La iniciativa recibió dictamen de comisión tras un extenso debate. Prohíbe modificar el destino original de tierras incendiadas por un plazo que va de 30 a 60 años. Juntos por el Cambio se opuso y denunció un retroceso respecto de leyes actuales.
El oficialismo y bloques minoritarios de la oposición avanzaron este lunes con el proyecto del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.
La iniciativa recibió dictamen favorable con 17 firmas en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos), y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.
Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Por un agregado propuesto por Graciela Camaño (Consenso Federal), el plazo de 60 años será “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia”.
Con nueve firmas plasmadas en un dictamen alternativo, Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa por considerar que es un retroceso respecto de las leyes vigentes porque “viola” el principio de progresividad y no regresividad ratificado en el Acuerdo de Escazú, y además no distingue entre incendios accidentales e intencionales.
Al abrir el debate, Grosso sostuvo que “hoy mientras debatimos esta modificación de la Ley de Manejo del Fuego hay cuatro provincias que siguen teniendo focos activos, y se calcula que casi 900.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego”.
Además, el legislador advirtió que “el 95% de estos focos de incendio son el resultado de la acción humana”.
En defensa de la propuesta de ley, Daniela Vilar (Frente de Todos) aclaró que se busca atacar los incendios intencionales que tienen como objetivo “deforestar esas áreas con fines especulativos u inmobiliarios”.
Lo que se intenta, explicó Vilar, es prohibir el cambio en el uso posterior de la tierra para permitir “la restauración y la biodiversidad de los ecosistemas”. “Si hay tierras que ya tenían un destino (previo al incendio), como por ejemplo, la construcción de viviendas sociales, se podrán hacer sin esperar ningún tiempo”, aclaró.
La oficialista insistió en que esta ley “puede cambiar rotundamente el accionar de los lobbys inmobiliarios”.
Desde la oposición, Josefina Mendoza (UCR) alertó que el proyecto “no crea una mayor protección ambiental, sino que la disminuye”, ya que en el caso de los bosques nativos prohíbe el uso del suelo por 60 años posteriores a los incendios, cuando la Ley de Bosques “establece perpetuidad”.
Mendoza también señaló que “las áreas naturales también ya están protegidas por la Ley de Parques Nacionales”, y por otra parte cuestionó que el proyecto “no distingue entre incendios intencionales y accidentales”, y “se criminaliza al propietario de la tierra sin indagar en la culpabilidad”.
Otro radical, Fabio Quetglas, reconoció que “hay que combatir la especulación” pero sostuvo que “esta es una norma punitiva que se propone discursivamente solucionar el problema, pero no lo va a solucionar, porque el problema no está en la intencionalidad de los agentes sino en el contexto en que estos incendios se desarrollan”.
Quetglas afirmó que “los cambios (en el uso de la tierra) muchas veces pueden ser en favor de los ecosistemas, no necesariamente son en contra”, y coincidió con Mendoza en que “no puede ser que en una norma pongamos en idéntico rango los incendios accidentales y los intencionales”.
El oficialista Eduardo Fernández informó que de las 900.000 hectáreas incendiadas, 300.000 son de su provincia, Córdoba. “Nunca hemos dicho que esta ley va a solucionar todo. Estamos pensando en una medida urgente para este ecocidio”, señaló, y le respondió a Quetglas que “estas medidas no son punitivas, son de resguardo”.
Fernández consideró además que los funcionarios deberían recibir una “educación ambiental”, y subrayó que “hace falta dar una señal clara de que a través del Estado no vamos a permitir más la especulación”.
Grosso a Juntos por el Cambio: “Están defendiendo a los sectores que prenden fuego la Argentina”
Por su parte, José Luis Ramón, jefe de Unidad Federal para el Desarrollo y cofirmante del proyecto, sentenció que “el tiempo de los proyectos tibios ya terminó. Estamos frente a un problema ambiental, y en segundo lugar económico”.
“No es el pequeño productor el que ahora se beneficia con las quemas y los desmontes, sino los grandes emprendimientos inmobiliarios o agrícolas”, dijo, y agregó que “todos los años aparecen incendios en los mismos lugares y jamás aparecen los culpables”.
En tanto, Gabriela Cerruti (Frente de Todos) destacó que el Presupuesto 2021, que se tratará este miércoles, destinará “1.725 millones de pesos” al combate del fuego, gracias a un aumento que se incorporó en el debate en comisión.
A continuación, Brenda Austin (UCR) expresó: “Compartimos la intención y la preocupación, pero hay una disociación entre la herramienta y los objetivos. Esta no es la herramienta adecuada”.
La vicepresidenta de la comisión retomó el argumento de que los bosques nativos hoy están protegidos con la prohibición “perpetua” para el cambio de uso posterior a los incendios, cuando el proyecto establece un plazo de 60 años.
“Cuando hablamos de estándares ambientales siempre hay que ir por más, no por menos”, dijo Austin, y lamentó que “lo que están demostrando es que una mayoría circunstancial puede violar el principio de progresividad”.
Camaño, que acompañó la iniciativa de Máximo al igual que Ramón, se sinceró: “El problema de este proyecto es el autor, porque cualquier análisis que se haga de esta ley va a ser con un prisma absolutamente prejuicioso”.
La diputada de Consenso Federal recordó que en materia ambiental no puede haber retrocesos porque eso está consagrado en tratados internacionales, y que de lo contrario la Justicia “los hará valer” con una eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley.
Hacia el final, Grosso retomó las palabras de Camaño: “Digan la realidad: el principal problema que encuentran en este proyecto es el autor. Dejen esa mezquindad política de lado y démosle una herramienta al Estado”.
“Están defendiendo a los sectores que prenden fuego la Argentina y no lo pueden decir. Ustedes pretenden que el Estado esté al servicio del mercado”, remató el presidente de la comisión.
En la reunión también recibió dictamen favorable un proyecto de Mario Arce (UCR-Formosa) para declarar “monumento natural” a la especie “aguará guazú” (Chrysocyon Brachyurus), que se encuentra en peligro de extinción.
El proyecto prohíbe la comercialización, caza total o captura del aguará guazú en todo el país.
Arce precisó que esta especie “se encuentra en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe”, y advirtió que sufre “la destrucción de su hábitat, los peligros de las rutas y caminos, y el comercio ilegal”.
Por eso, consideró que se necesita un “marco legal de protección absoluta” para este animal y recordó en ese sentido que “hay legislaciones provinciales que han avanzado en esta línea”.
El diputado también destacó que se reunieron “más de 36.000 firmas” en la plataforma Change.org para impulsar la protección del aguará guazú.
La comisión dictaminó a favor de un régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua, propuesto por Brenda Austin (UCR).
La legisladora explicó que la iniciativa “busca la reducción de uso del agua en los baños, especialmente en los edificios públicos”, e informó que “los baños representan en el mundo el segundo factor de consumo de agua doméstico”.
El proyecto, indicó Austin, dispone “que en los pliegos de las licitaciones se establezca la exigencia de contemplar dos botones con distintos tipos de descarga para los baños públicos, lo que permitirá ahorrar más de un 40% de agua”.
