Ramón manifestó su preocupación por el incumplimiento de la Ley Micaela y la Ley de ingreso democrático en la Corte Suprema

El legislador nacional presentará un proyecto instando al Poder Judicial a cumplir con sus obligaciones en cada ley, y manifestó que “preocupa la falta de cumplimiento pleno de sus disposiciones”.

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El titular del bloque Unidad y Equidad Federal, diputado José Luis Ramón, presentará un proyecto de declaración en el que manifiesta su preocupación frente al incumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley 26.861 (ingreso democrático), y deficiente respecto de las obligaciones que le impone la Ley 27.499 (Ley Micaela) y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

El proyecto insta al Poder Judicial en su totalidad y a la CSJ como su máximo tribunal a cumplir con sus obligaciones en cada ley. Además, el texto indica que la Corte no ha reglamentado o implementado de ninguna manera la ley de ingreso democrático, sancionada en mayo del 2013, “negándose a cumplir con las obligaciones que le impone la ley, así como un funcionamiento transparente y democrático”.  

El texto presentado exclama: “No se vislumbra cuáles son los motivos por los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación se entiende ajena a las obligaciones que le impone la ley, o se entiende dispensada de su cumplimiento”.  

Con respecto a la Ley Micaela, Ramón reconoce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha firmado un Convenio de Colaboración con la autoridad de aplicación a efectos de asumir las capacitaciones, así como su implementación, pero que “preocupa la falta de cumplimiento pleno de sus disposiciones”. En particular, la más importante para la efectividad: “el registro público de los capacitados y de los que se hubieran negado a la capacitación”.  

“Como primera cuestión, el reciente desentendido con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (CSJN, Resolución 2143/2020) expone deficiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las obligaciones asumidas de remitir los informes correspondientes a la autoridad de aplicación (cláusula 3)”, sostiene el proyecto e insiste en el ejemplo que debiera dar el Poder Judicial, así como lo están realizando todos los demás poderes del Estado Nacional e incluso provinciales.

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