La diputada nacional Brenda Austin (UCR) presentó dos proyectos de ley para abordar “la catástrofe ambiental que atraviesa el país”. En medio de la situación crítica por los incendios que arrasaron en varias provincias, la cordobesa propuso establecer de manera urgente un “piso mínimo presupuestario” para el combate al fuego en zonas forestales y rurales en todo el territorio nacional. Y, además, elevó una iniciativa para la creación de una ley penal especial de delitos contra el ambiente, complementaria al Código Penal vigente.

La primera de las propuestas modifica el artículo 30 de la Ley 26.815, para garantizar que las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego no sean inferiores al 0,02 por ciento del Presupuesto Nacional.

Específicamente para el ejercicio fiscal 2021, el proyecto establece una cláusula transitoria que establece un piso mínimo del 0,015 por ciento, “de manera de asegurar de forma urgente los recursos necesarios y dotar de gradualidad” a la asignación correspondiente.

Este porcentaje implica un importante incremento respecto de las asignaciones actuales: a partir del análisis comparativo de los presupuestos de los últimos dos años y del proyecto para 2021, Austin advirtió que el porcentaje destinado al Sistema Federal de Manejo del Fuego sobre el total del Presupuesto cayó a la mitad y que este recorte se ve reflejado en la reducción de las horas de vuelo para el sistema aéreo de lucha contra el fuego, en la capacitación para bomberos y en los equipamientos para brigadas.

La iniciativa, girada a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, fue acompañada por sus pares de Juntos por el Cambio Maximiliano Ferraro; Luis Pastori; Federico Zamarbide; Mario Arce; Gabriel Frizza; Alicia Fregonese; Gustavo Menna; Josefina Mendoza; Víctor Romero y Federico Frigerio.

“Desde hace meses, nuestro país se encuentra inmerso en una catástrofe ambiental de dimensiones y consecuencias enormes”, señaló Austin y advirtió que resulta necesario “consagrar un umbral mínimo de partidas presupuestarias que se destinen y gestionen de manera eficiente para la prevención y combate de los incendios, con independencia de la voluntad circunstancial del Gobierno de turno”.

El segundo proyecto presentado por la legisladora radical apunta a contar con una legislación penal “unificada, sistematizada y consistente” en materia de delitos contra el ambiente, teniendo en cuenta que el Código Penal de la Nación -vigente desde 1921- “no regula de manera clara y concreta los delitos contra el ambiente” y que existe en el país una “gran dispersión” en la legislación ambiental.

Esta iniciativa se plantea como una ley penal especial de delitos contra el ambiente, complementaria al Código Penal vigente y recoge el consenso arribado por la comisión de juristas en el proceso de actualización del Código Penal, cuyo resultado fue ingresado al Senado en marzo de 2019.

En este sentido, contempla la regulación diferentes tipos de delitos ambientales: delitos por contaminación, delitos contra la biodiversidad, contra la fauna silvestre, contra los bosques nativos y protectores, y contra el patrimonio genético. Las penas van de uno a tres años de prisión, y multas con agravantes que las elevan de dos a seis años. En casos en que puedan generar afectaciones más graves al ambiente o a la salud de las personas, las escalas aumentan.

Puntualmente respecto a los incendios, el proyecto incorpora un nuevo delito con penas de hasta seis años de prisión ante la “provocación, facilitación o instigación de incendios en bosques, arbustales o pastizales que cause un grave daño a elementos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas o el ambiente en general”.

También se criminalizan las alteraciones provocadas al agua, humedales, lagunas, esteros o pantanos, cursos o espejos hídricos, cuencas o microcuencas u otros humedales, con peligro para el ambiente. Y se establecen penas específicas para quienes “cambien de forma ilegal el uso del suelo forestal o del suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas”.

Adicionalmente, la iniciativa modifica la Ley 27.041 de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas privadas, a fin de “incluir expresamente su responsabilidad por delitos contra el ambiente” con los mismos alcances generales de la propuesta.