El oficialismo no aceptó el retiro de los proyectos de la oposición para modificar la Ley del Ministerio Público

Durante el debate en la Comisión de Justicia del Senado senadores de Juntos por el Cambio argumentaron las razones de su decisión, pero Oscar Parrilli resolvió como presidente de ese organismo avanzar con la discusión del mandato y remoción del procurador general.

En una reunión signada por la polémica, se reunió este viernes la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para debatir tres proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal presentados por senadores de la oposición, con la particularidad de que sus autores, Martín Lousteau y Lucila Crexell, retiraron los mismos horas antes de la hora de la convocatoria. Y ese fue el espíritu que acompañó a toda la reunión, que contó con la participación de miembros de la oposición -incluidos los autores de ambos proyectos puestos a consideración-, que se dedicaron a explicar las razones para retirar los proyectos, mientras que desde el oficialismo se insistía en plantear el debate. Una situación inédita, por cierto.

Los proyectos en cuestión tienen que ver con la extensión del mandato del procurador general y la oposición planteaba la prevención de que esa cuestión fuera utilizada por el oficialismo para modificar la norma que exige dos tercios para designar o destituir al titular del Ministerio Público.

La cuestión es que al cabo de más de dos horas y media de intercambio de opiniones, el presidente de la comisión dejó claro que los proyectos serán debatidos a pesar del pedido de la oposición, y para eso se  pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes venidero, a las 16.30, invitándose a todas las partes a sugerir nombres para exponer.

En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, aclaró que la intención era iniciar el debate de “un tema que nos parece importante”, en referencia a una situación que calificó de “anormal”, como es la del Ministerio Público Fiscal. “Tenemos un procurador interino y en este sentido, existiendo proyectos en trámite en el Senado, creí oportuno hacer esta convocatoria. Ninguno se tiene que asustar y preocupar porque se intente debatir”.

A continuación contó que el día anterior se había comunicado personalmente con los autores de los proyectos, recibiendo como respuesta su beneplácito para tratarlos y adelantando que estarían presentes para defenderlos. “En ambos casos les reiteré que no era mi intención sacar despacho en esta reunión, pero quería darles la oportunidad de exponer”, precisó el senador neuquino, que a continuación contó que al mediodía le habían comunicado el ingreso de dos notas con la intención de retirar esos proyectos de ley.

Al procederse a la lectura por parte de la secretaría de la comisión de ambos textos, quedó claro que uno de los argumentos era la creación por parte del Poder Ejecutivo de un consejo consultivo al que entre otras cosas se le encargó la realización del análisis del funcionamiento del Ministerio Público, por lo que se consideraba que habría una superposición de tareas.

Por último, Parrilli contó que el senador Edgardo Martínez había hecho un pedido para no realizar la reunión de comisión, pero él había desistido con el argumento de que esos proyectos tienen estado parlamentario.

Oscar Parrilli señaló que solo dos países tienen Ministerio Publico Fiscal “vitalicio”: Argentina y Cuba.

A continuación, la senadora María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos – Santa Fe) rechazó el retiro de los proyectos por cuestiones reglamentarias, señalando que cuando un proyecto de ley ingresa al Senado de la Nación, “asume estado parlamentario”. La senadora santafesina habló de la necesidad de evitar quedar sumidos al “arbitrio caprichoso” de un senador, y en ese marco insistió: “Una vez que un proyecto ingresa a través de la Mesa de Entrada y que toma estado parlamentario, no puede ser retirado por la simple voluntad de un legislador”.

Usó además argumentos del senador Eduardo Menem, que en su libro Derecho Procesal Parlamentario ha dicho que “una vez ingresados los proyectos, los autores pierden el poder directo sobre los mismos, pasando a depender de la Cámara su modificación o retiro”.

