La Bicameral del Ministerio Público giró a la Comisión de Juicio Político una nota contra Casal

Fue presentada por la fiscal Gabriela Boquin, quien denunció persecución por parte del procurador Casal, cuestionado des de el oficialismo.

La reunión se extendió por más de dos horas (Foto: Comunicación Senado)

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el senador Martín Doñate (Frente de Todos), analizó este lunes diferentes notas sobre el funcionamiento de la Procuración General de la Nación y su titular interino, Eduardo Casal.

La primera nota en ser tratada fue remitida por la fiscal Gabriela Boquin, quien en una anterior presentación ante la bicameral había denunciado persecución por su actuación en la causa Correo Argentino.

A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade, las copias fueron giradas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

En segundo término se evaluó una nota presentada por la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) en la que se reproduce una nota enviada por fiscales que se presentaron en diferentes concursos y en la que subrayan que Casal “demoró un año en dictar algunas resoluciones”.

Sacnun sostuvo que “no se puede dejar a discrecionalidad, en este caso del procurador que esperó un año y medio en dictar las resoluciones, e interrumpir un acto que interpretamos que es un acto continuo, es decir, el sorteo, el acta y la resolución de la aprobación”.

Ante un pedido del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-Evolución) para que “la bicameral funcione de manera productiva”, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) propuso revisar el reglamento de funcionamiento.

En ese contexto, Doñate consideró importante “rediscutir el rol de esta bicameral con facultades aún más amplias para poder tener mayores niveles de fortaleza al momento de poder cumplir con lo que nos indica la ley”.

En la misma línea, Siley propuso trabajar “para cambiar la participación de la comisión bicameral, siempre teniendo en cuenta su limitación, que es la injerencia en la vida interna del Ministerio Público”.

También se analizó una nota de Tailhade en la que se pidió al procurador interino “su opinión sobre el funcionamiento del instituto de la ley del arrepentido”, ya que cuando se le preguntó por esta figura se limitó a reproducir opiniones formuladas por diferentes fiscales integrantes del Ministerio Público.

Se solicitó asimismo un listado de todas las causas en las que esa figura fue utilizada.

Por su parte, la diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, señaló que “la obsesión del Frente de Todos es avanzar contra el Procurador interino Casal, no pueden constituir la mayoría necesaria para nombrar a otro y por lo tanto quieren voltear a quien está haciendo bien su trabajo”. Asimismo, dijo que “estamos volviendo sobre cosas que ya se trataron, volver a reiterar sobre estos temas nos impide avanzar”, en referencia a la revisión de notas anteriores durante el tratamiento.

Al respecto, Ocaña presentó dos notas ante el presidente de la Comisión, senador Martín Doñate: una para que se cite a la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para brindar detalles acerca de la incorporación de mujeres en los cargos de alto rango dentro del Ministerio Público de la Defensa y de qué manera se garantiza la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dentro de la institución a su cargo. El otro escrito presentado pide citar a la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.

En la nota, Ocaña explicó que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.

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