La noticia de que la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo, ya no intervendrá como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos despertó un abanico de críticas desde la oposición. El titular de la entidad, Félix Crous, firmó una resolución a través de la cual disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios y ordenó la reasignación de todo su personal.

Frente a esta decisión el diputado nacional por la UCR Facundo Suárez Lastra llamó a que las funciones de la OA se debatan en el Congreso y que se dé tratamiento a un Proyecto de Ley de su autoría que busca fortalecer y garantizar la independencia y profesionalización del organismo.

“Está claro que las funciones de la OA necesitan ser revisadas. Pero cerrar oficinas y reasignar personal de manera arbitraria no es el camino. Nos debemos un debate profundo en el Congreso para formular un organismo potente que encuentre la manera de luchar verdaderamente contra la corrupción”, aseguró Suárez Lastra.

En su proyecto de ley propone, entre otras cosas, que la OA sea constituido como un ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Y, establece que la designación del Titular será realizada por la Presidencia de la Nación, con un mandato de cuatro años, pero el candidato deberá ser propuesto por el bloque partidario de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso de la Nación. 

“Necesitamos replantear la naturaleza jurídica de la OA para fortalecer los lineamientos democráticos que su creación persiguió originalmente. No podemos permitir que deje de estar dentro del ámbito de su competencia la posibilidad de ser  querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado”, concluyó Suárez Lastra.