Desde Juntos por el Cambio el primero en exponer fue el senador cordobés Ernesto Martínez. “A mí los reglamentarismos leguleyos no me interesan, como tampoco me asustan”, arrancó, aclarando que conoce la opinión de autores que respeta, fundamentalmente a Eduardo Menem, y sostuvo que “no hay ningún ejemplo de una situación parlamentaria en donde el oficialismo se prevalga de un proyecto de la oposición para obtener determinadas cosas, y esto es lo que está sucediendo esta tarde”. Luego señaló que “quisiera saber cuál es el proyecto del oficialismo”, porque “cuando las comisiones se reúnen con proyectos, es para despacharlos, no para charlar”.

Martínez reclamó al oficialismo “no destrozar la figura  presidencial como están haciendo esta tarde”. Lo decía porque recientemente “el Poder Ejecutivo conformó su comisión consultiva precisamente para tratar este tema, entre otros. Este es el camino que corresponde aguardar, para ver qué dice, y luego el curso parlamentario que tomen esas conclusiones”. Muy por el contrario, agregó, “ustedes se adelantan porque no les interesa absolutamente nada lo que pueda decir esa comisión, y esto transforma al Gobierno en un tembladeral”.

El senador cordobés consideró al oficialismo del Senado como “el poder real” y con ironía dijo que sacaron de un canasto “dos proyectos cuyos autores no tienen voluntad de que se traten” para tratar el tema que realmente les interesaba. “Digamos que todo se va a resolver acá, y entonces terminemos con esa fantochada de la comisión consultiva”, reclamó.

Luego señaló la importancia de contar con los dos tercios para elegir al procurador general, y consideró que eso “importa una transacción por parte de las fuerzas políticas. ¿Y por qué debe ser así? Porque (el procurador) debe llevar adelante la política criminal del Estado”. Y agregó: “Se les ha planteado a ustedes un problema: el nombre que remitió el presidente no obtiene los 2/3 requeridos, pero el problema se ha profundizado porque el elegido por el presidente no aceptaría ser designado por una ley que cambie los 2/3 a mayoría simple”. Así las cosas, sugirió que “si están aspirando a eso, hacen un proyecto y en 15 días están en el recinto”, advirtiendo que en ese caso “deslegitimarán a la comisión consultiva y al presidente de la Nación”.

“Traigan cualquier nombre, para esto siempre hay, hay miles que siempre están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero nunca estará el acuerdo institucional que la Argentina necesita y que ustedes están degradando con esta actitud. No tiene ninguna importancia lo que haga el presidente, porque la verdad está acá, en su decisión, senador Parrilli, de sacar el conejo de la galera para que el procurador sea avalado por mayoría simple del Senado”.

Fue el turno del presidente del interbloque JxC, Luis Naidenoff, quien aclaró de entrada que no pretendían cuestionar el espíritu del artículo 137 del reglamento. “Un proyecto puede tener vigencia hasta tanto no lo trate el cuerpo”, admitió. Pero aclaró que “cuando los autores del proyecto suscriben el retiro del mismo, convengamos que ese tratamiento implica una enorme deslegitimidad política”.

Independientemente de ello, admitió que el oficialismo tiene “el derecho a tratar algo que no queremos tratar”. Coincidió con el titular de la comisión en que el Senado “está en falta con la designación del procurador”, pero aclaró que para ello se deben recorrer todas las instancias reglamentarias correspondientes. Recordó lo que al actual oficialismo le pasó con Daniel Reposo, “que no pasó el filtro”, ante lo cual “el oficialismo cambió el postulante y se logró el acuerdo”.

A continuación, el formoseño aclaró que “retiramos el proyecto porque esto no es un juego de inocentes, nadie es inocente, menos tratándose del procurador general. Y rechazó la “política de embestir” desatada por el oficialismo contra el procurador Eduardo Casal, señalando como ejemplo los doce pedidos de juicio político presentados en su contra.

Sugirió entonces que “activen el procedimiento que prevé la ley. Si cuentan con los números, tendremos procurador”, pero les recordó respecto de la posibilidad de modificar la instancia de los dos tercios que el propio Daniel Rafecas expresó que desistirá de su designación si insisten con eso.

