Un proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados fue dictaminado en un plenario de comisiones del Senado. También se analizó con especialistas el tema del “odio en tiempos de Covid”.
Recibió dictamen favorable este lunes en el Senado un proyecto para generar una línea telefónica y/o aplicación para teléfonos celulares gratuita y de fácil acceso para brindar información, contención y asesoramiento sobre violencia, maltrato y abuso infantil en todo el país.
Se trata de una modificación del artículo 44 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados.
El proyecto avanzó en un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano, presidida por Belén Tapia (UCR), y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, encabezada por Alfredo Luenzo (Frente de Todos).
Se dispone la creación de “interfaces de tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que promuevan su Participación”.
“Con esta modificación centralizamos en este número (102), en toda la República Argentina, esta posibilidad de acceso que nos dan las tecnologías de la información para que a través de esta línea, niños, niñas y adolescentes puedan plantear cuáles son sus problemáticas”, destacó Luenzo.
Al finalizar el plenario, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión realizó una reunión informativa con especialistas sobre la temática “Odio y riesgo en tiempos de Covid”, en relación a las plataformas web y las redes sociales.
Ernesto Calvo, docente de la Universidad de Maryland y director del Laboratorio Interdisciplinario para las Ciencias Sociales Computacionales (ILCSS), sostuvo que “las redes sociales utilizan el odio en dos formas distintas: una que es para administrar la gente y otra es para administrar las plataformas”.
“Las formas del odio tienen mecanismos que son instrumentales, que son desde las plataformas hacia los usuarios: tratar de definir quién es el que va a estar accediendo a la información y quién es el que la distribuye”, planteó el experto.
Además, consideró que “desarmar el discurso de odio no implica limitar simplemente a la gente que odia, sino que gran parte depende de limitar a las estructuras organizadas que distribuyen mensajes de odio”, y “eso es algo que requiere colaboración entre el Gobierno y las plataformas”.
“Las plataformas deben tomar responsabilidad por la transmisión de discursos de odio, de la misma manera que las tabacaleras deben responsabilizarse por las consecuencias del consumo de cigarrillo”, comparó Calvo.
Por su parte, la periodista, docente e investigadora del CONICET Natalia Aruguete hizo mención a una encuesta realizada en Argentina en relación a “si la pandemia se encuadró como un riesgo sanitario o si se enmarcó como un riesgo económico”.
Al respecto, apuntó que “la percepción de riesgo se condice fuertemente con la aceptación o no de la política sanitaria, y por ende de la identidad partidaria”.
“En los encuestados vemos un alto nivel de aprobación de la política sanitaria del Gobierno, pero quienes la desaprueban son en su mayoría a quienes la pandemia les generaba mayor temor económico que un temor sanitario”, dijo Aruguete.
Y agregó que “aquellos que se encontraban con mensajes negativos en las redes, mostraban, a posteriori, una mayor percepción de riesgo sanitario”.
Por último, instó a “pensar en qué medida las identidades partidarias también inducen a la percepción de riesgo en el marco del Covid, y en qué medida también los mensajes negativos pueden generar desaliento para compartir mensajes y al mismo tiempo incrementar la percepción de riesgo”.
