“El Gobierno nacional propone modificaciones legislativas sin respetar las autonomías ni la realidad y particularidades de cada provincia, con una visión unitaria y hasta diría porteña de las políticas públicas”, señaló la diputada nacional Alma Sapag, al referirse al anteproyecto presentado recientemente por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié para reformar la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. 
 
“La propuesta presentada ante el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) –expresó “Chani” Sapag- determina que toda zona donde hay bosque, deberá permanecer siendo bosque, prohibiendo cualquier cambio de uso de suelo, lo que significa no entender nuestra realidad, donde poseemos ejidos municipales inmersos completamente en bosques, atentando sustancialmente contra el normal desarrollo de esas localidades”.
 
Al avanzar en el análisis del texto del proyecto, la diputada del Movimiento Popular Neuquino (MPN) expresó que “se pretende la eliminación total de Categoría III de las leyes de ordenamiento territorial provinciales lo que representaría la imposibilidad de apeos destinados a uso residencial dentro de ejidos municipales, donde la Ley 26.331 entendía perfectamente la autonomía municipal para la aprobación de actividades y proyectos permitidos por el Código de Planeamiento Urbano y de Edificación de los ejidos municipales. De esta manera se eliminaría por completo la capacidad de intervención de algunos municipios sobre una superficie de 3.543 has según nuestro ordenamiento provincial”. 

“De prosperar esta propuesta se impediría a la provincia de Neuquén intervenir en las únicas porciones de tierra con las que se cuenta para el crecimiento de municipios como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Moquehue, Villa Traful, entre otras, restringiendo de esta manera toda capacidad de injerencia en pos de los intereses sociales de sus pueblos, como los identificados por la ley provincial de crecimiento urbano, infraestructura, nuevos loteos, actividades agropecuarias, usos tradicionales (ganadería, agricultura familiar, etc.), cultivos industriales, forestaciones con coníferas para producción, turismo, industrias, minería e hidrocarburos, vialidad, entre otras”, agregó la diputada Sapag. 

Por otra parte, señaló que también excluye a las comunidades indígenas o campesinas de la aplicación de la ley en espacios de hasta 10 hectáreas. Al respecto, señaló que “parece una segmentación arbitraria que busca dar solución para la producción a escala menor o de subsistencia, pero que excluye arbitrariamente solo a los nombrados, sin permitir ningún otro tipo de intervención considerando las mismas superficies. Es entendible que  la aplicación de este criterio en provincias como Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero o Buenos Aires -en las que existen pequeños productores que conviven con propietarios de decenas de miles de hectáreas donde se encuentran los principales capitales nacionales y las corporaciones internacionales- pueda servir de herramienta para tender a dar cierta facilidad a los pequeños productores, pero debemos recalcar que no es la realidad de nuestra provincia, ni mucho menos la de los pueblos inmersos en bosques, donde cada hectárea cuenta para poder desarrollar actividades como la trashumancia, que dan sustento a las sociedades”. 

Finalmente, la diputada neuquina destacó que “el intento de avanzar sobre la facultad soberana de las provincias en cuanto a regular como se debe dar la expansión de la frontera agropecuario por el de directamente detener su expansión, implica un avasallamiento sobre el dominio provincial sobre sus recursos, generando un conflicto entre la norma nacional y la provincial, como así también por lo establecido en el Art 124 de la Constitución Nacional”.