Fue tras un debate de 17 horas. El proyecto del Poder Ejecutivo recibió 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones. Juntos por el Cambio se dividió entre la abstención y el rechazo. La discusión pasa al Senado.
Por Carolina Ramos
Con apoyo del Frente de Todos y bloques minoritarios de la oposición, el Presupuesto para el año 2021 -el primero de la gestión de Alberto Fernández- fue aprobado en la Cámara de Diputados, tras un debate que llevó 17 horas y que terminó a las 8.30 de la mañana del jueves, tras la discusión en particular de los 136 artículos.
La iniciativa recibió 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones. El oficialismo contó con el apoyo de los interbloques de Eduardo “Bali” Bucca (Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), además de la neuquina Alma Sapag.
La mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio se abstuvieron, buscando dar una señal de gobernabilidad en lugar de obstruir la aprobación del proyecto. Sin embargo, el interbloque presidido por Mario Negri no pudo evitar la fisura: 13 legisladores votaron en contra y seis lo hicieron a favor, en función de pedidos de sus gobernadores.
La sesión tuvo la particularidad de ser la primera, desde el inicio del aislamiento social, en contar con mayoría de diputados en forma presencial, distribuidos tanto en las bancas como en las tres galerías superiores.
El proyecto se votó en general alrededor de las 6.40 y no hubo cierres de bloque. El último orador fue el titular del PJ, José Luis Gioja, quien sostuvo que “este Presupuesto es un programa de transición económica, sin dudas, por el país que recibimos y por el país que tenemos”. “No podemos negar la doble crisis que vive la Argentina”, consideró.
En total, 113 diputados se hicieron presentes: 22 del Frente de Todos, 82 de Juntos por el Cambio (37 del Pro, 33 de la UCR y 12 de la Coalición Cívica), tres del Interbloque Federal, dos de Unidad Federal para Desarrollo y los dos del Frente de Izquierda.
Con la media sanción, el oficialismo cerró el primer capítulo de un debate que se inició hace poco más de un mes con la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la posterior participación de tres ministros y tres secretarios en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El texto presentado por el Poder Ejecutivo, que recibió numerosas modificaciones, proyecta para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.
Al abrir el debate, Carlos Heller sostuvo que “no se puede hacer proyecciones más entusiastas” que las planteadas en el proyecto, “que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”.
El diputado del Frente de Todos señaló que “los escenarios macroeconómicos” proyectados en el texto “son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”.
“Viniendo de la situación de la que venimos, y con la incertidumbre que aún tenemos respecto de cuánto durará la pandemia y cuánto influirá el año que viene, no se puede hacer proyecciones más entusiastas que las que estamos planteando, que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”, dijo el presidente de la comisión.
El legislador afirmó que el Presupuesto apunta a lograr “una sociedad más justa y equilibrada donde el crecimiento y la distribución de los beneficios de ese crecimiento vayan de la mano”.
También desde el oficialismo, Ariel Rauschenberger destacó que el Presupuesto “marca claramente el cambio de rumbo que los argentinos votaron en octubre de 2019”, y recordó que “cuando las primeras medidas del presidente empezaban a dar resultado, la pandemia irrumpió en el mundo y obligó a reprogramar objetivos”.
“Este Presupuesto no hubiera sido posible sin el exitoso canje de deuda, que superó todas las expectativas”, subrayó, y agregó que se apunta a “la construcción de políticas públicas destinadas a la inclusión, pero no cualquier inclusión, sino inclusión con dignidad y justicia social”.
Además, el pampeano afirmó que el proyecto “marca un camino hacia el equilibrio fiscal, compatible con un sendero inclusivo y sin ajustes. El único ajuste recaerá sobre los intereses de la deuda, que bajan al 1,5% del PBI”.
