En lo que se interpreta como una nueva avanzada del kirchnerismo que apunta al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, el presidente de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli, convocó este jueves a una reunión de esa comisión con el objeto de tratar una serie de proyectos relacionadas con la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. La misma será este viernes a partir d las 16.30.

Es público y notorio el interés del oficialismo por encontrar la manera de sortear el impedimento que hoy  por hoy se le plantea para elegir al procurador general, pues el pliego de Daniel Rafecas, enviado oportunamente por el presidente Alberto Fernández al Senado, está parado en el Senado ya que no están los dos tercios necesarios para habilitar su aprobación.

Precisamente por eso es que Oscar Parrilli convocó a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para tratar una serie de proyectos que precisamente plantean analizar la ley en cuestión. En un hábil maniobra, se pondrán a consideración tres proyectos que son precisamente de legisladores que conforman esos 29 votos que impiden hoy al Frente de Todos acceder a los dos tercios. Las tres iniciativas fueron presentadas en 2019 y vienen justo para habilitar el debate que quiere  dar el Frente de Todos.

Dos son de la neuquina Lucila Crexell, quien fue reelecta el año pasado en el Senado a través de las listas de Juntos por el Cambio, pero se peleó con este sector porque quisieron bloquear su ingreso a la Cámara, aunque finalmente terminó alineándose con la principal oposición. Los dos imprimen modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y uno de ellos sugiere establecer una duración específica en el cargo y modifica el mecanismo de remoción del defensor General de la Nación.

El tercero corresponde al radical Martín Lousteau y modifica también la Ley Orgánica del Ministerio Público en cuanto al tiempo de duración en el cargo. En la actualidad, el cargo es vitalicio.

El debate promete ser de sumo interés pues en el mismo se rehabilitará la discusión en torno al actual procurador, Eduardo Casal, quien está a cargo de manera provisoria desde fines de 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Dicho sea de paso, cuando el gobierno de Mauricio Macri impulsó para el cargo a Inés Weinberg de Roca, tampoco contó con los dos tercios para nombrarla. 

Casal ha sido sometido a lo largo del año a un intenso bombardeo de denuncias en el seno de la Bicameral de Control del Ministerio Público. El kirchnerismo quiere desplazarlo para nombrar allí a reemplazante más afín.

Hoy necesita los dos tercios de los senadores presentes para aprobar a un nuevo procurador, y un sector del oficialismo sugiere cambiar la ley para llevar ese número a una mayoría simple.