“Nosotros queremos ser muy claritos con esto: el proyecto que fue presentado tiene como denominador común la mejora institucional. No hablamos de la mayoría calificada; si para ustedes esa se torna inmodificable, lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo. No hay dobles intenciones. Presentarán sus proyectos, sus ideas, y en base a eso se discute. Ahora, si se pretenden montar en proyectos de la oposición, no, nosotros retiramos. Este no es un juego de inocentes, no hay garantías institucionales”, señaló Naidenoff, advirtiendo que “si no pretenden modificar los dos tercios, presenten su prpio proyecto y bienvenida sea la sorpresa de todos nosotros. Si realmente quieren mejorar el instituto, no hay inconveniente en tanto y en cuanto no se modifiquen los dos tercios.  Pero para eso retiramos los proyectos, para saber lo que piensan sobre eso”.

“Si se pretenden montar en proyectos de la oposición, no, nosotros retiramos”, advirtió Luis Naidenoff.

“Esquizofrenia política”

El senador de La Cámpora Martín Doñate participó de la reunión a pesar de no ser integrante de la comisión. Y así expresó su sorpresa por el retiro de los  proyectos. “Todos estamos de acuerdo con que hay que discutir el Ministerio Público”, dijo.

El rionegrino recordó que el autor del proyecto hace un mes “planteaba en el recinto su propuesta y se jactaba de tener un proyecto del Ministerio Público Fiscal y lo ofrecía para que lo discutamos. Ahora, después de un mes de ese cacareo institucional, no lo quieren tratar y retiran el proyecto. Es un delirio, una esquizofrenia política que  pocas veces he visto en mi corta carrera política”.

Luego recordó argumentos de Martín Lousteau en cuanto a que “acá no hay que discutir tanto con las mayorías, hay que discutir con la razón”. Y consideró: “Esto es un delirio que es poco entendible, ni siquiera íbamos a dar dictamen”. A continuación consideró paradójico que la oposición pida esperar lo que resuelva el consejo consultivo porque “sino es una afrenta al presidente de la Nación… Y hasta ayer yo los escuchaba decir que era un consejo amañado, hablaban despectivamente de la ‘comisión Beraldi’, y la deslegitimaron permanentemente”.

Así las cosas, Doñate dijo observar “una deliberada intención de trabar, de romper todo, cuanto peor mejor”, y remarcó que más allá de lo que pueda llegar a resolver la comisión especial creada “donde se debe discutir y sancionar, y donde se va a definir el texto definitivo es en el Senado de la Nación”.

Doñate ponderó que la oposición quisiera fortalecer  la institución del Ministerio Público Fiscal, pero lo contrapuso conque “viven reivindicando y protegiendo a (Eduardo) Casal, que jamás en su vida fue votado, ni siquiera para ser fiscal raso. Nunca jamás pasó por un concurso, ni por un examen”.

Las ironías de Rodríguez Machado

“Me agarra una emoción ver cómo defiende el oficialismo proyectos de la oposición”, expresó con total ironía la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado. “Tenemos más de cien proyectos y no hay forma de que los traten en la mayoría de las comisiones; no los ponen en temario, de hecho tampoco nos aprueban un solo pedido de comunicación al Ejecutivo. No los quieren tratar… Y ahora ese ahínco por defender este proyecto, me da una alegría… Así que van a empezar a hacer esto en todas las comisiones, seguramente; no saben lo que le agradecemos al oficialismo, que empiecen a tratar nuestros proyectos. Así que esperemos que en las próximas órdenes del día de las comisiones empiecen a aparecer nuestros proyectos como únicos temas. Muy, muy agradecidos desde Juntos por el Cambio por ese cambio de actitud que tiene el oficialismo”, expuso la senadora del Pro.