Otro diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, salió al cruce de quienes se preguntan si el Gobierno “tiene o no tiene un plan económico”. “Por supuesto que lo tiene. Lo que no tiene es un Presupuesto de ajuste, un Presupuesto neoliberal, de ese menú de opciones que dan los economistas que están en el prime time de la televisión, y que plantean una reforma impositiva para bajar impuestos a los ricos, o una reforma previsional para perjudicar a los jubilados, o una reforma laboral para perjudicar a los trabajadores”, retrucó.
Casaretto advirtió que “según estos gurúes”, el Gobierno tendría que haber planteado “un Estado ausente, que no intervenga en la política fiscal o monetaria”. “Nuestro criterio es totalmente opuesto. El rol del Estado fue dar un paso adelante, tanto en la política fiscal como monetaria”, aseguró.
El entrerriano también destacó que “nunca ha habido un volumen de ayuda tan grande” como el que se destinó a atender las consecuencias de la pandemia, con una inversión de “casi siete puntos del PBI, para sostener a la actividad privada y los ingresos de las familias”.
La titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, sostuvo que “este Presupuesto busca dejar atrás un país para pocos, que terminó en 2019 con la inflación más alta en tres décadas; que en cuatro años empujó a la muerte a 25.000 pymes; que vio achicarse una economía que venía de crecer un 2,8% en 2015 y terminó cayendo más del 2% en 2019; que vio caer el consumo y la inversión; y que dejó como corolario el enorme avance del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad”.
“A pesar del dramático impacto de la pandemia en el mundo, este es un Presupuesto expansivo, es la antítesis de los Presupuestos de aquellos cuatro años donde la regla era el ajuste permanente y la excepción al ajuste era el descomunal aumento para afrontar los intereses de la deuda”, analizó la economista.
Desde Juntos por el Cambio, Luciano Laspina anunció la decisión de abstenerse en la votación a pesar de las críticas al proyecto y sus estimaciones. “No queremos ser una oposición que obstaculice. Queremos asegurarnos de que el Gobierno tenga su Presupuesto”, garantizó.
Laspina cuestionó, con ironía, que “Guzmán plantea un puente de esperanza hacia una economía donde todos seremos felices”.
“Si criticamos el gradualismo de Cambiemos para financiar el déficit fiscal, deberíamos criticar el gradualismo de este Presupuesto”, opinó, y observó que “este gradualismo está asediado por una brecha cambiaria”, mientras “las reservas siguen cayendo a pesar de las medidas”.
En este contexto, criticó a Guzmán por aplicar “dosis homeopáticas” cuando en realidad se necesitaría “una estrategia de shock”. “El puente de Guzmán no nos conduce a la otra orilla: nos devuelve a la misma orilla”, describió, y añadió que “en el medio, la economía se va desangrando”.
Además, alertó que el Presupuesto se basa en “algunas premisas insólitas” ya que “basa su ajuste de diez a seis puntos del Producto en que el 31 de diciembre de este año se termina la pandemia global”, y con esa idea “desaparecen el IFE y el ATP”.
Desde la UCR, Luis Pastori cuestionó los montos asignados al pago de jubilaciones y pensiones, universidades nacionales y transporte público del interior del país.
Respecto del reparto a universidades, denunció que “se han cometido muchas inequidades”, y sobre el transporte dijo que, si bien los subsidios ascendieron de 13.500 millones de pesos previstos en el proyecto original a 20.000 millones contemplados en el dictamen, “la relación con el AMBA sigue siendo abismal, en una proporción de 80% contra 20%”.
Pastori también señaló en cuanto a las jubilaciones y pensiones que “no hay cálculo para una fórmula de movilidad que va a incidir a partir del 1ro de enero y que impacta nada más ni nada menos que sobre el 50% del gasto público”.
En otro orden, criticó el incremento de impuestos internos a los artículos electrónicos, como aire acondicionado, radiograbadores, televisores y teléfonos, del 7% al 17%.
Asimismo, sobre el impuesto a los juegos de azar, aceptó la suba de la alícuota del 2% al 5%, pero cuestionó que ésta se reduzca en un 50% para apuestas en las que intervengan sujetos con inversiones genuinas en el país. “¿No será esta otra cláusula a favor de Cristóbal López?”, se preguntó, y denunció una “delegación de facultades inadmisible en la AFIP”.
