereses públicos” y destacó “la importancia de que el nuevo organismo cuente con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera”.

“Llevan 13 años gobernando la Ciudad y nunca quisieron debatir un proyecto que garantice transparencia y control de los recursos. Consideramos que es urgente la aprobación de esta Ley para contribuir a ponerle fin a este flagelo que degrada la política como herramienta de transformación”, sentenció.