Tras la visita de expositores, la Comisión de Salud del Senado avaló la iniciativa con media sanción de Diputados. Los miembros de Juntos por el Cambio anunciaron que plantearán disidencias parciales.
La Comisión de Salud del Senado, que preside el radical Mario Fiad, pasó a la firma el dictamen del proyecto de ley, con media sanción de Diputados, que establece una serie de condiciones sobre la compra de las vacunas contra el Covid-19 y fue requerido por el Ministerio de Salud.
Algunos senadores del interbloque Juntos por el Cambio manifestaron que acompañarán la iniciativa en general, pero plantearán algunas disidencias parciales. “Hay algunas cosas que se han explicitado y nos han dejado tranquilidad, pero hay otras que consideramos excesivas”, dijo la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR).
En tanto, la santacruceña María Belén Tapia (UCR) se manifestó en contra de la obligatoriedad de la vacuna que dispondrá el Ministerio de Salud y sostuvo: “Por mí lado tengo que seguir analizando varias cuestiones”. “En el mismo sentido hago una reserva de revisar uno o dos artículos, pero en general estaríamos acompañando”, expresó el correntino Pedro Braillard Poccard (Pro).
Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, resaltó “la importancia de tratarlo en forma inmediata” y debatir el proyecto la semana que viene en el recinto.
La reunión contó con la participación de invitados, y el primero en exponer fue el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo, quien aseguró que la intención es “llegar a 11,2 millones de argentinos y argentinas inmunizados”. “Si logramos acuerdos ventajosos, la perspectiva podría estar en torno a las casi 20 millones de vacunas, es decir casi el 45% de la población”, señaló.
El funcionario precisó que “existen a la fecha 146 vacunas candidatas”, de las cuales “36 se encuentran en fase clínica”. “Las vacunas a las que hemos tenido acceso a información utilizan una gama de tecnología muy amplia y variada”, agregó.
Monsalvo subrayó que “estamos en un contexto de una gran demanda, con una fuerte concentración en el tiempo”, frente a “una oferta previsiblemente insuficiente”. En ese sentido, dijo que se estima que van a requerirse “15 mil millones de dosis” en el mundo, pero la producción es de “6 mil millones”.
Además, se prevé que serán necesarias dos dosis por persona, con lo cual “estamos hablando de 3 mil millones de personas” que podrán recibirla en un principio.
El subsecretario valoró que el Gobierno “viene trabajando en disponer marcos normativos de carácter excepcional que permitan abordar esta situación inédita”.
Con respecto al proyecto, el funcionario explicó que la Ley de Responsabilidad del Estado no “resulta suficiente” para poder suscribir los contratos, por eso la iniciativa “pretende un mecanismo de contratación específico para la vacuna, que incluya tres cláusulas extraordinarias en contratos de suministros”.
Sobre ello, y consultado por el senador radical Víctor Zimmermann, Monsalvo puntualizó “el mecanismo COVAX tiene dos modelos de contrato, nosotros utilizamos el opcional”, que “supone un anticipo financiero más caro, una garantía financiara más económica, pero le permite al Estado participante seleccionar la vacuna dentro de la canasta que el mecanismo COVAX disponga”.
Asimismo, es “alternativo y complementario” a los “acuerdos bilaterales que el país pueda celebrar con determinados proveedores de vacunas”. “Optamos por la opción que nos permite elegir la vacuna”, defendió.
El representante del Ministerio de Salud indicó que “la ley pretende que frente a alternativas contractuales de ofertas elaboradas por los laboratorios tengamos el margen de maniobra suficiente para poder optar por alguno que, eventualmente, podría incluir cláusulas de indemnidad, prórroga de jurisdicción, o confidencialidad en distinto grado”.
El subsecretario argumentó que este tipo de contratos son similares a los que firmaron varios países, como México, Estados Unidos, India, entre otros, e insistió: “La situación actual es poder negociar en un plazo inmediato que permita reserva de producción de esas vacunas”.
Y manifestó que el Gobierno pretende “disponer en el primer trimestre del año que viene” las vacunas, por eso advirtió que “conforme más tiempo esperemos, más a la cola vamos a quedar de la reserva de producción y más incierto va a ser el precio”.
“De ninguna manera es un cheque en blanco”, enfatizó el funcionario, ante la crítica de la senadora Elías de Pérez, y resaltó que la SIGEN y las comisiones de Salud del Congreso tendrán participación en el control.
Durante su alocución, Monsalvo confirmó que la cartera de Salud tiene la decisión de hacer obligatoria a la vacuna. Ante las inquietudes de los senadores Fiad y Tapia, el subsecretario confirmó: “El ingreso al calendario de vacunación no supone regularidad anual en el suministro, sino en el contexto de pandemia. Si la vacuna se adquiere y es inoculada a la población en el marco de la Ley de Vacunas, la aplicación en el contexto de pandemia sería obligatoria“.
También asistió Patricia Aprea, directora de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de la ANMAT, quien brindó una explicación técnica de todo el proceso de habilitación de las vacunas y reveló que “cualquier lote”, sean “los de producción local o importados tienen que pasar por un proceso de autorización extra que se llama liberación de lote” y consiste en “una evaluación documental” que lleva entre 24 y 72 horas.
La última invitada en exponer fue Perla Mordujovich-Buschiazzo, directora del Centro Universitario de Farmacología, que consideró que en el proyecto “habría que suprimir cláusulas que no pertenecen a la legislación argentina” y “la cláusula de confidencialidad”, además de “incorporar el precio de las vacunas”.
Qué dice el proyecto
El proyecto declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.
Una de las condiciones que se habilitan es “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”.
Se aclara en el texto que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas”, quienes “se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.
La iniciativa prevé que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna “respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público, entre otros.
Asimismo, en los contratos se podrán incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
En tercer lugar, se podrán disponer “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Derechos del Paciente.
Las vacunas contra el Covid-19 deberán ser previamente registradas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).
El proyecto exime “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.
En tanto, los contratos celebrados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.
