Debido a la crisis económica que atraviesa la Ciudad a raíz de la pandemia del Covid 19, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad  impulsó un proyecto de ley en la Legislatura porteña, a través del cual buscaran “potenciar el valor productivo de los barrios populares, organizar las bases de su actividad a través de la generación, el desarrollo y la sostenibilidad de miles de puestos de trabajo”.

Según precisaron desde esa cartera, el texto presentado “surge de la identificación de los sectores de la Economía Social y Popular con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad, pero que hoy se encuentran funcionando por debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras sistémicas que limitan su crecimiento: el acceso al financiamiento, el desarrollo de su capacidad productiva y pocos canales de comercialización”.

Es por ello que prevé la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que contempla a sectores como la actividad textil, elaboración de alimentos, logística, cuidados, construcción, comercio y de la economía verde, que tienen la capacidad de crecer y desarrollarse en el mediano plazo.

El mismo le permitirá a los inscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial. Podrán acceder a financiamiento mediante un programa que será lanzado a través del Banco Ciudad, el cual otorga líneas de crédito que les permitirá aumentar su capacidad productiva.

Además, se dispone la creación de un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento. La iniciativa también plantea beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral y propone una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta tres años.

Al respecto de la medida, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, explicó que “para nosotros la mejor política social es el trabajo, por eso buscamos fortalecer el desarrollo productivo de la economía popular, que involucra hoy a cientos de miles de personas en la Ciudad” e indicó que “esta ley otorgará herramientas para que este sector pueda crecer e integrarse a las cadenas de valor y así generar trabajo de manera sostenida”.

Asimismo precisó que “este proyecto de ley es una primera iniciativa para reconocer el valor de la Economía Social y Popular, derribar algunas de las barreras estructurales que enfrenta, potenciar su valor productivo, organizar las bases de su actividad e incorporarlas al ecosistema económico de la Ciudad” y aseveró que “estamos planteando un cambio de paradigma focalizado en impulsar el desarrollo productivo. Es necesario construir un marco normativo que acompañe a las trabajadoras y a los trabajadores populares que permita reconocer el valor que producen, achicar las brechas de desigualdad y generar desarrollo de abajo hacia arriba”.

En tanto el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, remarcó que están “convencidos que el trabajo es la principal herramienta para el progreso. Y en la Ciudad hay miles de familias con energía y voluntad para emprender un negocio, abrir un local o comenzar un emprendimiento” y destacó que “cuando promovemos el desarrollo productivo de un barrio, contribuimos a que crezca la Ciudad”.

“Los vecinos necesitan y quieren trabajar y nosotros queremos acompañarlos y garantizar que haya más oportunidades. La Ley de Economía Social y Popular es un paso más hacia una Ciudad igualitaria”, concluyó.