El visto bueno llegó por votación dividida, aunque cosechó una amplia mayoría, pero desde la bancada rotativa del FIT votaron en contra, mientras que desde Cambio Federal rechazo el tratamiento sobre tablas y votó en contra de las expropiaciones que se plantean en Quilmes. Dos diputados de Quilmes también votaron en contra. Ahora, la iniciativa resta ser tratado por el Senado para proseguir con el trámite parlamentario.    

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires remitió, el pasado martes, a la Cámara baja bonaerense un proyecto de ley a través del cual se pretende expropiar 7 inmuebles que serán destinado para la construcción de nuevas Unidades o Alcaidías penitenciarias.

Los inmuebles que serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación se encuentran ubicados en cinco distritos del conurbano provincial; dos en cada uno de los distritos de Quilmes y Moreno, y uno en los distritos de Merlo, La Matanza y Tigre.

Para los impulsores del proyecto, en el marco de la actual emergencia en que se encuentra la provincia, “sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria”, en razón de “la sobrepoblación existente” en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de su libertad.

Si bien no se especifica, en el proyecto de ley, cuáles serán las obras puntuales que finalmente se realizaran en los inmuebles expropiados, sí se detalla que el Estado provincial tendrá diez años para la construcción de Unidades y Alcaidías penitenciarias y departamentales, dispuesta en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria.

El proyecto, casi desconocido por “la gente en general” tiene, no obstante, cierta resistencia en algunos casos, tal como es la situación en el distrito de Quilmes donde vecinos se están organizando para impedir que se lleva adelante “el proyecto penitenciario” en los inmuebles que se expropiarían, si finalmente el Senado provincial sanciona la iniciativa.

El gobierno argumenta que la necesidad surge de que entre los años 2016 y 2019 se produjo un “incremento extraordinario” en el número de personas privadas de la libertad.

Según la estadística brindada, en 2016 los encarcelados eran 35.000 personas, con una tasa de prisionalización de 240 por 100 mil habitantes; llegando a 308 a fines de 2019 totalizando una población carcelaria de 49 mil personas.

Al parecer, fue esta situación la que elevó sensiblemente los niveles de hacinamiento y agudizó el deterioro del sistema, tal como se consigna en los fundamentos de la iniciativa.

Así, se concluye que en tales condiciones “el Estado provincial se encuentra imposibilitado de cumplir con los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional”.

En la actualidad, el SPB afronta “la sobrepoblación más alta de su historia”, cuyo registro se ubica por encima del 100 % de su capacidad, de acuerdo al alojamiento disponible en las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaldías departamentales.

Hacer nuevas cárceles en el conurbano responde a que casi el 70 % de las personas encarceladas provienen de esta región y la misma sólo tiene capacidad para alojar a menos del 40 %, pues ese es el porcentaje de plazas disponible en la región sobre el total que tiene la provincia.

Para los funcionarios de Ministerio de Justicia la construcción de Unidades penitenciarias próximas a “los vínculos familiares o afectivos resultan fundamentales para evitar la desintegración de los lazos familiares o sociales, y de ninguna manera el encarcelamiento puede cercenar ese derecho”.

Por lo expuesto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que actualmente es conducido por Julio Alak, se ha abocado al diseño y ejecución de una obra de carácter general, que permita dar respuesta a la problemática imperante, mediante la construcción de “nuevas” Unidades y Alcaidías Penitenciarias, como así también Alcaidías Departamentales, principalmente en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).