Luego rechazó que la situación de Eduardo Casal fuera “anormal, irregular… No es así, no es esta la situación”, sostuvo, y advirtió que el senador Doñate se  había sincerado respecto del motivo de esa reunión: “El tema es el doctor Casal, quieren poner a un representante del kirchnerismo como representante del Ministerio Público Fiscal. Por simple mayoría”.

Luego sugirió que eso les imponía un problema interno, pues el propio Daniel Rafecas anticipó que no aceptaría en ese caso,  por lo que habló de versiones de pasillo, en los que se echan a circular los nombres de Graciana Peñafort o el propio Oscar Parrilli. “Fuertes versiones que llegan y seguramente el senador Oscar Parrilli puede tener antecedentes para ese cargo y seguramente por eso ha puesto en tratamiento este proyecto”, deslizó, para observar finalmente: “Acá hay una línea del Gobierno nacional que quiere poner a Rafecas, y otra que pertenece a Cristina, que lo quiere poner a Parrilli o a Peñafort. Se quieren apurar y empiezan a sacar estos proyectos de la galera. ‘Le modificamos nada más eso de los dos tercios’, y se siguen asegurando la impunidad. En esa no nos prendemos… No somos tontos, no es esquizofrenia  política”, concluyó.

Luego de que el citado Parrilli agradeciera “la postulación” que acababa de hacer la senadora cordobesa, habló otra senadora de La Cámpora, la correntina Ana Almirón, que aclaró que “los proyectos una vez presentados pasan a ser del cuerpo”. Y tras señalar otras cuestiones reglamentarias, se preguntó “por qué no podemos tratar proyectos que son de la oposición”, negando que no lo hubieran hecho nunca. “No solamente vamos a tratar temas que tienen que ver específicamente con la pandemia -aclaró-. El Senado está funcionando normalmente y está tratando temas que tienen que ver con todo”.

A su turno, la radical Silivia Elías de Pérez aclaró que Eduardo Casal “no es ilegal, ni usurpador, está ahí de acuerdo con lo que dice la Ley de Ministerio Público. Si no están de acuerdo, refórmenla”. Y luego habló de “reglas escritas y reglas no escritas”, poniendo como ejemplo que en su condición de presidenta de la Comisión de Economía Nacional el oficialismo había presentado un proyecto con las firmas de casi todo el bloque facultando al Banco Central a reestructurar la deuda de las PyMEs en problemas. Pero luego les pidieron no tratarlo hasta tener la anuencia del Ejecutivo. “Y por supuesto que lo dejamos a un costado, porque esas son las  normas de respeto mutuo”, señaló.

Mario Pais (FdT – Chubut) advirtió que se estaban infiriendo “intenciones ocultas del oficialismo y la oposición”, ante lo cual pidió “un poco de cordura”, rechazando que el oficialismo quisiera modificar el tema de los dos tercios, en tanto que el correntino Pedro Braillard Poccard, firmante de uno de los proyectos en cuestión, y también del pedido de retiro, enfatizó que defiende por sobre todas las cosas la  importancia del reglamento. “Obviamente que conocemos el reglamento; esto se trata de oportunidad: cuando presentamos estos proyectos era otra la situación de la Argentina”.

Volvió a intervenir la senadora Sacnun para rechazar en principio los dichos de Elías de Pérez en cuanto a un acuerdo no escrito, en referencia a un pedido del oficialismo para no tratar un proyecto propio: “Si no lo han tratado es porque hay una mayoría en esa comisión que no  habilitará el quórum, con lo cual es un argumento absolutamente endeble”.

La emprendió a continuación contra la oposición enrostrándole no haber tratado “proyectos esenciales para la vida del país; se han retirado cuando tratamos leyes muy importantes”, dijo, y citó las de pesca y alquileres. Y luego reclamó discutir los tres temas puestos en consideración en el orden del día. “Sino, terminaremos aceptando que esto es un conversatorio. Quiero debatir absolutamente todos los puntos que están incluidos en estos proyectos incluidos en el orden del día”.

