El Frente de Todos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado pasó a la firma el dictamen de un proyecto de ley que amplía de dos a tres años el plazo de las prescripciones de los reclamos por indemnizaciones, al modificar el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Asimismo, se establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales indemnizatorias derivadas por delitos de lesa humanidad, planteado por propuestas de Ernesto Martínez (Pro) y Ana Almirón (FdT).

Los miembros de Juntos por el Cambio manifestaron su postura a favor de esto último, pero rechazaron la extensión del plazo de dos a tres años para que el trabajador pueda reclamar.

Durante la reunión, el senador Mariano Recalde (FdT) consideró que el proyecto “es oportuno, ajustado y justo”, y recordó que antes que la Ley de Contrato de Trabajo “fuera mutilada por una regla de la última dictadura militar”, se establecía “la prescripción en cuatro años”.

Por su parte, la senadora Laura Rodríguez Machado (Pro) manifestó su desacuerdo con “ampliar el plazo para reclamar los derechos laborales ante la ley”. “Muchas de las empresas cuando tienen situaciones de despido prevén anticipadamente sus gastos para después producir o no la indemnización al trabajador, esto no ocurre en el Código Civil”, sostuvo.

Y agregó: “No creo que sea un problema para el trabajador tener dos años de plazo para ese reclamo, de hecho lo viene teniendo así y eso nunca ha implicado una imposibilidad para poder hacerse de lo que le corresponde”.

Tomó entonces la palabra Mario Pais (FdT), quien resaltó que se ha “intentado muchas veces ampliar el plazo de prescripción” y “en materia laboral tenemos que aggiornarnos y ponernos de acuerdo con el Código Civil”. Además, enfatizó: “Tenemos una manda que es el artículo 14 bis (de la Constitución), por el cual el trabajador es un sujeto de tutela especial”. “Creo que es muy bueno, muy justo y muy necesario”, insistió.

También en contra de la iniciativa, la senadora Silvia Giacoppo (UCR) expresó su desacuerdo y dijo que “consideraba” que “no tenga el tiempo de dos años el trabajador para poder reclamar ante el empleador, con todas las posibilidades que le da hoy el sistema jurídico”. “Me parece un plazo excesivo, inclusive dos años es un plazo excesivo”, aseguró y opinó que “no va a ser para promover el blanqueo laboral que tanto necesitamos”.

Impulsor del proyecto, el presidente de la comisión, el senador Daniel Lovera (FdT), subrayó: “Estamos hablando de reclamos que, en el caso que sucedan, es porque el empleador estaba en falta y tenía que pagar algo que no pagó”. “Estamos queriendo proteger en forma prudencial en un año más el tema de la prescripción de algo no menor. Si existe el reclamo es porque el empleador no pagó lo que debía pagar”, explicó.

Finalmente, Recalde volvió a intervenir y aseveró que “las discrepancias no son nuevas, son históricas”, e incluso “la idea de reducir el plazo estaba dentro de la agenda del gobierno anterior, de llevarlo a un año solamente”.

“Entiendo, pero no comparto para nada esta idea de proteger la seguridad jurídica de los evasores, los incumplidores, los explotadores. No es nuestra política”, completó.