Por último, reveló que Juntos por el Cabio votaría a favor de algunos artículos, como el que establece una zona aduanera especial para Misiones y el que establece la automaticidad de las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las siete provincias productoras.
Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) retomó el tema del transporte e insistió en elevar el monto de los subsidios al interior. “Reconocemos el esfuerzo del Gobierno nacional en subir del Presupuesto original 7.000 millones de pesos, elevando el monto a 20.000 millones”, destacó el schiarettista, pero advirtió que “no obstante, ese monto tiene la característica de ser insuficiente e inequitativo”.
“En relación al Presupuesto de 2019 solo hay un aumento de 3.000 millones de pesos, lo que equivale a una suba del 15%, cuando se prevé una inflación del 29%. Esto deja a los subsidios 14 puntos por debajo de la inflación proyectada para 2021”, alertó el legislador.
A su vez, consideró que “es inequitativo porque solo representa el 20% del total que va a destinar el Gobierno al subsidio del transporte en todo el país, dejando el 80% restante para el AMBA”. Recordó que en presupuestos de años anteriores la distribución era del 70% para el AMBA y el 30% para el interior, y pidió volver a esa proporción.
A su turno, el jefe del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, advirtió que el Presupuesto “no protege a usuarios de servicios públicos”, aunque adelantó su acompañamiento en la votación.
Presente en el recinto, el mendocino criticó que “no se toma en cuenta el grave problema que existe con el congelamiento de la adecuación de los servicios públicos”.
“No hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago de los servicios públicos del año que viene. No hay una previsión que tenga como objetivo la protección de los usuarios de servicios públicos”, lamentó.
Pasadas las 6 de la mañana fue el turno del titular del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, quien subrayó que “no hay más margen para tirar de la cuerda. El Gobierno no tiene más posibilidades para tomar atajos. Hay que definir un rumbo y una política económica”.
Bucca hizo foco en “la situación sanitaria hoy está llegando con fuerza al interior del país y al interior de la Provincia, se ha llevado a más de 30.000 argentinos y ha contagiado a más de un millón de personas”. “No sabemos cuándo estará la vacuna, y esto no es un tema menor a la hora de armar un Presupuesto”, señaló.
Por último, sentenció que “acompañar el Presupuesto no significa acompañar todas las decisiones económicas que se tomaron hasta este momento. Hay cosas que no van más: ni la ruta del endeudamiento ni el camino de la emisión descontrolada”.
Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá (PO) y Nicolás Del Caño (PTS) denunciaron que el Presupuesto fue “pactado con el FMI” y anunciaron su rechazo al proyecto.
“El apuro del Gobierno por aprobar este Presupuesto responde a un requisito del FMI para continuar con la renegociación de la deuda externa. Este Presupuesto proyecta un ajuste en educación, salud, jubilaciones y salarios, y mayores impuestos a los trabajadores para la enarbolada reducción del déficit fiscal y mayor endeudamiento para financiarlo, ya que la emisión monetaria nos ha lleva al borde de la hiperinflación”, sostuvo Del Plá.
La diputada insistió en que “no es un Presupuesto para que Argentina crezca, ni para terminar con los problemas sociales, sino un Presupuesto de ajuste contra el pueblo trabajador que el Frente de Izquierda rechaza de plano sobre la base de defender un plan económico y social antagónico”.
Del Caño aportó que “si comparamos el Presupuesto 2021 contra el de 2020, tenemos un ajuste del 9,5% en los gastos primarios”, y mencionó que el área de salud “pierde el 10% del presupuesto en medio de la pandemia”, y a la vez “el gasto social sufre un tijeretazo enorme: 36% de recorte en la Tarjeta Alimentar y 7% en la Asignación Universal por Hijo, cuando la pobreza no para de crecer”.