Lousteau detalló su proyecto

“Me llama la atención que les parezca llamativo que alguien pida que se retiren proyectos”, señaló a su turno el senador radical Martín Lousteau, poniendo como ejemplo reciente uno del oficialista Alfredo Luenzo.

Autor de uno de los  proyectos puestos a consideración, Lousteau dijo que los mismos fueron presentados en 2017 y 2019, los de Crexell, y el suyo el 14 de febrero pasado, antes de la pandemia. “Nos resulta llamativo el apuro, y no creemos que esto deba ser tratado ahora, nos genera sospechas”, admitió.

Tras poner en duda que en la historia de la Cámara se hubiera dado un hecho como el que estaban discutiendo, dijo alegrarse por escuchar al senador Pais decir que “nada de lo que vamos a discutir hoy tiene como objetivo modificar los dos tercios”.

Finalmente defendió su proyecto, señalando que el cargo de procurador general insume un “enorme poder”, razón por la cual “mantenemos esos dos tercios”. Su proyecto sugiere además que el cargo no sea más vitalicio. Esas son, dijo, “las primeras dos patas de la mesa. Las siguientes son la no reelección y el límite de edad a los 75 años. Son cuatro patas cuyo objetivo es perfeccionar la institucionalidad”.

“Me alegra mucho escuchar que ese no es el objetivo de esta comisión”, agregó, concluyendo que “cuando presentamos el proyecto, no había arrancado la pandemia, el presidente se manifestaba con acabar con la grieta, poner en la agenda un mejor sistema de justicia y sobre todo terminar con la injerencia de la política en la justicia. Y es en ese contexto que nosotros presentamos este proyecto, en un contexto donde no habían ocurrido un montón de cosas y que no existía la pandemia. Es por este motivo que presentamos una nota donde pedimos, sugerimos, que esto no se trate en este momento”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti se quejó luego de “quienes trabajan para que las cosas no cambien. Ponen las urgencias siempre  por encima de lo importante. Siempre hay cosas más urgentes que tratar, que temas de justicia”.

Ante el  pedido de la oposición de retirar los proyectos, señaló que hoy la razón es la pandemia, “en 2013, cuando nos tocó la democratización de la justicia, no me acuerdo cual era la urgencia que planteaban, y así cuando se tratan temas de administración de la justicia siempre hay un sector político que cuando no gobierna dice que nunca es el  momento. Ahora, cuando gobiernan siempre es urgente, y a los pocos días de asumir, por un decreto pueden poner dos miembros de la Corte.

“Lo que  no me queda claro es si siguen pensando lo mismo que escribieron y firmaron, que hay que reforzar el Ministerio Público Fiscal, que el procurador tiene que ser vitalicio o no, o van a esperar a si alguna vez la población les da de nuevo la posibilidad de gobernar”, deslizó la senadora mendocina, para agregar luego: “Algunos juegan el juego de que nunca cambie nada, porque a ciertos sectores no les conviene”.

En otro pasaje retrucó una de las sugerencias de Martín Lousteau: “Si un procurador fiscal no puede durar más de cinco años, ¿qué hacemos con los demás fiscales que sí son vitalicios”. Y sugirió que así se le estaba restando poder al  procurador general.

Cerró el debate el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, que negó que se hubiera perseguido al procurador general Eduardo Casal, y saludó que Lousteau hubiera expuesto su proyecto. “Coincido en algunas cosas, en otras no. Tenemos que discutirlo”, dijo, pero aclaró que no expresarán una decisión hasta tanto no se expida el Consejo Consultivo creado por el Ejecutivo. “Pero son temas que tenemos que discutir”, insistió, para preguntar luego cuáles son los dos únicos países que tienen Ministerio Público Fiscal vitalicio: Argentina y Cuba. Por eso digo que tenemos que discutirlo”.

Propuso entonces pasar a un cuarto intermedio para el próximo viernes a las 16.30, para seguir analizando los proyectos y comenzar a “hacer un análisis profundo de las características que tiene que tener la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”.

Y nadie puso objeciones para eso.

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